«Dios los castigará», «Dios es el camino, él es el Rey», fueron algunas frases que expresaron niños, niñas y adolescentes a policías mexicanos durante un cateo realizado a instalaciones de dos casas hogar vinculadas a un grupo que se identifica como cristiano.
Según denuncias, los albergues, al que autoridades de la capital de México llegaron a enviar a menores para su cuidado, podrían estar relacionados a trata de personas y tráfico de órganos.
Las condiciones en que operaban los centros de protección llamados "Casitas del Sur", ubicados al sur de la ciudad, de donde a fines de enero fueron rescatados 118 menores, son parte de "un patrón de graves irregularidades y negligencia de autoridades", dijo a IPS Margarita Griesbach, directora de la no gubernamental Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Griesbach, quien estuvo presente en el allanamiento a uno de los albergues, relató que en el lugar encontraron a unas 70 menores, entre bebés y jóvenes de 18 a 19 años, varias de las cuales dijeron a la policía que Dios los castigaría por haber invadido su hogar.
Según la directora de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, es muy probable que Casitas del Sur formen parte de alguna red criminal que rapta y hace desaparecer a niños para traficar con órganos humanos y mantener redes de prostitución. Griesbach reconoció no tener hasta la fecha pruebas ciertas de tal acusación.
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La policía capitalina, que mantiene en custodia a las y los menores de Casitas del Sur, cateó los hogares luego de recibir varias denuncias que afirmaban que allí se negaban a entregar a papás a varios niñas y niños. En particular, se buscaba a Ilse Michel, remitida a ese hogar por la fiscalía capitalina, pero luego desaparecida.
Michel, quien había sido separada de sus padres por violencia doméstica, fue encargada en ese hogar mientras se realizaba un juicio de custodia. El proceso fue ganado por la abuela de la niña, pero cuando ésta fue a buscarla los administradores de Casitas del Sur se negaron a entregarla.
Entre los 118 menores que ya fueron rescatados de los albergues, la policía no encontró a Michel.
Según las primeras investigaciones, los hogares eran regentados por miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada, grupo de características fanático-religiosas fundado a inicios de la década del 90.
Esta secta de origen mexicano, que asegura ser la única en el mundo que mantiene contacto real con Dios, tiene seguidores en América Central y Estados Unidos.
En 2005, la Iglesia Cristiana Restaurada estuvo involucrada en una investigación judicial irresuelta sobre la desaparición de cuatro menores en el sudoriental balneario de Cancún, en el Caribe mexicano, donde manejaban otro albergue llamado "La casita".
La presencia de este grupo religioso se hizo palpable los últimos días incluso en Washington, donde se observó este jueves a un pequeño grupo de personas de origen mexicano que protestaban por el cierre de Casitas del Sur en la capital de México.
Las Casitas del Sur operaban a pesar de que la Procuraduría (fiscalía) de esta ciudad había recibido denuncias en su contra desde comienzos de 2008. Pero no sólo eso, varios menores que estaban a cargo de esa fiscalía habían sido enviados a estas casas para ser cuidados.
"Es increíble que la propia autoridad haya confiado a menores a esos albergues, pero eso se explica sólo por la negligencia oficial y la falta de controles con que operan estos lugares", expresó Griesbach.
El caso Casitas del Sur es apenas una de las piezas de un gran y grave problema que hay en el manejo de menores en situaciones de riesgo en la capital, sostuvo la directora la Defensoría de los Derechos de la Infancia
A las casas hogar bajo jurisdicción de la fiscalía capitalina y a las privadas como Casitas del Sur llegan menores que han sido abandonados o que son hijos de personas acusadas de graves delitos. También quienes están en disputa judicial por casos de violencia doméstica.
Otros son internados por orden judicial y se dan casos, en los albergues privados, de que padres envían allí a sus hijos por considerar que son los mejores lugares para que crezcan.
La consejera del la estatal Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Clara Jusidman, declaró que la capacidad gubernamental para vigilar los albergues es deficiente.
"Los gobiernos siempre buscan cómo deshacerse de prestar servicios a los grupos vulnerables, por eso acuden mucho a organizaciones asistenciales, pero no las vigilan", sostuvo Judisman.
"Entonces las víctimas son doblemente victimizadas porque se entregan a organizaciones que no realizan el trabajo con el respeto a los derechos humanos", denunció.
Portavoces de la Procuraduría capitalina indicaron que están investigando el caso de los albergues tras reconocer que no eran vigilados. Aducen que hay vacíos legales sobre quien debe autorizar el funcionamiento de tales lugares.
Mientras, los dueños de Casitas del Sur desaparecieron del mapa y por tanto no han podido ser aprehendidos, tal como pretenden autoridades. Sólo están detenidos los administradores de los albergues. FIN/IPS/dc/dm/pr ip/mx sl la/09)
