La Corte Suprema de Chile, la Mesa Ampliada de la Unión Nacional Evangélica y la Corte de Apelaciones de Santiago lideran el Ranking de la Homofobia y Transfobia 2008, elaborado por el no gubernamental Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Esta clasificación de instituciones está incluida en el VII Informe Anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales, presentado por el Movilh este martes en la capital chilena.
El cuarto lugar lo ocupa el colegio particular subvencionado Los Conquistadores, ubicado en Santiago, ya que se acusa a su directiva de ofender y humillar en forma permanente a alumnas y alumnos identificados como homosexuales, tanto que una alumna de 15 años se suicidó el año pasado luego de ser reprendida por ser lesbiana.
En el campo de las personas, encabezan el listado dos jueces y dos abogados de la Tercera Sala de la Corte Suprema, seguidos de cuatro senadores conservadores de este país, del presidente de la Unión Nacional Evangélica, de un magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, de un alcalde y de dos cardenales y obispos católicos.
Según el estudio de 219 páginas, las denuncias por homofobia y transfobia —aversión obsesiva hacia homosexuales y transexuales— aumentaron 14 por ciento entre 2007 y 2008, pasando de 57 a 65 casos. Los responsables son 28 instituciones y 54 personas, observa el documento.
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Esta cifra indica que las minorías sexuales se están atreviendo a denunciar más que en el pasado y que la sociedad chilena sigue siendo profundamente homofóbica, dijo Rolando Jiménez, presidente del Movilh, organización con 18 años de trayectoria.
De acuerdo al informe, en 2008 aumentó la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el plano estatal y familiar, mientras que en el ámbito laboral mantuvo altos índices.
Entre los casos de homofobia estatal, se destacaron despidos en instituciones públicas, declaraciones de autoridades, discriminación en centros educacionales y de salud y el rechazo sistemático de los recursos de protección presentados a la justicia por las víctimas.
El estudio afirma que cada caso fue investigado exhaustivamente por el Movilh antes de ser incluido en el conteo.
Por otra parte, Jiménez se mostró satisfecho porque desaparecieron las denuncias de atropellos policiales y no se informó de asesinatos, mientras en 2007 hubo cuatro.
Sin embargo, la actitud de Carabineros (policía uniformada) es considerada paradójica por el Movilh, ya que por un lado dio un paso histórico al elaborar una cartilla contra la discriminación, incluida la homofobia y transfobia, pero por otro sigue negándose a reincorporar a funcionarios expulsados por ser homosexuales y a sancionar a los responsables de antiguos atropellos policiales contra gays o transexuales.
"Aunque en el Poder Ejecutivo los hechos son menos virulentos que los provenientes de otras esferas del Estado", como el parlamento y los tribunales, se aprecia en el gobierno "una amplia indiferencia e insensibilidad frente a los atropellos padecidos por las minorías sexuales", señala el informe.
"Estamos profundamente decepcionados del rol que ha jugado la presidenta Michelle Bachelet en este período. Ha habido un franco estancamiento y en algunos casos un claro retroceso en un gobierno del cual esperábamos mucho. Hasta ahora, la presidenta no ha sido capaz de cumplir con ninguno de sus compromisos", aseguró Jiménez.
El activista se refiere principalmente al proyecto de ley antidiscriminatoria, torpedeada por senadores derechistas y por la Mesa Ampliada de la Unión Nacional Evangélica, y al de la ley de unión civil de parejas del mismo sexo.
"A mí el Estado me ha jugado doblemente en contra. Yo presté servicios a mi país, al Estado y a los ciudadanos por 18 años (en la Policía de Investigaciones, PDI), de forma totalmente profesional, leal y comprometida con mi vocación de servicio", dijo a IPS César Contreras, quien fue despedido de la institución en 2006.
Contreras asegura haber sido víctima de un montaje con supuestas fotografías de pornografía infantil, con el fin de expulsarlo de la PDI debido a su homosexualidad.
"Desde el momento en que se me hace esta mala jugada por parte de la institución a la que yo pertenecía, el Estado se ha comportado de forma atroz, cerrándome todas las puertas y todas las instancias", añadió este ex subcomisario de investigaciones.
"A pesar de que en las entrevistas que hemos sostenido con algunos personeros de gobierno, ellos se han mostrado conciliadores, tratando de buscar soluciones, en lo concreto no se ha logrado nada. Al contrario, se cierran una y otra vez las puertas", alegó.
Contreras se apresta a presentar un nuevo recurso ante la Contraloría General de la República para que este organismo revise su situación, en el que expondrá los mismos argumentos que han esgrimido otros colegas heterosexuales involucrados en hechos similares, los cuales han sido reintegrados a la institución.
Entre los 65 episodios contabilizados por el Movilh en 2008 figuran tres ataques físicos, nueve casos de discriminación laboral, cuatro atropellos en el ámbito educacional, nueve campañas públicas de personas y agrupaciones contra las minorías sexuales y 16 casos de discriminación o intento de exclusión institucional.
A ellos se suman cuatro hechos de prohibición de uso de espacios públicos o privados, ocho atropellos provenientes de familiares, amigos o vecinos, nueve declaraciones públicas contra minorías sexuales y tres sucesos de discriminación en la cultura, los medios de comunicación y el espectáculo.
Del total, 27 por ciento afectó a homosexuales, 22 por ciento a lesbianas, 11 por ciento a transexuales y 40 por ciento a las minorías sexuales como conjunto.
Pero no todo es negativo. El Movilh calculó 35 aspectos positivos registrados en 2008 para las minorías sexuales, tanto en lo legislativo y sociocultural como en las comunicaciones.
En el primer ámbito, resaltan una serie de iniciativas legales en trámite, como un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, una norma que permite a los transexuales cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de cirugías de reasignación genital y otra que pretende derogar el artículo 373 del Código Penal, usado para detener a las personas homosexuales o transexuales por expresar su afecto en público.
No obstante, Jiménez observó que ninguna de estas y otras iniciativas positivas ha provenido del parlamento o del Poder Ejecutivo sino que han sido impulsadas por el propio movimiento.
En segundo lugar, el Movilh destacó la primera declaración pública del Colegio de Psicólogos de Chile respecto a que la homosexualidad no es una enfermedad, un plan piloto de atención a la población transgénero en un consultorio público y algunos dictámenes del Consejo de Calificación Cinematográfica y del Consejo Nacional de Televisión contra actos de discriminación hacia las minorías sexuales.
En el plano comunicacional, sobresalieron el primer concurso para elegir a Mister Gay Chile y Miss Visibilidad Lésbica, el primer Festival de Cine Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB), el primer Torneo Internacional de Voleibol LGTB y la primera revista lésbica impresa.
