Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se llevaron a 12 diputados y devolvieron a uno. El ex legislador regional Sigifredo López quedó libre a las 12:36 horas de este jueves (17:36 GMT), cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció oficialmente la noticia.
A las 14:02 horas, el helicóptero de la fuerza aérea de Brasil que lo transportaba, con distintivos del CICR, tocó tierra en el aeropuerto de Cali, capital del occidental departamento del Valle del Cauca, del cual López fue diputado (legislador regional).
En el aeropuerto y en la plaza de San Francisco, en el corazón de Cali, estalló la alegría, mezclada con frustración y dolor porque no regresaron todos, unidos a la exigencia de que cese el secuestro como arma de guerra.
López fue entregado por las FARC a la senadora opositora Piedad Córdoba, cabeza de Colombianos por la Paz, movimiento civil que negocia con la guerrilla mediante un Diálogo Público Epistolar iniciado en septiembre del año pasado con 150 firmas de intelectuales, artistas y periodistas —incluida esta corresponsal de IPS— y que sumó este jueves 180.000 adherentes.
Con López se completaron en esta semana las seis liberaciones de rehenes civiles y prisioneros uniformados a las que se habían comprometido las FARC con Colombianos por la Paz.
[related_articles]
"Fue muy difícil el aterrizaje", "tuvimos que tirarnos (lanzarnos) del helicóptero para encontrar a la guerrilla", en algún lugar del suroccidental departamento del Cauca, dijo Córdoba.
La misión humanitaria esperó en tierra durante hora y media. El cese del fuego de 36 horas en la región, decretado por el gobierno tras acuerdos con el CICR y Colombianos por la Paz, venció dos horas después del despegue.
Los dos jóvenes hijos de López, Sergio y Lucas, se abalanzaron a abrazar al padre en plena pista, y los tres estuvieron a punto de caer. Luego llegó su esposa, Patricia Nieto, Nelly, madre de López, y demás familiares, y todos se fundieron en un saludo largamente anhelado.
"Es un momento de alegría y también de duelo", dijo Iván Cepeda, de Colombianos por la Paz y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, pues lo segundo que hizo López fue compartir en silencio el llanto y los abrazos con las familias de sus 11 compañeros que no sobrevivieron al cautiverio.
Los ex diputados Juan Carlos Narváez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverry, Alberto Quintero, Jairo Hoyos, Carlos Barragán, Nacianceno Orozco, Edinson Pérez, Héctor Fabio Arizmendi y Rufino Varela perecieron el 18 de junio de 2007 en un cruce de fuegos con una fuerza militar desconocida, según un comunicado de las FARC.
De acuerdo con el gobierno, las muertes se debieron a "fuego amigo" entre dos unidades de esa insurgencia o, según otra versión oficial, al enfrentamiento con el segundo grupo guerrillero en importancia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Fueron asesinados por las FARC", adelantó López en su primera intervención pública, ante miles de vallecaucanos que lo recibieron en la plazoleta de San Francisco. Fue "el 18 de junio a las 11:30", precisó.
"El terrible asesinato de mis compañeros es una huella en el alma que los colombianos jamás podrán olvidar", prosiguió.
La guerrilla no permitió que López trajera consigo un cuento que Narváez escribió a su única hija Daniela, hoy de nueve años, relató el sobreviviente liberado a su viuda Fabiola Perdomo.
Tampoco pudo traerse 86 canciones que compuso otro diputado muerto. En la selva se quedaron todos esos recuerdos que las familias de los baleados esperaban con dolorida ilusión, aunque las FARC le prometieron que enviarían esos materiales más tarde, dijo López.
Su libertad estaba condicionada a un acuerdo humanitario de excarcelación de guerrilleros presos, algo que el Derecho Internacional Humanitario prevé sólo entre combatientes. La toma de rehenes está tipificada como una infracción a esas normas.
Ahora, las FARC mantienen sometidos a canje a 22 oficiales y suboficiales del ejército y la policía, incluido un general. No existe una cifra de los guerrilleros encarcelados, pues muchos campesinos son detenidos y acusados de insurgentes porque habitan en zonas de guerra.
Adicionalmente, tanto las FARC como el ELN recurren al secuestro extorsivo para financiar sus actividades.
López llamó a un urgente acuerdo humanitario e instó a los colombianos a continuar con manifestaciones masivas contra el secuestro, que surgieron precisamente tras conocerse la muerte de los ex diputados en 2007, y se repitieron tres veces en 2008.
En una esquina de la plazoleta está la sede de la Asamblea Departamental, de donde las FARC se llevaron a López y a los otros 11 legisladores en abril de 2002, en plena campaña electoral presidencial.
Meses después, Álvaro Uribe llegó al poder.
López fue alcalde del municipio de Pradera, que junto con el de Florida, ambos en el Valle del Cauca, han sido propuestos por las FARC como sede de negociación del acuerdo humanitario, para lo cual exigían su desmilitarización.
Uribe repudia ambas propuestas y considera que la mejor salida para el conflicto armado de decenios es la guerra, para la cual recibe financiación y asesoría de Estados Unidos.
Tras la matanza, supuestos combatientes desmovilizados cuya identidad no fue revelada lanzaron el rumor de que López era cómplice del asesinato, e incluso miembro de las FARC, y por eso sobrevivió.
Durante el cautiverio, los familiares de López recibieron siete pruebas de supervivencia. En una, el 30 de mayo de 2008, el ex diputado rechazó semejante acusación.
Lo siguiente que hizo López al estrenar su libertad fue saludar a los habitantes de Pradera que llegaron hasta la plataforma del aeropuerto de Cali a recibirlo. Luego fue al encuentro de miles de vallecaucanos que lo aguardaban en San Francisco.
En su intervención, dio un amplio respaldo a la gestión de Córdoba, quien en su viaje a Cali el miércoles, para emprender la misión de recibir a López, fue insultada por una mujer en el avión.
López urgió a conseguir la libertad de los combatientes en manos de las FARC mediante un acuerdo humanitario.
Paradójicamente, la misión de las seis liberaciones logradas desde el domingo por Colombianos por la Paz "sin duda alguna es un acuerdo humanitario. No global, pero sí específico", dijo a IPS Álvaro Villarraga, portavoz de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil.
"En él se está aplicando de hecho el Artículo 3 común" a los cuatro Convenios de Ginebra, y el único aplicable a los conflictos armados no internacionales como el de Colombia, que también mató, en distintas épocas, al abuelo y al padre de López. A su vez, él tuvo que aprender en cautiverio a distinguir entre un revólver y una pistola.
Aunque el gobierno no reconoce que hay guerra, el CICR considera que el Artículo 3 está vigente en este país andino. Establece, entre otros mínimos humanitarios, que "cada una de las Partes contendientes" está obligada a distinguir entre combatientes y no combatientes.
A estos últimos, así como a combatientes en estado de indefensión, no se los puede someter a atentados a la vida, mutilaciones ni torturas, toma de rehenes ni ejecuciones efectuadas sin juicio previo, una práctica del ejército colombiano.
Para Villarraga, estas liberaciones se lograron porque hubo "que partir de unas disposiciones" que incluyeron la participación de Brasil, el CICR, delegados civiles, un cese del fuego temporal en un territorio definido, todo "con su respectivo protocolo", señaló el experto.
"Todo eso se ha tenido que convenir entre las partes, así sea por intermedio de los facilitadores", agregó en referencia a Colombianos por la Paz.
"Incluso el gobierno tuvo que cambiar unas posturas que públicamente había sentado, como plantear que Piedad (Córdoba) estaba tendiendo trampas y celadas", agregó sobre la oposición de Uribe al Diálogo Público Epistolar.
Villarraga remarcó que en las liberaciones que culminaron este jueves, hubo incluso un acuerdo territorial que "incluyó a la aviación".
Precisamente la violación de ese acuerdo por vuelos militares estuvo a punto de mandar al traste la primera fase de la operación, el domingo, que devolvió a sus familias a tres policías y un soldado.
Tras denuncias del periodista Jorge Enrique Botero, firmante del Diálogo Público Epistolar y uno de los acompañantes de Córdoba en esa misión, la situación no se repitió.
"Eso demuestra lo delicado que es el manejo territorial. Así sea de manera temporal —en este caso 36 horas— se debe asumir de manera muy seria. Por eso se utilizan corredores humanitarios con cese de hostilidades, por eso las FARC han estado exigiendo un despeje" para negociar las condiciones del canje de combatientes, señaló Villarraga.
Anotó que "el Artículo 3 no dice que los acuerdos son por escrito, o con interlocución directa entre las partes", el texto "es incluyente con los intermediarios, es un problema de forma".
"Las liberaciones logradas por Venezuela (también con gestión de Córdoba, en enero y febrero de 2008) fueron asimismo acuerdos humanitarios. Hubo un acuerdo que las produjo, claro está, precedidas de un anuncio de liberación por parte de las FARC" y de carácter unilateral como en esta ocasión, dijo Villarraga.
