Ser abogado de activistas políticos de Birmania conlleva el riesgo de caer preso en las mismas cárceles infames donde la dictadura militar recluye a sus clientes.
Ése es el precio a pagar por lo que en otros países es habitual entre los abogados: defender a una persona en un juicio penal.
Pero todo está patas para arriba en este país del sudeste asiático, sometido a una serie de regímenes militares muy represivos en los últimos 47 años.
El riesgo para los abogados es mayor si se dedican a defender a activistas prodemocráticos que se atreven a manifestar sus opiniones. Y más aún si sus clientes pertenecen a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el principal partido opositor.
Saw Kyaw Kyaw Min ha tenido suerte. Este abogado de voz suave se escabulló en diciembre de las persecución en Rangún, la antigua capital, y se dirigió a la ciudad tailandesa de Mae Sot, donde dio cuenta de los nuevos peligros que afronta su profesión.
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"Es difícil para los activistas prodemócratas lograr un juicio justo en Birmania", dijo. "No tengo derecho a hablar en privado con presos políticos para preparar un juicio."
"A veces, mis solicitudes de reunión con un defendido eran denegadas", agregó este abogado de 29 años, que suele representar a miembros de la LND. Y en caso de ser autorizado, "siempre había hombres de la inteligencia militar controlando la conversación", agregó.
Un juez atacó en octubre pasado a Saw Kyaw Kyaw Min y a su socio, Nyi Nyi Htwe, por defender a tres presos políticos, que "protestaron dándole la espalda al magistrado porque no confiaban en el proceso", dijo el abogado.
Nyi Nyi Htwe fue arrestado en una cafetería ese mismo mes. Fue condenado a seis meses de cárcel. Saw Kyaw Kyaw Min también, pero en ausencia, pues logró antes llegar a territorio tailandés.
Otros tres abogados defensores de activistas prodemocráticos fueron detenidos desde entonces. A comienzos de mes, las autoridades ordenaron el arresto de seis más.
Además, la junta militar encontró un mecanismo alternativo para impedir el acceso de los acusados en un juicio político a una defensa justa: prohibirles a los abogados el acceso a las audiencias.
A mediados de febrero, un juicio a dos parlamentarios democráticamente elegidos en 1990 transcurrió con los abogados impedidos de presenciar el proceso. Los acusados fueron condenados a 15 años de prisión.
"No hay estado de derecho en mi país", dijo Bo Kyi, director de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos Birmanos que funciona en Mae Sot, principal bastión de la disidencia de ese país en Tailandia. "No hay separación de poderes ni independencia de los jueces."
"Cada vez se le dificulta más a los abogados la defensa de activistas políticos. Los que persisten son muy valientes. No ganan mucho dinero por eso y saben que sufrirán", agregó Bo Kyi, él mismo ex preso político.
Y nunca fueron tan necesarios como ahora, tras las manifestaciones encabezadas por miles de monjes budistas en septiembre de 2007. En noviembre pasado, los tribunales condenaron a 215 activistas por su participación en las movilizaciones.
A un estudiante de 21 años le dieron 104 años de prisión. A un monje, 68 años. A una dirigente opositora, 65 años.
Un dirigente de la comunidad étnica shan recibió una condena a 106 años de cárcel en 2003, cuando pareció comenzar la actual ola de sentencias más que extensas. "Desde entonces, el régimen usa la justicia como arma de represión", dijo Aung Htoo, secretario general del Consejo de Abogados de Birmania.
"Éste es el peor periodo de la justicia. Las sentencias son atroces. Antes, la situación era mala, pero no tanto", agregó.
El ex fiscal U Myo, hoy radicado en Tailandia, aseguró que "el Ministerio del Interior instruye a los jueces y fiscales sobre el fallo que desean, y ellos deben seguir las órdenes".
Saw Kyaw Kyaw Min ha sido un privilegiado testigo de ese fenómeno desde su graduación en 2005, en la Universidad Dagon. Los magistrados, afirmó, "siguen las instrucciones de la junta".
"Las intervenciones de los abogados defensores suelen ser consideradas inadmisibles por el juez", recordó
