Con pasmosa calma, el asesino bajó de la motocicleta, desenfundó el arma y disparó con gran naturalidad al cráneo del periodista Orel Sambrano, quien se dirigía a una tienda de videos en la concurrida avenida López, en Valencia, urbe industrial ubicada 100 kilómetro al oeste de la capital venezolana.
Sambrano, de 63 años y también abogado, dirigía el semanario ABC, era columnista del diario Notitarde y vicepresidente de la estación radiodifusora América, medios todos de Valencia, y denunciaba casos y redes de narcotráfico y corrupción.
Su asesinato se produjo el viernes, el mismo día en que nacía en Caracas un Comité para la Protección de Periodistas, integrado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, el Círculo de Reporteros Gráficos y el observatorio de periodismo Espacio Público.
El 13 de este mes, individuos a bordo de un automóvil dispararon contra el reportero Rafael Finol a las puertas del diario El Regional, donde labora, en Acarigua, ciudad de los llanos ubicada a unos 350 kilómetros al sudoeste de Caracas. Este periodista, de 62 años, salvó su vida sólo porque giró ligeramente la cabeza un instante antes de recibir el balazo en la cara.
"Afortunadamente salí con vida y debo aclarar que ningún funcionario del gobierno ha tratado de amedrentarme. Este es el comienzo de una escalada de violencia y todos los periodistas del país debemos estar atentos", dijo Finol, simpatizante del gobierno de Hugo Chávez.
El primer día de 2009, Jacinto López, periodista y fotógrafo de 22 años, fue sometido junto con su colega Ricardo Marapacuto por hombres que les llevaron a bordo de un automóvil por vías cercanas a la ciudad de Barquisimeto, 300 kilómetros al oeste de Caracas.
Al poco rato, les dispararon dando muerte a López e hiriendo a Marapacuto, quien se salvó al fingirse muerto y luego pudo testificar que los homicidas comentaban que alguien les pagó 1.000 dólares por ejecutarlos.
El hombre que mató a Sambrano no hurtó el auto del periodista, aparcado a pocos metros, ni lo robó pese a que llevaba una buena cantidad de dinero en sus bolsillos. Sólo disparó, montó en la motocicleta que conducía su cómplice y escaparon por entre el abigarrado tráfico de Valencia, según relatos de media docena de testigos.
Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, dijo a IPS que "una fuerte hipótesis es que fue muerto por sicarios que actúan para redes del tráfico de drogas, aunque hacemos buena la palabra de la policía de investigar todos los ángulos".
"En estos casos y demás agresiones contra periodistas se requiere una fuerte acción del Estado, desde el gobierno, las policías, la Fiscalía y los tribunales, para evitar que se implante la impunidad que conducirá a más delitos y a la autocensura", dijo Correa.
La autocensura ha hecho su aparición. Periodistas del sudoeste fronterizo con Colombia, y también del litoral caribeño del nordeste han admitido a IPS que se abstienen de tocar temas como el asunto de los sicarios, la penetración de grupos delictivos extranjeros, el narcotráfico o la corrupción, por temor a ser víctimas de represalias violentas.
Correa recordó como precedente de impunidad el caso de Mauro Marcano, un periodista asesinado el 1 de septiembre de 2004 en Maturín, ciudad del oriente petrolero, después de ventilar en su programa radial y columnas de prensa denuncias de colusión entre bandas de narcotraficantes y policías.
El entonces vicepresidente de Venezuela y también periodista, José Vicente Rangel, consideró el asesinato de Marcano "un crimen emblemático", pues por primera vez carteles del narcotráfico asesinaban a un comunicador social en Venezuela.
Ceferino García, señalado por Marcano como jefe de un narcotraficante Cartel del Sol, fue procesado como organizador del crimen del periodista, al pagar unos 40.000 dólares a sicarios. Inhibiciones de jueces juristas y escabinos (no abogados) llevaron a su absolución, en agosto de 2008.
Para Rangel, ya fuera del gobierno de Chávez, ese dictamen fue "la segunda muerte de Marcano".
Ante las recientes muertes "el gremio periodístico está de luto", dijo a IPS el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría. "Los asesinatos se agregan a decenas de atentados y agresiones contra la libertad de expresión en los últimos meses. Quieren patear a nuestro gremio, pero no lo vamos a permitir y no vamos a callar", agregó.
"Lamentablemente, el discurso violento transmitido por radio y televisión produce una especie de efecto cascada", opinó Echeverría, en alusión a las arengas que durante la última década constantemente llaman a enfrentamientos entre adversarios políticos.
Este enero "es un mes fatídico para la libertad de expresión en Venezuela", comentó a IPS Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y director para América Latina de la Federación Internacional de Periodistas.
"Dos periodistas han sido asesinados, otro ha sobrevivido a un intento de asesinato y se han cometido serias violaciones a la libertad de prensa, incluyendo la decisión de la Asamblea Nacional (parlamento) de denegar el acceso al hemiciclo", dijo Salazar, en alusión a restricciones impuestas para el acceso de reporteros de medios privados al recinto. La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) se declaró consternada por la muerte de Sambrano y el atentado a Finol. "Ambos dramas, ocurridos en menos de una semana, inspiran serios temores acerca de la seguridad de los periodistas", señaló en una declaración.
"El asesinato de Sambrano podría tener un móvil profesional. El periodista denunció hace poco unos casos de narcotráfico, en uno de los cuales está implicada la poderosa familia Makled, de empresarios de la región", indicó RSF.
"Los hermanos Abdala, Alex y Basel Makled, detenidos el 14 de noviembre de 2008 en posesión de cerca de 400 kilogramos de cocaína, tienen abierto un proceso en curso en la Fiscalía nacional", recordó la organización con sede en Francia.
También la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) expresó su "profunda preocupación por la seguridad física de los periodistas en Venezuela", recordó las denuncias de Sambrano sobre la familia Makled y exigió "una investigación inmediata que, garantizada la independencia, permita identificar a los responsables y condenarlos conforme a ley".
La Fepalc, en una nota firmada por su presidente, el brasileño Celso Schroder, y la peruana Zuliana Lainez, secretaria de derechos humanos, pidió que las organizaciones afiliadas se expresen ante las embajadas de Caracas en la región para "exigir al Estado venezolano asumir el compromiso de garantizar la libertad de expresión".
La policía judicial de Venezuela destacó a su director, Wilmer Flores, y a 30 detectives de la central en Caracas para que investiguen en Valencia el asesinato de Sambrano.
"Estamos haciendo las comparaciones y recabando evidencias en este y otros casos, para determinar y agrupar varias líneas de investigación. Estamos en una etapa preliminar y mantenemos todas las hipótesis", sobre el móvil y autoría del crimen, dijo Flores.
