Las políticas en materia infantil en Costa Rica están bien diseñadas y han sido ejemplo para el mundo, pero su aplicación y articulación sufren en los últimos tiempos un persistente deterioro, con el sistema educativo en el centro del problema.
La mayoría de los derechos infantiles son respetados en Costa Rica, pero "la participación en lo que les compete es lo más difícil de implementar", dijo a IPS la vicepresidenta del capítulo local de la organización no gubernamental Derechos de Niños y Niñas Internacional (DNI), Nora Bruna.
Salud, educación, "los derechos básicos sí son respetados" explicó Bruna, aunque una cosa es que se respeten, y otra muy distinta que funcionen a la perfección.
La educación es uno de los grandes logros históricos del país. Sin ejército que consuma sus recursos desde 1949, los costarricenses se han mostrado por lo general orgullosos de su sistema de enseñanza, universal y gratuito.
Prácticamente 100 por ciento de los habitantes cursan o han cumplido con la educación primaria. Sin embargo, la gran falla aparece en la escuela secundaria, donde sólo 43 por ciento d los que ingresan logran titularse. El tercer año de esta etapa educativa es donde se da mayor número de deserciones.
La causa principal para esta actitud de los jóvenes, según los análisis, es que en el país "no hay muchas oportunidades", según explicó a IPS Karin van Wijk, coordinadora general de DNI Costa Rica.
Bruno abunda en esa idea: "El sistema los expulsa porque no responde a sus necesidades ni apela a sus intereses".
En ese marco, hay grupos que lo sufren más que otros. Según Van Wijk, "en educación, como en salud, los inmigrantes son muy vulnerables, por problemas de identificación". "Hay un gran número de adolescentes extranjeros fuera del sistema educativo".
Estas graves fallas preocupan sobremanera a las representantes de DNI, puesto que "la educación es clave para su futuro, y el del país".
Respecto del trabajo infantil, Bruna aseguró que ocurre "especialmente en las zonas rurales, y va ligado a la pobreza extrema, en una estrategia de subsistencia de las familias".
La vicepresidenta de DNI Costa Rica cuestionó la inexistencia "de políticas públicas integrales, ya que sólo se atienden los casos visibles, pero habría que ir más allá y atender a las causas profundas, como la pobreza de las familias".
A su juicio, hay otras cosas que no se ven, como es "la explotación mendigante y sexual, con impunidad en la explotación comercial". "El cliente nunca es castigado, aunque existe una ley", apuntó.
En ese sentido, las condenas son mínimas y si se aplican es con los proxenetas, nunca hacia los "clientes". Lo que no está regulado "explícitamente" es la pornografía virtual, "el gobierno no se lo ha tomado en serio, se avanza muy lentamente y ello es porque los niños no votan", arguyó Bruno.
En contra de la percepción popular, "70 por ciento de quienes solicitan niños o niñas para servicios sexuales son costarricenses". La mayoría de los restante son estadounidenses, canadienses, alemanes y taiwaneses.
La infancia y adolescencia inmigrante es la más expuesta a todo tipo de mafias, especialmente aquellos que han llegado al país sin sus padres.
La falta de recursos para la aplicación de las leyes, en muchos casos consideradas modelo para otros lugares del planeta, impiden su aplicación real. Para Van Wijk, "hay un exceso de leyes y falta de implementación".
Una de las grandes preocupaciones mostrada desde DNI Costa Rica es la seguridad ciudadana, hoy en boca de todos el país por el incremento de la violencia en los últimos años, "muy vinculado a la adolescencia", agregó Van Wijk. "Los medios de comunicación han tenido un rol activo, promoviendo la idea de que parte de esa inseguridad es a causa de nuestra adolescencia".
Y es que, según Bruna, "hay amarillismo en el periodismo". "Los medios de comunicación son privados y promueven una cultura del miedo y eso se utiliza a nivel político para endurecer las leyes de forma desproporcionada, sin tomar en cuenta cuáles son las causas", criticó.
La inversión social y en la atención a la infancia ha sufrido un descenso en los últimos años en Costa Rica y es porque "no aparece como una prioridad" en la agenda gubernamental, a juicio de Van Wijk.
El hecho de que el dinero estatal enfocado hacia estas políticas haya bajado, no es lo peor, según Bruna. "Incluso si no hubiera bajado está muy mal dirigido, y las ayudas llegan a quienes no las necesitan tanto", puntualizó.
