La decisión de la justicia española de investigar a 14 militares salvadoreños por su presunta responsabilidad en la masacre de seis sacerdotes católicos y dos asistentes, registrada en 1989 en ese país, es una «señal de esperanza contra la impunidad», señalan abogados y activistas.
En su decisión, a la que accedió IPS, el titular del juzgado central número seis de Madrid, Eloy Velasco, admite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco.
"Dispongo. Admitir la querella ( ) contra Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Bustillo, Juan Cepeda, Inocente Montano, Francisco Fuentes, Carlos Hernández, José Espinoza, Gonzalo Guevara, Óscar Amaya, Antonio Avalos, Ángel Pérez, Tomás Zárpate, José Sierra, y cuantos otros resulten vinculados a los hechos objeto de investigación", señala el magistrado.
Almudena Bernabeu, abogada española del CJA, se mostró complacida con la resolución de Velasco. "Estoy muy satisfecha de que el juez haya coincidido en que se puede enjuiciar a los militares" por crímenes contra la humanidad y terrorismo, sostuvo en consulta telefónica desde San Francisco.
Por su parte, David Morales, abogado de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad), declaró a IPS que "es una noticia esperanzadora para la búsqueda del fin de la impunidad en el país".
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Morales ha sido querellante en varios casos de abusos contra los derechos humanos, como la demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato en 1980 mientras oficiaba misa del arzobispo católico de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.
Ese crimen fue perpetrado por un escuadrón de la muerte dirigido por el ya fallecido Roberto d'Aubuisson (1944-1992), fundador de la hoy gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), según lo estableció la Comisión de la Verdad, creada por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los acuerdos de paz de 1992 que puso fin a 12 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares contra la guerrilla izquierdista.
Para Morales, el proceso penal que se tramitará en España confirmará la responsabilidad de estos uniformados en el crimen, como ya ha sido "demostrado" ante varias instancias y demostrará que la justicia local se ha negado a juzgarlos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ha aceptado dos demandas sobre el mismo caso presentadas por la orden católica Compañía de Jesús, aún pendientes de resolución.
La APDHE y el CJA presentaron el 13 de noviembre una querella ante los tribunales españoles, en la que, además de acusar a los 14 militares, se pedía imputar al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) del delito de encubrimiento.
Morales dijo en aquel momento que el caso era "ilustrativo de lo que ha pasado en El Salvador y tiene una dimensión histórica invaluable en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas".
Si bien el juez Velasco no aceptó la acusación contra Cristiani, por considerar que ese ilícito no es pasible de enjuiciar fuera del país en que se cometió, durante el proceso se podría encontrar méritos para investigarlo, señalan los especialistas.
La masacre se perpetró en el marco de una incursión del batallón de contrainsurgencia Atlacatl en la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la Compañía de Jesús, en medio de una ofensiva del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora convertido en partido político legal.
Los asesinados en la operación llevada a cabo por una treintena de oficiales y soldados fueron los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López, el también prelado salvadoreño Joaquín López y López, la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Inmediatamente después del crimen, el gobierno de Cristiani y la jefatura de las Fuerzas Armadas acusaron al FMLN de cometer la masacre, pero luego reconocieron la autoría de los militares.
En 1991, los oficiales del ejército Yushi René Mendoza y Guillermo Benavides (entre nueve acusados) fueron condenados, pero fueron puestos en libertad en 1993 como consecuencia de la amnistía decretada por Cristiani, considerada como "un obstáculo para la justicia" por organizaciones defensoras de los derechos humanos salvadoreños e internacionales.
La guerra civil salvadoreña dejó 75.000 personas muertas y 7.000 desaparecidas, la mayoría civiles, en crímenes mayoritariamente cometidos por militares y paramilitares.
Después de conocida la querella, en noviembre, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, defendió a Cristiani, también de Arena, de quien dijo sentirse orgulloso, y señaló que la demanda abriría "heridas del pasado".
Armando Pérez, director de la red de organizaciones de derechos humanos, en diálogo con IPS consideró que la aceptación de la demanda es una muestra de la efectividad de la justicia española.
"Es satisfactoria y representa un gran avance en la lucha por la justicia", en contraste con el déficit de la justicia salvadoreña, atrapada por visiones partidarias, subrayó Pérez.
Organizaciones no gubernamentales y juristas aseguran que la ley de amnistía, así como la falta de voluntad de la fiscalía y de algunos jueces impiden castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad perpetrado en esa época.
La CJA eligió a la justicia española porque esa nación tiene acuerdos vigentes de extradición con El Salvador y porque sus magistrados admiten el "principio de justicia universal", ya utilizado en el caso del arresto en 1998 en Londres por orden de Baltasar Garzón del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), ya fallecido.
