«Operación Desconfianza», es como podría bautizarse el pulso en torno a la liberación de seis cautivos decidida de modo unilateral por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero encallada un mes después de su anuncio.
Pasan los días y crece la angustia de las familias, pero también la lista de desconfianzas y dudas.
Desconfianza del gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe hacia los civiles que mantienen contactos con las FARC, y que lograron la promesa de las liberaciones. Pero también de éstos hacia las autoridades que dan largas al asunto.
Dudas sobre la capacidad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de hacer respetar la operación por parte de los organismos de seguridad e, incluso, sobre la neutralidad de ese organismo humanitario. Esos son los obstáculos más serios.
A partir de que Uribe involucró la semana pasada al Vaticano para que sirva como garante de las liberaciones, surgieron fuertes temores de que esté intentado ganar tiempo mientras prepara algún tipo de intervención militar o de inteligencia en la liberación.
Al tiempo que encomendó los asuntos logísticos al CICR, el mandatario impuso inicialmente que ningún gobierno o personalidad extranjera pueden participar en la operación.
Luego Uribe se desdijo y "autorizó" al Estado Vaticano a servir como garante, aunque sin consultarlo con anterioridad, lo cual habría causado malestar en la cúpula mundial de la Iglesia Católica.
Personas cercanas a estos esfuerzos de liberación aseguraron que el gobierno colombiano no ha iniciado las gestiones oficiales que requeriría la participación del Vaticano. Además, "si hay algo que no hace la Santa Sede es correr", comentó al respecto al diario El Espectador una fuente que este medio bogotano no identifica en nota publicada el domingo.
A ello se suma que las FARC vetaron públicamente desde 2008 toda gestión con la Iglesia Católica, veto que refrendaron la semana pasada, según conoció IPS.
El 21 de diciembre, las FARC anunció su disposición de liberar unilateralmente a seis cautivos y entregarlos a un grupo civil que adelanta un diálogo público epistolar con esta guerrilla izquierdista.
El grupo es conocido como Colombianos por la Paz y se conformó por iniciativa de la senadora liberal Piedad Córdoba, férrea opositora de Uribe a la vez que defensora de un acuerdo de canje de prisioneros de ambas partes, que se supone debe abrir la puerta para que el gobierno y las FARC prosigan con una negociación de paz.
Por su parte, las familias de los secuestrados consideran que el gobierno incrementó los bombardeos en las zonas donde supone que éstos podrían ser liberados, aunque Colombianos por la Paz el lunes aún no tenía conocimiento de dónde sería la entrega.
Ya en anteriores negociaciones, Córdoba y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lograron que las FARC liberaran a seis rehenes civiles, en enero y febrero de 2008.
Ambos actuaron como facilitadores nombrados por Uribe entre agosto y noviembre de 2007, pero el mandatario colombiano puso fin abruptamente a la mediación, generando una crisis diplomática con Caracas.
Los cautivos, cuya liberación está ahora paralizada, son los civiles Alan Jara y Sigifredo López, tomados rehenes respectivamente en 2001 y en 2002 por las FARC, así como tres agentes de policía y un soldado cuyas identidades no fueron suministradas por la insurgencia.
Jara y López han estado sometidos a canje por guerrilleros presos, como lo estuvo la dirigente política Ingrid Betancourt, liberada en julio pasado mediante la operación "Jaque" de inteligencia militar junto a 11 suboficiales de policía y del ejército y tres estadounidenses "contratistas" en la guerra civil colombiana.
En "Jaque", el gobierno utilizó el distintivo del CICR, protegido por el Derecho Internacional Humanitario hasta el punto de que su abuso está tipificado como crimen de guerra. Además, usó la cobertura de una misión humanitaria y periodística.
En declaraciones posteriores a "Jaque", altos oficiales reconocieron que estudiaron al detalle el modus operandi y la logística usada en las dos liberaciones anteriores, que fueron organizadas por el gobernante venezolano, militar de profesión.
Seguidamente a la celebración mundial por la liberación incruenta de Betancourt y sus compañeros, el asunto del emblema generó fuertes críticas en algunos sectores.
Pero en Colombia no se percibió que el CICR hubiera defendido con energía la inviolabilidad de su emblema, lo cual quizá contribuye a las actuales dudas sobre ese organismo.
Ahora, la guerrilla considera "insuficiente" que el CICR acuda en solitario a la entrega de los cautivos, junto con la senadora Córdoba y algunos delegados de Colombianos por la Paz, y propuso que una personalidad internacional tome parte en la operación, como garante.
Por su parte, los integrantes de Colombianos por la Paz también consideran que la única forma de preservar la seguridad de la operación es la presencia de dicho garante.
Las gestiones de Colombianos por la Paz han estado acompañadas desde el 6 de diciembre de advertencias de parte del presidente Uribe, quien considera que el diálogo público epistolar que adelanta el grupo se trataría en realidad de "una nueva celada" de la guerrilla, contra la cual está centrada su política de seguridad.
El asunto es que en el grupo de Colombianos por la Paz, conformado por unas 150 personas, la mayoría intelectuales, no hay nadie capacitado para evaluar la seguridad de los aspectos logísticos que organice el CICR para la operación de liberación.
Aunque por ahora hay acuerdo entre Colombianos por la Paz y el gobierno para que el CICR contrate en Brasil los helicópteros y aviones necesarios, no existe confianza sobre cómo se garantizaría que dichas naves no resulten dotadas de dispositivos que afecten la seguridad de los liberados, los facilitadores o la propia guerrilla.
Esto preocupa porque las naves tendrían que pernoctar en hangares colombianos antes de iniciar su vuelo hacia el lugar de las liberaciones, y no es claro quién se responsabilizaría de una especie de cadena de custodia que brinde garantías a la operación.
Por ahora, todos los nombres propuestos como garantes por Colombianos por la Paz, incluyendo nombres de religiosos, han sido rechazados por el gobierno, o bien no han sido comentadas por éste.
En un intento por agilizar las cosas, la senadora Córdoba propuso el domingo la participación del congresista estadounidense Jim McGovern, del Partido Demócrata, en el gobierno desde este martes.
McGovern es el vicepresidente del poderoso Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, que establece los términos para el debate y las enmiendas de la mayor parte de la legislación, y miembro del Comité de Presupuesto del mismo cuerpo. Es además copresidente del Caucus de Derechos Humanos Tom Lantos y del Caucus del Congreso contra el Hambre.
Este parlamentario, según el capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, se ha destacado en "situaciones de crisis desde Darfur (sudoccidental región sudanesa) y Timor Oriental hasta en Colombia y El Salvador".
Córdoba cree que McGovern no sería rechazado por el gobierno colombiano, interesado en que el Congreso de Estados Unidos apruebe el tratado de libre comercio (TLC) con este país andino, congelado en 2008 por los legisladores del Partido Demócrata argumentando las violaciones a los derechos humanos que comete la fuerza pública.
McGovern participó el año pasado en reuniones con familias de secuestrados tanto como de guerrilleros presos, un gesto inusual que haría que las FARC tampoco cuestionen su aún hipotética presencia como garante.
*Constanza Vieira es firmante del Diálogo Público Epistolar
