Luego de haber dejado atrás hace 25 años una de las dictaduras más sangrientas de la historia latinoamericana, Argentina ya acumula 2.557 muertes por abusos en comisarías y cárceles, ejecuciones extrajudiciales o por el llamado gatillo fácil, según la organización de defensa de las víctimas.
La no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) señaló que las características principales de las víctimas de la policía son ser "morocho (moreno), joven y habitante de barrios conflictivos (pobres y con alto índice de violencia)".
Más de la mitad de las víctimas tenían menos de 25 años, y dos tercios, menos de 35, detalló la entidad en su informe anual divulgado a fines de 2008 en la céntrica e histórica plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la sede del gobierno en la capital argentina.
En el cómputo del estudio se destaca que 1.341 casos corresponden a fusilamientos, "ejecuciones extrajudiciales sumarísimas", con la participación incluso de "escuadrones de la muerte", especialmente en "el conurbano bonaerense y zonas de la ciudad de Buenos Aires".
En segunda instancia, 822 muertes se produjeron desde 1983 en cárceles, comisarías y "bajo custodia". La Correpi marca que los peores antecedentes en la materia corresponden a las provincias de Mendoza (centroeste), Santiago del Estero (norte), Santa Fe (este) y Buenos Aires (oeste), y que son revestidas como "suicidios por ahorcamiento e incendios".
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Mendoza recibió en 2004 un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su situación carcelaria. Además, en todos los casos de motines e incendios en los que mueren decenas de presos, los familiares denuncian violencia del servicio penitenciario, arbitrariedades y el "dejar hacer" por parte de los guardias.
La estadística de la organización humanitaria continúa con la categoría "Intrafuerza o intrafamiliar", que incluye "210 episodios en los que víctimas y victimarios resultan camaradas de la misma fuerza".
Con el título de "Otras circunstancias" se circunscriben "105 muertes de transeúntes o terceros provocadas por el desprecio de la vida humana de las funcionarios policiales". En quinto lugar, 52 homicidios se perpetraron en protestas sociales, y cierra el estudio con el concepto "Causa fraguada o consecuencia de otros delitos", con 23 casos, más ocho fallecimientos sin especificar.
Gustavo Filograsso, representante de Correpi, advirtió a IPS que la cifra de 2.557 muertes debido a la represión policial e institucional es apenas "una parte del total, (pues) los casos en realidad son muchísimos más".
"No hablamos de represión ilegal sino de represión estatal que avanza en el plano legal, que se legitima con las reformas legislativas que se sancionan una atrás de la otra. De hecho en la justicia muchos casos se ganan y muchos se pierden", agregó.
Estos familiares y activistas actúan ya sea al recibir denuncias o de oficio, y realiza un seguimiento de las publicaciones de prensa. "Corroboramos los 'enfrentamientos' que aparecen en los medios entre la policía y los delincuentes, y "vemos que) 90 por ciento de los casos resultan ser fraguados", aseguró Filograsso.
La entidad, conformada principalmente por abogados y que milita en contra de la represión ilegal y asume la defensa de las víctimas, nació en 1991, a raíz de la muerte violenta del joven Walter Bulacio en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires luego de asistir a un recital del grupo de rock Redonditos de Ricota.
Filograsso indica que los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y el actual liderado por su esposa, Cristina Fernández, muestran los números más altos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, pese a que son reconocidos por su política de memoria histórica sobre derechos humanos y por haber impulsado los juicios contra los represores de la última dictadura (1976-1983).
"Son los gobiernos que más reprimieron", afirmó el representante de la Correpi. Kirchner y Fernández lideran la rama centroizquierdista prevaleciente hoy en el Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Perón a comienzos de la década del 40 y que reúne al más variado espectro ideológico, desde la izquierda hasta grupos de ultraderecha.
Acerca de las notorias diferencias entre la
percepción en este sentido de organizaciones defensora de los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayor y Abuelas de Plaza de Mayo, con la posición de Correpi, Filograsso explicó que, "sin cuestionar su trayectoria, hoy en día, en los hechos, no nos encontramos como compañeros".
En tanto, el abogado Raúl Abraham, asesor de la Fundación Axel Blumberg, una entidad lanzada en 2004 por el padre de un joven asesinado tras un secuestro y que promueve políticas denominadas de "tolerancia cero" o "mano dura" , disintió con las conclusiones de la Correpi y apuntó que "la policía no tiene los elementos necesarios para combatir la delincuencia".
"El delincuente muere porque es un delincuente y punto. Muchas veces la policía sufre problemas para actuar", enfatizó.
Abraham agregó ante IPS que "la inoperancia de funcionarios judiciales lleva a que muchos delincuentes no estén en el lugar en el que tienen que estar". La Fundación propone juicios orales ante jurados, el endurecimiento de las penas, juicios "exprés" y critica las medidas denominadas "garantistas".
Un análisis similar describió ante IPS el ex juez Jorge Casanovas, ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ex diputado por una fracción derechista del justicialismo (peronismo).
"A la policía se la ha desarmado en todos los sentidos. No sólo en capacitación y armamento, sino en sus facultades y la moral de la institución", dijo.
Tras la gestión de Casanovas, otro gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires emprendió una drástica reforma en sus fuerzas policiales que fue criticada por la derecha.
Luego, el actual gobernador Daniel Scioli, del mismo partido y ubicado en la centroderecha, frenó el proceso de reformas y promueve medidas como bajar la edad de imputabilidad penal desde los 18 años hasta 16 o 14 años.
Para Casanovas, el factor "más importante del aumento de la inseguridad es la droga, es el factor criminógeno por excelencia".
En cambio, Vilma Ripol, dirigente trotskista y ex candidata presidencial por la alianza Nueva Izquierda, al ser consultada por IPS, consideró que "no ha habido un desmantelamiento del aparato represivo y la policía sigue empleando los mismos métodos que en la dictadura".
"En los barrios del gran Buenos Aires (zona metropolitana de la capital argentina), la policía es dueña y señora de los prostíbulos y de la droga, y toma como enemigo a los jóvenes", puntualizó.
Ripol propuso que la población intervenga en el control de las comisarías, con intervención de las organizaciones de derechos humanos, y que jueces y comisarios sean electos por voto popular con posibilidad de revocatoria.
En las últimas dos décadas, la inseguridad fue ganando espacio entre las preocupaciones de la opinión pública argentina, de la mano de un empeoramiento de los indicadores sociales como el país no había conocido en los últimos 60 años.
Ante esta preocupación, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), también peronista pero de la derecha populista, propuso en 2003, en su fallido intento de reelección, "sacar los tanques a la calle", en alusión a utilizar al ejército para reprimir el delito común.
En esa línea, el vicepresidente de Menem en su segundo mandato, Carlos Ruckauf (1995-1999), arengó a la policía de la provincia de Buenos Aires a "meterle bala a los ladrones", durante una campaña electoral de 1999.
La ola de "mano dura" permitió que incluso ex represores de la dictadura ganaran espacio electoral, como el ex general Antonio Domingo Bussi en la provincia de Tucumán (noroeste) y Luis Abelardo Patti en el partido de Escobar, en el norte de la provincia de Buenos Aires,
Bussi fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y cumple prisión domiciliaria, en razón de su avanzada edad, y Patti, quien defendió públicamente la tortura, está alojado en el penal de Marcos Paz, procesado por iguales delitos.
El estudio titulado "Mapa de la Violencia: Los jóvenes de América Latina 2008", realizado por la brasileña Red de Información Tecnológica Latinoamericana y presentado oficialmente en noviembre por el gobierno de ese país, conducido por el izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva, indicó que Argentina se encuentra en una posición favorable en el contexto de América.
Este informe, elaborado con datos del sistema de la Organización Mundial de la Salud de 2003 a 2006, indica que en Argentina se produjeron un promedio de asesinatos al año de 5,8 cada 100.000 habitantes, apenas por encima de los 4,5 de Uruguay, 5,4 de Chile y 5,6 de República Dominicana (con salvedades metodológicas referidas a este último país).
Este grupo de países se encuentra lejos de los abultados indicadores que muestran El Salvador, que es de 48,8 por cada 100.000 habitantes, Colombia con 43,8, Venezuela con 30,1, Brasil con 25,2 y México con 9,3. También son superados por Estados Unidos, que llega a seis muertes por cada 100.000 habitantes.
