En medio del punto muerto en que se han sumido de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Zimbabwe, expertos proponen como solución al bloqueo ampliar la agenda del diálogo.
Es improbable que ambas partes lleguen a un acuerdo para compartir el poder, señaló el Grupo Internacional de Crisis (IGC) en su informe "Ending Zimbabwes Nightmare: A Possible Way Forward" (Poner fin a la pesadilla de Zimbabwe: Una posible salida").
El estudio del ICG, organización privada dedicada a prevenir y resolver conflictos, y se refiere a la continua incertidumbre política y la creciente crisis humanitaria que vive esta nación del sur de África.
Loe expertos del ICG propusieron abandonar el Acuerdo Político Global firmado por los bandos en pugna el 11 de septiembre, sin que desde entonces se haya restablecido el orden político.
"Ninguna nueva fórmula para compartir el poder parece tener probabilidades de producir un resultado viable", según el informe, que describe a las negociaciones como "en total punto muerto".
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Pero el reporte plantea que poner fin a la incertidumbre sin que medie una negociación no es realista.
"Hay una posible salida negociada que podría evitar el completo colapso de Zimbabwe. Pero necesitará un cambio radical en los objetivos de negociación de los líderes del país y de los estados regionales", señala el texto.
"Garantizar un fin a la pesadilla de Zimbabwe requerirá un enfoque fundamentalmente nuevo", agrega.
La urgencia por resolver el impasse político se compone por lo que el informe llama "una crisis humanitaria, ahora en toda la extensión del término".
La crisis económica causó una escasez de alimentos, la generalización de las condiciones de vida insalubres y un colapso del sistema de salud del país. Más de 1.000 personas fallecieron de cólera y se reportan decenas de miles de casos.
"Cada hospital importante en Harare ha cerrado. Allí no hay salas de emergencia ni nada", dijo el martes, el mismo día en que se presentó el informe, el embajador de Estados Unidos en Zimbabwe, James McGee, a la Radio Nacional Pública del país norteamericano.
A comienzos de mes, un grupo de empleados del sistema de salud se manifestaron vistiendo sus uniformes contra las pésimas condiciones de trabajo. Fueron brutalmente reprimidos por la policía.
La Unión Nacional Africana de Zimbabwe—Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido del presidente Robert Mugabe, y el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), del líder opositor Morgan Tsvangirai, libran hace años una lucha por el poder —a menudo violenta— por el poder.
El enfrentamiento recrudeció en marzo, cuando el MDC fue el partido más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y conformó en las parlamentarias el mayor bloque legislativo.
Tsvangirai no se presentó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, realizadas en junio, pues la violencia política, a menudo perpetrada o facilitada desde el Estado, les restaba garantías. Ganó Mugabe, en medio de cuestionamientos de la comunidad internacional.
En julio, un memorando de entendimiento entre los bandos en pugna sentó las bases para el Acuerdo Político, que exigió un gobierno de unidad por el cual Mugabe conservaría la presidencia, Tsvangirai asumiría como primer ministro y luego se repartirían los cargos ministeriales.
"El acuerdo establece que el presidente y el primer ministro deben ponerse de acuerdo en el reparto de los ministerios, pero no cómo resolver los desacuerdos entre ellos", señala el informe del ICG.
"La falta de disposiciones detalladas sobre la asignación de ministerios inmediatamente se volvió un problema, mientras el ZANU-PF insistía (y continúa haciéndolo) en mantener los puestos clave de seguridad y economía", agrega.
De hecho, muchos de los contratiempos se debieron a la falta de disposición de Mugabe a abandonar estos poderes.
A Mugabe, que gobierna desde la independencia en 1980, se le atribuye la caída de la economía zimbabwense de fines de los años 90, tras un periodo de estabilidad.
Además, se lo acusa de usar los aparatos de seguridad del Estado para propiciar actos de violencia política que desacreditaron a las elecciones de junio y que no han cesado desde entonces. Ceder el control de las agencias de seguridad debilitaría el poder del presidente.
"El Ministerio del Interior es vital, pues controla a la policía y al proceso electoral. Mugabe se niega a concedérselo a Tsvangirai y e insiste en controlar también los puestos de defensa y de seguridad. Él pretende esas garantías para que el ZANU-PF retenga el poder", señala el informe.
"La negativa del ZANU-PF a conceder una genuina cuota de poder lentamente drenó la credibilidad del Acuerdo Político", agrega.
Al volverse inútil el Acuerdo Político por los obstáculos que interpuso Mugabe, el ICG sugiere un nuevo sistema que mantendría alejados por un tiempo del gobierno tanto a él como a Tsvangirai.
"La idea central es establecer un gobierno de transición, administrado por expertos sin afiliación partidaria, en el que ni Mugabe ni Tsvangirai tengan ningún puesto", propone el informe.
"Se ordenará implementar reformas políticas y económicas fundamentales para estabilizar la economía y preparar nuevas elecciones presidenciales en 18 meses", agrega.
En el plan propuesto, Mugabe renunciaría y los puestos de presidente, primer ministro y otros del gabinete permanecerían vacantes un año y medio.
El principal administrador del gobierno de transición procederá del sector privado, la sociedad civil o un organismo internacional, y no será apto ni para el máximo puesto del gobierno luego que la administración le traspase la autoridad al gobierno electo.
El informe también recomienda que el ex presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki (1999-2008) sea retirado como negociador, por su aparente falta de neutralidad.
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y la Unión Africana (UA) serán responsables de elegir a otra persona en su lugar.
El informe exige roles más concretos, incluyendo nombramientos por parte de la ONU, la SADC y la UA para "asistir al gobierno de transición y controlar la cooperación".
El informe también dice que la autoridad de transición podrá pedirles a otros países de la SADC que desplieguen tropas en Zimbabwe para "promover la estabilidad".
