Próximo al cierre del programa de entrega de armas de fuego y municiones lanzado hace 17 meses en Argentina para reducir las muertes violentas, el resultado ya superó ampliamente las expectativas más optimistas pese a contar con escasa difusión, según sus promotores.
El Ministerio del Interior informó que en 349 días de medición del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de fuego y Municiones se recibieron 102.314 armas y aproximadamente 721.000 municiones para su destrucción. Las piezas fueron cedidas por los particulares a cambio de un incentivo en dinero.
El plan, que se puso en marcha en julio de 2007, establece un plazo de 180 días hábiles, prorrogables, para que los poseedores, con permiso legal o no, de revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, fusiles, pistolones y municiones puedan canjearlas en dependencias ministeriales por sumas que van de 100 a 450 pesos (entre 34 y 150 dólares).
Las entregas pueden hacerse en forma anónima en diversos puntos fijos y móviles de todo el país. Para los que tuvieran en su poder armas no declaradas o con permisos vencidos, la campaña prevé una amnistía que caduca el 11 de este mes, cuando finaliza el plan nacional de entrega de armas. A partir de ese momento, quien tenga una no declarada puede ir preso.
"El plan funcionó muy bien pese a la poca difusión que tuvo. Esperamos que haya una nueva prórroga", explicó a IPS Carola Cóncaro, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que a su vez forma parte de la Red Argentina para el Desarme, que impulsó esta campaña.
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La iniciativa de crear la Red surgió en 2004, luego de que un adolescente de la localidad de Carmen de Patagones, en la oriental provincia de Buenos Aires, irrumpió en su escuela con una pistola y disparó contra sus compañeros. En el violento episodio murieron tres estudiantes y otros cinco quedaron heridos.
"Creíamos que el programa sería exitoso si lográbamos recuperar 35.000 o 45.000 armas y superamos las 100.000, o sea que fue absolutamente exitoso, y lo hubiera sido más si hubiese tenido publicidad, si hubiésemos contado con más recursos humanos y más bocas en todo el país donde entregarlas", ponderó Cóncaro en el balance.
Por su parte, Adrián Marcenac, de la Asociación Civil Alfredo Marcenac, también se manifestó "muy satisfecho" con la respuesta. En diálogo con IPS, este padre de una víctima de arma de fuego, consideró "doblemente válido" el resultado del programa que se hizo casi sin apoyo de los medios de comunicación.
Marcenac remarcó que la ley que creó el canje preveía también la realización de una campaña para sensibilizar a la población y crear conciencia sobre el riesgo de tener armas para usos civiles. "No logramos avanzar mucho en ese punto y hace mucha falta, pero espero que podamos hacerlo con una prórroga", confió.
Alfredo Marcenac, hijo de Adrián, falleció en 2006 a los 19 años a manos de un francotirador cuando se encontraba caminando por una calle de Buenos Aires. El atacante, que a pesar de estar psíquicamente desequilibrado tenía permiso oficial para tener armas, disparó deliberadamente 11 veces contra distintos peatones.
Según las autoridades, en Argentina hay 1,2 millones de armas en manos de civiles con permiso de tenencia. Pero se estima que circula un número igual o aún superior sin declarar.
Una encuesta de la consultora Mora y Araujo indicó que 2,2 millones de civiles declararon estar armados, sobre un total de población de 38 millones de personas.
Los promotores de la campaña aseguran que el objetivo no es combatir el delito sino disminuir la violencia. Una investigación de la Secretaría de Política Criminal señalo que en este país mueren unas 10 personas por día víctimas de armas de fuego y sólo tres de esos casos ocurren en ocasión de robo.
"El aumento de la demanda de armas por parte de civiles surge como consecuencia del temor de la población a ser víctimas de delitos, pero no es esa la alternativa correcta porque está probado que, si hay más armas en circulación, hay más violencia, más daño y más muerte", dijo Cóncaro de Inecip.
La misma secretaría indica que las armas de fuego constituyen la segunda causa de muerte entre la población y que 28 por ciento de esos fallecimientos fueron a causa de disparos hechos en la vivienda familiar.
En casos de violencia conyugal, el riesgo de muerte aumenta 12 veces si en la casa hay armas de fuego.
Las entidades de la sociedad civil que trabajan en temas de desarme propusieron al Ministerio del Interior esta campaña en 2006, siguiendo el modelo aplicado en otras ciudades del país y en particular en Brasil, donde el canje permitió en 2004 recuperar 440.000 armas que estaban en manos de civiles.
Para estos activistas, el nivel de respuesta logrado con el programa argentino merece una nueva oportunidad. En este sentido, el Ministerio del Interior presentó a fines de noviembre un nuevo proyecto de ley prácticamente igual al que vence este mes, a fin de prorrogar la vigencia de la amnistía y del canje con nuevos recursos.
