Más de medio millón de peruanos que perdieron sus documentos personales durante la guerra civil entre 1980 y 2000 ya no tendrán la obligación de, por sus propios medios, acreditar al Estado su identidad.
El Congreso aprobó una ley que ordena al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a reinscribir a este grupo de ciudadanos.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, 251 registros civiles de siete regiones del Perú fueron completamente arrasados en el conflicto armado: desaparecieron partidas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, así como fichas de identificación, especialmente en las sureñas regiones de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica.
Fue justamente en Ayacucho que el profesor de filosofía Abimael Guzmán gestó la lucha armada de inspiración maoísta, a través de su movimiento Sendero Luminoso, que se inició el 17 de mayo de 1980, desatando una guerra civil que costaría unos 69.000 muertos hasta 2000.
En noviembre de 2006, IPS informó desde la localidad de San José de Secce, capital del distrito de Santillana, Ayacucho, que centenares de pobladores no tenían acceso al programa de reparación estatal para las víctimas de la violencia porque las autoridades les exigían documentos que habían perdido durante la guerra.
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IPS comprobó que a los pobladores se les exigía documentación que se había perdido con la destrucción de los registros civiles, pero cuyas copias posee el aparato estatal.
Devastados por las consecuencias del conflicto y por la pobreza extrema, los ciudadanos no están en capacidad económica de solventar los gastos que la burocracia gubernamental exige para restituirles documentos que precisan a fin de ejercer incluso el más elemental de los derechos: la identidad.
La ley aprobada por el Congreso el 10 de este mes, a la que sólo le falta la rúbrica del presidente Alan García para su inmediata ejecución, ordena al Reniec restituir la documentación de los registros civiles.
La ausencia de los documentos negaba a los afectados incluso el acceso a los programas de ayuda social o de lucha contra la pobreza.
"La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a tener una identidad y la obligación del Estado a otorgársela. Antes de esta norma, los pobladores estaban obligados a acreditar que existían, pero no podían hacerlo porque sus documentos se quemaron o se perdieron durante el conflicto armado", explicó a IPS la abogada Rocío Vargas, de la organización internacional de desarrollo Oxfam.
Ese grupo fundó la Alianza por el Derecho Ciudadano (ADC), colectivo en el que confluyen desde 2004 organizaciones no gubernamentales, del Estado y de la cooperación extranjera.
Decir que hay más de 500.000 indocumentados por razones de la violencia política es sólo dar una cifra aproximada.
Durante el conflicto, la organización maoísta destruía toda infraestructura que representara al Estado, incluidos los registros civiles. Pero también miles de pobladores abandonaban sus comunidades para escapar de la guerra y refugiarse en otras regiones, dejando sus documentos de identidad en sus localidades de origen. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó en 600.000 el número de desplazados por el conflicto.
Pero no sólo los senderistas destruyeron los registros civiles.
La Defensoría del Pueblo señaló en su informe que en el distrito de Manta, en la provincia del mismo nombre de la región Huancavelica, efectivos del ejército instalaron una base en la municipalidad, destruyendo la oficina destinada a los registros, con lo que se perdió documentación desde 1959 hasta 1983, año en que se produjo la intervención militar.
La legislación vigente obliga al ciudadano presentar la partida de nacimiento para obtener el Documento Nacional de Identidad. O partida de defunción de sus familiares para recibir ayuda de los programas sociales para las víctimas de la violencia política.
"La Reniec deberá reconstruir la documentación de los registros civiles perdidos durante el conflicto con información que poseen en sus archivos y también recurrir a otras entidades del Estado que pueden contar con copias de partidas de nacimiento. Por ejemplo, las escuelas donde se exige dicho documento para matricular a los estudiantes", explicó Rocío Vargas.
"Pero también la ley establece que el ciudadano, en caso de que no se encuentre documentación alguna, presente una declaración jurada suscrita con dos testigos que acrediten su identidad. El Estado debe confiar en él, pero éste también debe saber que, si miente, la ley lo sanciona", añadió.
Terminado el periodo de violencia política, en el transcurso de ocho años, solamente 11 por ciento de las oficinas de registros civiles dañadas o desaparecidas recibieron autorización para reinscribir a los ciudadanos, lo que reveló una extrema lentitud para la restitución de las víctimas de la guerra.
La ley aprobada por el Congreso señala que el Reniec debe actuar de oficio sin esperar la solicitud de los afectados.
"Sin esa norma, hoy el ciudadano es responsable de impulsar todo el procedimiento de reinscripción cuando debería ser el Estado, porque tiene bajo su custodia el acervo documentario indispensable para restituir la identidad de las personas", explicó a IPS la coordinadora del Programa de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, Susana Huamán Granados.
La norma del Legislativo agilizará el lento proceso de reinscripción, que incluso en algunas localidades ni siquiera ha comenzado.
En la región Ayacucho, los distritos de Apongo y Sacsamarca no han emprendido la tarea de la reinscripción. En el distrito de Pichirhua, en la región, Apurimac, se hicieron polvo 60 años de inscripciones, y tampoco ha comenzado la reconstrucción de sus libros.
"En la supervisión efectuada en las regiones más afectadas por la violencia política, como Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín, Apurimac Cuzco y Puno, se determinó que la principal dificultad de los ciudadanos era no encontrar una copia de la partida de nacimiento para acudir al registro civil y proceder al trámite de reinscripción. Es una lógica perversa, porque la copia la debe otorgar el registro civil", indicó Susana Huamán.
"La indocumentación en un país con crecimiento económico como Perú refleja la inequidad expresada hacia un amplio sector de peruanos que no existen para el Estado", apuntó Rocío Vargas, de Oxfam. "No habrá reducción de la pobreza ni desarrollo posible si no se devuelve la identidad a este medio millón de peruanos que sufre la exclusión", añadió.
El estudio de la Defensoría del Pueblo concluyó que en el Archivo General de la Nación se encontraban hasta 32 por ciento de los libros de los registros civiles perdidos o siniestrados durante el conflicto armado.
Esto "demuestra que el Estado está en condiciones de restituir la identidad de centenares de peruanos", indicó Vargas. El presidente García tiene entre la última semana de diciembre y la primera de enero para promulgar la ley.
