La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya puso la primera piedra del futuro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, uno de sus proyectos más preciados, que, no obstante, genera críticas y desconfianzas.
"El Museo va a dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar, entre 1973 y 1990, en el marco de los dos informes de la verdad", explicó a IPS María Luisa Sepúlveda, quien dirige la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, formada por Bachelet en 2006.
Sepúlveda se refiere a los textos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de 2004, que identifican a los más de 3.000 opositores asesinados o detenidos-desaparecidos por la dictadura del hoy fallecido general Augusto Pinochet (1915-2006) y los más de 35.000 torturados en ese periodo.
El objetivo del Museo "es dignificar a las víctimas, educar para el 'nunca más', poder expresar lo que pasó y mostrar cuáles fueron las expresiones de solidaridad y de defensa de los derechos humanos" en ese lapso histórico, especificó.
En 2007, el gobierno llamó a una licitación internacional para la construcción del edificio de 5.600 metros cuadrados, que estará ubicado en la zona poniente de la comuna de Santiago, cerca de otros museos y centros culturales.
El concurso fue adjudicado al equipo del arquitecto brasileño Mario Figueroa Rosales, integrado por profesionales de la Universidad de Sao Paulo.
Además del Museo, el proyecto considera una Plaza de la Memoria y estacionamientos subterráneos. En total, serán edificados 10.200 metros cuadrados, con un costo aproximado de 11.270 millones de pesos (unos 17,6 millones de dólares).
La inauguración está prevista para noviembre de 2009, cuatro meses antes de que Bachelet termine su periodo presidencial de cuatro años.
El "diseño museográfico" también se definirá por licitación. "Vamos a tener informes jurídicos, testimonios, fotografías, documentos audiovisuales, archivos de prensa", además de objetos, detalló Sepúlveda.
La exposición permanente será acompañada de muestras transitorias y además habrá espacios para conferencias y debates.
Por otra parte, la Comisión encargó un estudio para determinar cuál es el modelo de gestión más apropiado para el Museo. La decisión final se comunicará a más tardar en junio del próximo año, informó Sepúlveda.
El gobierno ha sido asesorada por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, una red mundial de lugares históricos "dedicados a conmemorar eventos pasados de lucha por la justicia" y que se ocupan de su legado en la actualidad.
Hasta ahora, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, inaugurado en 1996 en uno de los más emblemáticos centros de detención, tortura y exterminio de la dictadura, es el único sitio chileno de los 17 acreditados por la Coalición.
Para materializar la colección del Museo, el gobierno también se asoció a la Corporación Casa de la Memoria, integrada por tres organizaciones chilenas de defensa de los derechos humanos.
Se trata de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) y el Programa de Apoyo a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), más la productora Nueva Imagen, ex Teleanálisis.
En 2003, los documentos históricos de estas cuatro instituciones, sumados a los de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), la Corporación Justicia y Democracia y la Fundación Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, fueron integrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a su registro patrimonial "La Memoria del Mundo".
La presidenta de la Afdd, Lorena Pizarro, señaló a IPS que esa entidad no ha participado en el diseño del Museo de la Memoria y que "evaluarán en el camino" su apoyo a la iniciativa "de acuerdo a las directrices que ésta vaya tomando".
Hasta ahora han tenido dos reuniones con los integrantes de la Comisión, en las que plantearon "los contenidos que debiera tener el museo". "En relación a eso, vamos a resolver nuestra participación o no", remarcó la dirigente.
"Estamos en contra de esas memorias que, al final se transforman en antimemorias, que apuntan hacia las responsabilidades compartidas, donde todo pasa por un tema de perdón y reconciliación", advirtió.
"Sentimos que lo que hay que contar es la verdad de lo que ocurrió bajo la dictadura, cómo se gestó el golpe (de Estado), reivindicar a las víctimas y entregar un mensaje hacia el futuro con mucho contenido de lo que fue la lucha y la resistencia", resumió.
Además, según Pizarro, el museo debe ser "un paso más" dentro de una política de educación en derechos humanos del Estado, que a su juicio hoy no existe.
"Los informes de la verdad no son textos repartidos a nivel nacional a las organizaciones sociales ni a los establecimientos educacionales. Es más, en ellos se esconde el nombre de los responsables de los crímenes", criticó.
La principal desconfianza radica en el hecho de que, a su juicio, desde 1990, cuando Chile recuperó la democracia, se ha tratado de "avanzar en la medida de lo posible, trastocando la verdad de lo que aquí ocurrió".
"Nuestra organización no está dispuesta a participar en una iniciativa que contenga una historia que no sea la real", advirtió.
Aunque Sepúlveda define la relación con las agrupaciones de víctimas como "positiva" y de "mucha colaboración", reconoce que "con unas estamos en procesos más adelantados que con otras". Las organizaciones de regiones, por ejemplo, "temen que el Museo no sea capaz de representar lo que a ellos les pasó", comenta.
En materia de educación en derechos humanos, la presidenta de la Comisión adelantó que le pidieron al Ministerio de Educación que analice la forma en que se puede utilizar el Museo como instancia pedagógica.
En la otra vereda, también hay críticas sobre la "historia" que contará el museo.
Ángel Soto, académico de la Universidad privada de Los Andes, ligada a la prelatura católica del Opus Dei, valoró la iniciativa, pero cuestionó el punto de partida de la memoria.
Si comienza el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado a sangre y fuego el gobierno democrático del socialista Salvador Allende, iniciado en 1970, "podríamos encontrarnos con un museo de la memoria muy parcial", porque no abundaría en las causas del golpe de Estado, comentó a IPS el historiador.
"¿Quién da las garantías de que esto no va a ser una historia oficial instrumentalizada?", se preguntó. Los órganos de represión de la dictadura, como las hoy disueltas Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones, "no salieron de la nada", arguyó.
En este sentido, Soto propone que el comité editorial del Museo "esté ampliamente representado con gente de todos los sectores".
"Las causas (del golpe militar de 1973) pueden haber sido las más variadas y graves, pero nunca podemos justificar las violaciones a los derechos humanos. Esa es la base de nuestro museo. Esa es la arbitrariedad que tiene", respondió Sepúlveda.
"La arbitrariedad está puesta (en el mensaje) de que no es posible pensar que alguna vez es justificable torturar a otro ser humano, hacer desaparecer a otro ser humano, sólo porque está en contra del proyecto político que se quiere instalar. A eso apuntamos", dijo.
Es imposible dejar a todos satisfechos, reconoce. "Por un lado, siempre hay una tensión entre el mundo de las víctimas y las respuestas que da el Estado", observó.
"Por otro lado, hay un sector de la sociedad que le da temor este tema porque siente (que los atropellos a los derechos humanos) tienen alguna justificación", apunta.
No obstante, recalcó que "este va a ser un museo en desarrollo, que puede ampliarse, ya que va a estar abierto a la reflexión y a la discusión".
En la ceremonia de colocación de la primera piedra del Museo, el 10 de este mes, la propia mandataria se hizo cargo del tema: "habrá distintas interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático, habrá distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario, pero sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias".
