Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria condenaron con rigor el asesinato del empresario Ignacio Uría Mendizábal, de 70 años, perpetrado este miércoles por ETA en Azpeitia, en el País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
La empresa Altuna y Uría, de la que era director y propietario el empresario vasco asesinado, estaba amenazada por ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) desde el año pasado por negarse a pagar lo que ese grupo terrorista califica de "impuesto revolucionario".
Uría Mendizábal, al que amigos y familiares llamaban Gorria, fue muerto a balazos cuando se dirigía, sin escoltas ni vigilancia, al restaurante Kiruri, al que acudía diariamente a jugar a las cartas antes de almorzar.
La dueña del restaurante, quien alertó de inmediato a la familia del empresario, dijo a IPS, telefónicamente y tras solicitar no ser identificada, que la víctima era una persona de costumbres muy sencillas y acostumbraba concurrir a su local cuando no estaba ocupado en su empresa.
Añadió que los amigos que estaban dentro del restaurante salieron corriendo cuando uno de ellos entró gritando: "¡¡Salid rápido, que algo le ha pasado a Gorria, se ha caído o algo le hicieron, porque está tirado en el suelo!!".
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Entonces salieron todos, incluyendo al personal del restaurante e intentaron reanimarlo mientras llegaba una ambulancia, pero cuando ésta llegó ya estaba muerto.
Escasos 30 minutos después de su muerte, la Comisión Ejecutiva Federal del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) emitió un comunicado condenando "con total rotundidad la vil y cobarde acción criminal".
En términos similares se pronunciaron la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), y las demás agrupaciones con representación en el Parlamento español.
Fuentes policiales informaron de que un par de viandantes dijeron haber visto a dos personas salir huyendo en un automóvil, cuya matrícula no alcanzaron a precisar, después de haber disparado contra Uría Mendizábal, quien recibió un balazo en la cabeza y otro en el tórax. Altuna y Uría es una de las firma vinculadas a la construcción de las infraestructuras del tren de alta velocidad que unirá Madrid con las ciudades vascas de Bilbao y San Sebastián, las dos más pobladas de esa Comunidad.
ETA se opone a esa construcción desde que se anunció, porque vincularía más al País Vasco con el resto de España, "enterrando en cemento a Euskadi (País Vasco)", y ya cometió varios atentados contra las obras iniciadas.
Uría Mendizábal, además de participar en esa obra, se negó a ceder a la extorsión de ETA y a pagarle lo que el grupo armado identifica como "impuesto revolucionario", un pago que muchos empresarios vascos realizan a cambio de mantener a sus familias libres de amenazas o actos violentos.
Esa compañía sufrió ataques, el último de ellos en marzo de 2007, cuando una docena de sus camiones recibieron golpes de todo tipo y les colocaron carteles en favor de ETA aplicados por un grupo de personas que lograron huir.
Históricamente Azpeitia fue gobernada por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), pero en las últimas elecciones, celebradas en mayo de este año, obtuvo sólo ocho concejales, en tanto que la también moderada coalición izquierdista Acción Nacionalista Vasca (ANV) sumó nueve, lo que le otorgó la mayoría para designar alcalde a Iñaki Errazkin.
ETA sufrió varios duros golpes en los últimos años y en el corriente fue capturada su dirección en una vivienda de Francia en el marco de una operación en la que no solamente le decomisaron armas y dinero sino que también abundante documentación sobre su estructura y planes.
Al consultar IPS a fuentes policiales sobre si el atentado de este miércoles no estaría indicando que ETA está recuperando fuerza, recibió una contundente respuesta negativa. "Para asesinar a una persona indefensa en un pequeño pueblo no se requiere ninguna estructura militar, basta con que un par de delincuentes le dispare por la espalda y huyan. Eso es lo que ha ocurrido", dijeron.
Los partidos políticos vascos, con excepción del minoritario y afín a ETA, se pronunciaron con duras condenas al atentado.
Iñigo Urkullo, presidente del PNV, la fuerza que gobierna esa comunidad autónoma, afirmó que no se debe permanecer impasibles y que "los seres humanos queremos vivir, los pueblos queremos vivir", "Euskadi quiere vivir".
En cambio, "ETA no es más que destrucción y muerte, pero, sin embargo, el pueblo vasco va a vivir", dijo con énfasis.
Otra fuerza nacionalista moderada, Eusko Alkartasuna, además de la condena, indicó que la estrategia de muerte y dolor de la banda "choca contra la voluntad de la sociedad vasca que exige vivir en paz".
Por su parte el coordinador general de Ezker Batua (coalición próxima al Partido Comunista), expresó "su más enérgica condena" y destacó que "ETA sobra y estorba que nos deje en paz".
Lokarri, una organización de la sociedad civil favorable al diálogo manifestó su "rechazo absoluto al asesinato" del empresario, el que, adicionó es un "desprecio al deseo mayoritario de la sociedad vasca, que exige el final de la violencia".
Gesto por la Paz, la organización vasca más antigua que trabaja por la paz en esa región también condenó el ataque y pidió a la ciudadanía que "se rebele contra esta barbarie" y "exprese su más rotundo rechazo" en las concentraciones silenciosas que este colectivo convocó para el jueves.
En términos similares se pronunciaron los sindicatos y las organizaciones empresariales, que también se suman a las concentraciones.