En las últimas semanas crecieron en Ecuador críticas al gobierno de Rafael Correa, acusado de mantener un discurso de izquierda y acciones de derecha.
"Desde el principio, el gobierno nos ha acostumbrado a una política en que las reformas vienen acompañadas de una medida neoliberal, o a la inversa. Una de cal y otra de arena, una de izquierda y otra de derecha", dijo a IPS el analista y catedrático Alejandro Moreano.
"¿Cómo entender tales contradicciones? ¿Las medidas de izquierda son solo coartadas y cortinas de humo para las medidas de derecha? ¿O viceversa?", se preguntó el analista.
En los ocho meses de sesiones de la Asamblea Constituyente, que finalizaron en julio, quedaron de manifiesto importantes divergencias entre diferentes sectores del propio partido de gobierno Acuerdo País.
Mientras los representantes del ala izquierdista apoyaban la necesidad de establecer como obligatorio el consentimiento previo de las comunidades para la explotación de recursos naturales, el sector que podría calificarse de derecha respaldó la propuesta del presidente a favor de una consulta previa no vinculante.
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Pero una de las primeras contradicciones más fuertes se expuso a raíz de la renovación de las concesiones de telefonía celular a las empresas Telefónica de España y América Móvil, del acaudalado mexicano Carlos Slim.
En el año previo a la renovación de las concesiones, la Superintendencia de Telecomunicaciones realizó múltiples denuncias sobre el servicio que prestaban las dos compañías, e incluso las multó.
Correa sugirió en varias oportunidades que cuando vencieran los contratos, esos servicios volverían a manos del Estado. Pero, tras una negociación directa de las empresas con sus asesores más cercanos, terminó renovando las concesiones por 15 años.
Al divulgarse en noviembre el informe final sobre la auditoría de la deuda externa pública ecuatoriana, que denunció procedimientos ilegítimos para contraer ciertas porciones de endeudamiento, el mandatario dio a entender que no pagaría los empréstitos correspondientes, lo que despertó apoyo de ciertos sectores dentro y fuera del país, pero luego Correa aclaró que solo "buscará" no pagar, porque primero hay que ver las instancias legales correspondientes.
En ese documento se exponen presuntas irregularidades cometidas por el ex presidente Gustavo Noboa (2000-2003). Pero, a pedido de Correa, la Asamblea Constituyente le concedió una amnistía en un proceso relacionado, lo que creó diferencias con quien presidía entonces el órgano deliberante, Alberto Acosta, y con otros asambleístas.
Ahora que Correa pide a la fiscalía investigar a los acusados de contraer deuda ilegítima, los defensores de Noboa recurren a esa amnistía aduciendo que no se puede juzgar a una misma persona dos veces por la misma causa.
Dos días antes de la difusión de la auditoría sobre la deuda, una movilización de más de 15.000 indígenas presentó un anteproyecto de ley de aguas y rechazó una propuesta gubernamental que abriría la puerta a la privatización del manejo de ese recurso, prohibida sin embargo por la nueva Constitución.
De modo simultáneo, en distintas partes del país afectadas por la extracción minera se han realizado protestas contra el proyecto de ley para el sector, presentado por el gobierno.
Para Moreano "la auditoría de la deuda externa y el compromiso de no pagar varios trechos de la misma, considerados ilegítimos e ilegales, es un gran paso para afirmar el destino soberano del Ecuador".
"¿Cómo entender que junto a una medida tan radical y justa, si es que finalmente se cumple, el gobierno proponga una ley de minería contraria a esos intereses?", interroga Moreano.
Según el analista, el modelo extractivista que propone esa iniciativa contradice los principios de economía solidaria establecidos en la Constitución.
"Las razones ambientalistas son ya conocidas: destrucción de amplias zonas, apropiación del agua a costa de la vida y de la agricultura campesina", aseguró Moreano.
Además, "transformar la minería en eje de la economía constituye un golpe mortal a la integración suramericana y a un desarrollo autónomo", opinó.
En varias oportunidades, Correa ha criticado a quienes se oponen a la explotación minera a gran escala.
"¿Dónde está el mayor peligro para la revolución ciudadana? En esa izquierda infantil, en ese indigenismo infantil, en ese ecologismo infantil, y ya están volviendo a activarse, haciendo reuniones para promover un levantamiento para oponerse a la minería", ha dicho el presidente.
Mientras arrecian las protestas contra la promoción minera, el gobierno reabrió la posibilidad de que Ecuador ingrese a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por el presidente venezolano Hugo Chávez y de la que ya forman parte Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Correa participó como observador en la cumbre del ALBA a fines de noviembre, donde recibió apoyo por haber promovido la auditoría de la deuda pública, y dejó abierta la opción de que su país ingrese a ese esquema como miembro pleno.
Sin embargo, el presidente ya había rechazado esa posibilidad en el pasado, alegando que se trataba de un ámbito que beneficia sobre todo a países no petroleros, que sostienen acuerdos preferenciales para adquirir crudo o derivados de Venezuela.
Esta vez, Chávez preguntó a Correa cuándo se uniría al ALBA, y el mandatario ecuatoriano evadió una respuesta categórica.
Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Manuel Zelaya, de Honduras, insistieron en el pedido.
"Esperamos que ya no seas únicamente el asesor económico del ALBA", comentó Morales en la cumbre, según el diario El Comercio, de Quito. Y Zelaya propuso que Correa fuera el anfitrión de la próxima reunión.
Para Marco Romero, director del programa de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, es saludable que el gobierno aproveche diferentes foros en busca de respaldos ante un enfrentamiento, que "inevitablemente se va a producir con el mercado de capitales", en caso del "no pago de la deuda externa".
Pero Romero no cree que una adhesión al ALBA traiga ventajas al país, porque podría trabar la relación con esquemas similares.
En el plano internacional, el mandatario descarta alcanzar de manera separada un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea como el que intentan Perú y Colombia, al margen de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, los negociadores de la cancillería afirman que si es necesario llevar a cabo ese proceso fuera del bloque, así se hará.
