Las holandesas Yorleth Metz y Yokati Arion podrían pasar entre seis y quince años en cárceles de Perú. La policía antidrogas las descubrió el domingo en un aeropuerto, cuando pretendían viajar a Ámsterdam con 3,2 kilogramos de cocaína.
Para suerte de Metz, de 26 años, y Arion, de 33, una ley aprobada hace poco por el Congreso peruano permite a los extranjeros cumplir en prisiones de su país de origen la pena por el delito del que se los acusa.
Metz y Arios podrían considerarse afortunadas, a diferencia de otros europeos que desde hace años purgan condena por narcotráfico en las atestadas cárceles peruanas.
Según estimaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a las que tuvo acceso IPS, en el sistema penitenciario de este país están recluidos 1.086 extranjeros, 90 por ciento de los cuales fueron detenidos por narcotráfico.
Eso se explica por el notable incremento de la producción de cocaína en Perú, que es el segundo productor mundial del tóxico detrás de Colombia, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Tal circunstancia ha impulsado, a su vez, el aumento del tráfico de droga mediante la modalidad conocida como "burrier" o "correo humano", como fue el caso de Metz y Arion.
Fuentes de la Dirección Antridrogas del Perú (Dirandro) indicaron a IPS que en 2004 fueron detenidos 235 "burriers"; en 2005, 249; en 2006, 451; y en 2007, 721. Estas detenciones causaron una verdadera explosión demográfica en las cárceles.
Hasta el 15 de diciembre de este año, la policía intervino a 372 "burriers" que intentaron sacar del país, en total, 1,6 toneladas de droga.
La ley aprobada modifica los artículos 542 y 544 del nuevo Código Procesal Penal, permitiendo a los extranjeros en prisión completar sus sentencias en sus respectivas naciones.
Para acogerse a los beneficios de la norma, el presidiario debe consentir la pena que los tribunales le han aplicado. Luego debe abonar la indemnización al Estado que el juez ha fijado al momento de la condena. Debe estar informado, además, sobre las consecuencias del traslado a una cárcel de su país.
De los 1.080 extranjeros recluidos en prisiones peruanas al momento de realizarse el estudio del INPE, 156 son de España, 150 de Colombia y 80 de Holanda (82 con el arresto de Metz y Arios).
Siguen en importancia México (67, una cantidad que se debe, en parte, a la considerable presencia de los carteles de ese país en Perú); Ecuador (56), Sudáfrica (52), Bolivia (50), Brasil (46), Portugal (31) y República Dominicana (28).
De la totalidad de reclusos, la mayoría pertenece a 28 nacionalidades europeas. Les siguen en importancia América, con 20 nacionalidades, África, con 10, y Asia, con nueve.
En caso de que existan convenios de cooperación judicial vigentes entre Perú y las naciones de los presidiarios extranjeros, éstos pueden invocarlos para obtener una reducción o exoneración del pago de la indemnización y de cualquier otra imposición económica.
Los reclusos pueden invocar, incluso, razones humanitarias para no cumplir con los pagos establecidos en las condenas. El INPE será el encargado de verificarlas.
La ley procura descomprimir las cárceles, rebasadas por el enorme ingreso de presos por narcotráfico.
Fuentes del Ministerio del Justicia, indicaron que por cada preso el Estado peruano gasta alrededor de 3,5 dólares por día
Pero la ley resuelve una pequeña parte del problema: apenas favorecería a los 257 extranjeros ya condenados, o sea, 23,6 por ciento del total.
Los otros 829 presidiarios deberán esperar que la lenta justicia peruana los condene o absuelva. En el primer caso, sólo entonces podrán solicitar el cumplimiento de la sentencia en países.
El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), una de las organizaciones estatales que impulsó la ley, precisó que la norma tiene una finalidad humanitaria.
Pizarro presentó en el Congreso el caso de la ecuatoriana Sandra Maribel Enríquez, detenida el 4 de agosto de 2005 al intentar sacar cocaína de Lima. Enríquez fue condenada a 13 años de prisión y a pagar una indemnización de 1.600 dólares sin saber que estaba embarazada.
Desde que su hija nació, viven juntas. Pero las leyes peruanas permiten la permanencia de menores en cárceles donde sus madres están recluidas solo hasta que cumplen tres años. Como no tiene familia en Perú, Enríquez deberá separarse de su niña el 17 de marzo próximo y entregarla a un albergue.
Si las autoridades peruanas admiten la solicitud de Enríquez y la exceptúan del pago de los 1.600 dólares, ya que la ecuatoriana carece de recursos económicos, podrá cumplir su condena en su país y estar mucho más cerca de su hija.
"El propósito de la ley, que no comprende delitos graves como el terrorismo, es favorecer a este tipo de casos en los que existen evidentes razones humanitarias", dijo Pizarro a IPS.
El presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, Juan Carlos Eguren, aclaró que la ley no procura perdonar los delitos cometidos por extranjeros sino que tiene objetivos humanitarios.
"El cumplimiento de la sentencia en el país de donde proviene el infractor tiene una sustantiva connotación humanitaria, porque así tendrán acceso a sus familiares, que es un componente necesario de la readaptación", explicó Eguren a IPS.
"Con esta ley, Perú de ninguna manera renuncia a su ámbito jurisprudencial o a la obligación que tiene de juzgar. De modo que la norma sólo alcanza a los condenados. Los delitos cometidos en el país se juzgan dentro de su territorio. La pena tiene un doble objetivo: la sanción y la reinserción a la sociedad luego de cumplida la sentencia."
Metz y Arion, de 33, una vez condenadas, deberán demostrar a las autoridades peruanas que su caso es humanitario si pretenden cumplir la pena en Holanda.
De lo contrario, lo más probable es que cumplan la condena sentencia en el penal de mujeres de Santa Mónica, en el distrito limeño de Chorrillos. De las 1.300 reclusas de ese centro carcelario, 958 están acusadas o condenadas por narcotráfico.
