Por donde se lo mire, ya sea por su grado de violencia extrema, sus posibilidades de invertir el orden de gran parte de la sociedad o sus efectos potenciales en el sistema de derechos humanos de la ONU, Colombia concentra la atención de la comunidad internacional.
La desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ya se ocupaba en 1984 de las desapariciones, las ejecuciones sumarias, las torturas y las violaciones múltiples de las garantías fundamentales de los ciudadanos colombianos.
Ahora le corresponde al heredero de esa comisión, el Consejo de Derechos Humanos, examinar el estado actual de la vigencia de esas garantías, actividad que se realizará este miércoles en una sesión en la cual se escucharán las versiones del gobierno colombiano de Álvaro Uribe y de la sociedad civil.
El abogado Gustavo Gallón, representante de la Comisión Colombiana de Juristas, describió la existencia de "un nivel elevado de violencia y de violaciones" de los derechos humanos.
Desde que asumió en agosto de 2002 su primer gobierno el derechista Uribe, 14.000 personas han sido asesinadas o desaparecidas por razones sociopolíticas, a un promedio de siete personas por día.
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Unas 1.400 víctimas, es decir 10 por ciento de ellas, fueron mujeres. Los niños muertos sumaron 700, o sea el cinco por ciento, y las desapariciones forzadas ascendieron a 1.500, precisó Gallón.
Si se suman las 12.000 personas muertas en acciones de combate en el mismo período, el saldo sube a 26.000 personas caídas por esas causas.
En los 14.000 asesinatos o desapariciones, la responsabilidad del Estado aparece involucrada en 75 por ciento de los casos, mientras que el resto se le atribuyen a la guerrilla izquierdista.
Del total de víctimas atribuidas al Estado, 17,5 por ciento corresponden a crímenes perpetrados directamente por agentes estatales. El resto recae en la responsabilidad penal de los grupos paramilitares de ultraderecha.
Un blanco preferido de la violencia han sido los sindicalistas. Desde 1986 han sido asesinados 2.674 representantes obreros, uno cada tres días. En lo que va de 2008 se ha contabilizado la muerte de 40. En 2007, esos crímenes sumaron 39.
Eric Sottas, director de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), observó que otras víctimas elegidas han sido los defensores de los derechos humanos y las personas que luchan por sus derechos.
Sottas apuntó que al tratar el caso de Colombia, con más de medio siglo de guerra civil, se olvida con frecuencia que por encima de todo el conflicto es por la tierra. De los más de 3,5 a cuatro millones de campesinos expulsados de sus parcelas, más de 60 por ciento de ellos eran pequeños propietarios.
La Ley de Justicia y Paz, sancionada por Uribe en 2005 para reglar la desmovilización de paramilitares, autoriza que se conserven las tierras que fueron tomadas durante el conflicto, dijo el director de la OMCT a IPS.
La norma sólo prevé una compensación para los campesinos, que se basa en un fondo insuficiente para resarcir a todos los despojados, explicó. Las devoluciones en efectivo que hagan los que robaron la tierra no irán a engrosar ese fondo para los campesinos.
Por otra parte, los actuales poseedores de esas tierras, que aseguran haberlas comprado de buena fe a los grupos que las arrebataron, han transformado completamente la producción en esos predios.
Eso demuestra que detrás del conflicto hay un plan para la apropiación de la tierra y para modificar su vocación agrícola, dijo Sottas. En realidad, en Colombia asistimos a "una gigantesca contrarreforma agraria y a una reorientación de la producción agrícola", insistió.
En "Vivir para contarla", el primer tomo de su autobiografía, el escritor colombiano Gabriel García Márquez relata las matanzas de campesinos en la región noroccidental de Uraba para apropiarse de sus tierras y destinarlas al cultivo del banano, recordó el experto de la OMCT.
Las plantaciones de banano se mantienen, pero en las tierras que los campesinos dedicaban a fines de subsistencia, con fríjoles y maíz, existen ahora plantaciones de palma africana, que esterilizan los suelos, y cultivos de maíz, pero en los dos casos para su transformación en etanol.
Los planes de Uribe, de orientar la producción agrícola hacia los biocombustibles han sido objeto de críticas por especialistas y motivo de polémicas en cumbres latinoamericanas, refirió Sottas.
Por otro lado, el director de la OMCT estimó que el debate de la situación de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos, dentro del mecanismo conocido como Examen Periódico Universal, puede sentar un precedente para ese organismo de la ONU.
Las violaciones en Colombia ya han merecido análisis de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y otros "todos de excelente calidad", de los mecanismos especiales, como los relatores sobre torturas o sobre ejecuciones sumarias, al igual que de los comités convencionales, como el de derechos humanos y el de tortura, observó.
Existe la posibilidad de que el Examen Periódico Universal suavice un proceso que debería sobre todo poner el acento en las medidas que se tendrían que adoptar en el caso de Colombia, mencionó Sottas.
El objetivo ahora no es revisar de una manera consensual el estado de la situación colombiana, previno el experto.
