El gobierno español resolvió este viernes aplicar la confiscación inmediata de todos los bienes de quienes cometan delitos de trata, en especial a los que traen mujeres del extranjero prometiéndoles trabajo para después forzarlas a prostituirse.
Hetaira, la mayor asociación de prostitutas de España, acogió con satisfacción el anuncio oficial, calificado como un avance, aunque sostiene que hay muchas cosas que deberían hacerse de manera distinta para garantizar los derechos humanos de todas las personas ligadas a estos temas.
El Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual consta de 61 medidas para sensibilizar a la sociedad y promover la tolerancia cero contra actos delictivos relacionados con el tráfico de personas.
Asimismo combatir sus causas con políticas activas de cooperación con los países de origen, tránsito y destino y contar con la participación de las organizaciones no gubernamentales.
Esta resolución del Consejo de Ministros reunido este viernes obligará a reformar leyes y modificar el Código Penal, por lo cual pasarán varios meses hasta que se pueda aplicar. El proyecto, que cuenta con el suficiente apoyo parlamentario, entre otras cosas incluye el secuestro de todos los bienes y propiedades que posea el proxeneta, gestor o dueño del local en el que se produzcan estos casos.
Al iniciarse un proceso policial contra un traficante de personas con destino a la prostitución o un proxeneta, las autoridades podrán decomisar todo el patrimonio del acusado y esos bienes serán subastados una vez que esté firme la sentencia condenatoria. El dinero recaudado se dedicará a financiar la lucha contra esos delitos.
La reforma también afectará a la ley de Enjuiciamiento Criminal de manera que permita a las obligadas a prostituirse a declarar contra sus captores durante el proceso de instrucción y sin que esté obligada a presentarse a hacerlo otra vez en el juicio.
Esta medida apunta a que las víctimas colaboren en las luchas contra los proxenetas y evitar así que tengan que encontrarse otra vez frente a sus agresores, lo cual muchas veces las ha llevado a desdecirse, tras sufrir presiones.
Cristina Garaizabal, portavoz de Hetaira, dijo a IPS que las medidas adoptadas son positivas, pero insuficientes, ya que es indispensable que se proclamen y defiendan en la práctica los derechos de las prostitutas con independencia de que denuncien o no a los proxenetas o a quien las violente.
"Se debe condenar y procesar a quien las explote porque, sea obligada o no la trata, se debe dar una protección integral y no solamente contra la explotación sexual y en especial ayudar, incluso financieramente, a la integración social de ellas".
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero dispuso además proveer 44 millones de euros (unos 58 millones de dólares) para financiar a partir del 1 de enero tres años de este plan, fondo al que se sumarán los provenientes de los decomisos exprés.
Estimaciones indican que unas 40.000 mujeres extranjeras trabajan forzadas en el negocio de la prostitución en España, aunque sólo han sido identificadas unas 18.000, según un estudio de la Federación de Mujeres Progresistas.
El informe puntualiza que la mayoría de ellas, aunque hayan pagado a las redes que las trajeron a España, se ven obligadas a prostituirse por la necesidad de enviar dinero a sus familiares.
Por eso la Federación reclama que a todas esas víctimas se les conceda sin más el permiso de residencia en el país y que se les pueda aplicar la ley integral contra la violencia de género, lo que ahora está restringido a lo que ocurra entre parejas, sean legalmente constituidas o no.
A ese respecto, la resolución del gobierno califica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como "una clara expresión de violencia de género", ya que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, lo cual en muchos casos es producido por la feminización de la pobreza en sus países de origen.
Esa feminización se expresa en la discriminación sexual, la división sexual del trabajo, la falta de educación y el desempleo, entre otras cosas.
Garaizabal indicó, además, que otro aspecto a tomar en cuenta es que dar 30 días de plazo a las víctimas para denunciar a los tratantes es insuficiente, pues "el estrés que condiciona en gran parte sus reacciones dura al menos tres meses, que es el plazo mínimo de que deben gozar".
Con la legislación actual, si una víctima extranjera no denuncia de inmediato al proxeneta es expulsada del país.
Pero el proyecto a tratar establece que, si no se atiende a planteamientos como los de Hetaira, se las expulsará si no hacen la denuncia dentro de los 30 días, durante los cuales gozarán de alojamiento, protección, recursos y asistencia médica y psicológica orientada a que pierdan el miedo a las mafias y asuman conciencia de sus propios derechos.
Otras leyes que se deberán reformar de acuerdo a lo decidido este viernes son la de Asistencia Jurídica Gratuita y la de Derechos y Libertades de los Extranjeros, para que las víctimas dispongan de asistencia inmediata, gratuita y en su propio idioma.
El gobierno de Zapatero también se compromete a agilizar todos los procedimientos de documentación de los inmigrantes, cooperando para eso con los países de origen de los mismos. Y se activarán mecanismos para proteger en sus países de origen a los familiares de los inmigrantes, ya que las amenazas de agredirlos paraliza a las víctimas.
