A pesar de quedar en suspenso tras ser apelada, la decisión de un tribunal penal argentino de dejar en libertad a una veintena de represores de la última dictadura causa irritación y muestra las dificultades del sistema para avanzar en las causas por delitos contra la humanidad.
El dictamen de la Cámara de Casación Penal, que incluía la libertad condicional del ex marino Alfredo Astiz, se adoptó con el argumento al parecer de garantizar los derechos de los que cumplen prisión preventiva.
Las expresiones de profundo malestar e indignación por la medida no se hicieron esperar tanto del gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández, como de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que desde hace más de 30 años reclaman que se someta a juicio oral a los responsables de las torturas, desaparición forzada y asesinatos cometidos por la dictadura (1976-1983).
Fernández consideró "una vergüenza" la decisión judicial, y la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la calificó de "indignante" y dijo que "es la demostración firme de la justicia que quiere la impunidad" de los acusados de la represión, que en esos siete años hizo desaparecer a unas 30.000 personas, según esa y otras agrupaciones de derechos humanos.
Abuelas, el Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones cuestionaron en un comunicado la "incapacidad de los funcionarios judiciales" para garantizar el avance de los casi 800 procesos por delitos contra la humanidad que se acumularon en los tribunales desde que se anularon las llamadas leyes del perdón.
Esas normas, aprobadas en la segunda mitad de los años 80, frenaron los juicios contra represores y alejaron de la cárcel a decenas de ellos. Pero en 2001, la justicia comenzó a declarar la inconstitucionalidad de esas normas en diversos fallos hasta que la Corte Suprema avaló la nulidad de las leyes y se reactivaron las causas.
"Desde la reactivación de los procesos, ni los jueces ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable", plantearon las entidades en su escrito de repudio a la excarcelación dictada el jueves.
También manifestó su rechazo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien aseguró que la resolución "no es una actitud garantista". "Estamos ante la presencia de una de las peores y más conservadoras actitudes del Poder Judicial", acusó.
La decisión del tribunal penal puso de manifiesto las demoras en los procesos.
Carlos Fayt, unos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, acusó, a su vez, a los legisladores de tener estancados el trámite de proyectos de ley que podrían agilizar los juicios.
Pero los parlamentarios señalados por el magistrado explican que esas eventuales medidas podrían ser consideradas como obstáculos a las debidas garantías.
Por dos votos contra uno, la Cámara de Casación excarceló a todos los represores detenidos desde 2003, por considerar que estaban vencidos los plazos legales para mantenerlos bajo prisión preventiva.
Los jueces que votaron la medida argumentaron que la jurisprudencia local y las convenciones internacionales obligan a limitar la prisión preventiva a riesgo de caer en la aplicación de una "pena anticipada". Pero el juez que expresó su disidencia advirtió que el encarcelamiento debía mantenerse por la gravedad de los delitos de que son acusados.
Por orden de la Procuraduría General de la Nación, el fiscal Raúl Plee presentó este viernes un recurso de apelación, que fue aceptado por la Cámara. Eso significa que los represores no podrán salir en libertad al menos hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.
"La resolución de la cámara demuestra que en Argentina la justicia no se ha depurado sino que, por el contrario, arrastra funcionarios de la época de la dictadura", comentó a IPS la abogada Mónica González, del equipo jurídico de letrados que intervienen en las principales causas contra represores.
González, junto a otros abogados, había presentado en 2007 ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de velar por el buen desempeño de funcionarios judiciales, un informe crítico sobre la actuación de la Cámara penal por dilatar decisiones en procesos por violaciones a los derechos humanos.
La Cámara había sido acusada por el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-20007), esposo y antecesor de Fernández, de demorar las causas mediante la aceptación de infinidad de recursos de la defensa y, entre los abogados, el tribunal comenzó a ser identificado como un cuello de botella donde se trababan las gestiones para avanzar hacia los juicios.
Los abogados que presentaron su escrito ante el Consejo también remarcaban que los miembros de la Cámara de Casación, muchos de ellos allegados a miembros de la dictadura, habían cambiado el criterio restrictivo que tenían para resolver los pedidos de excarcelación por uno más flexible cuando se trataba de militares represores.
"Presentamos el informe, pero el Consejo de la Magistratura lo tiene en un cajón. Sólo empujó la salida de (Alfredo) Bisordi", recordó González, en referencia a la renuncia de quien era presidente de la Cámara y había acusado a una víctima de la dictadura de "delincuente terrorista".
Bisordi, muy cuestionado, renunció a su cargo y ahora es abogado defensor de represores.
Respecto de esta excarcelación en suspenso, González hizo una distinción relacionada con la gravedad de los delitos en cuestión. "El beneficio de la excarcelación se ajusta a derecho en casos de delitos comunes, pero acá estamos hablando de personas acusadas de genocidio y delitos de lesa humanidad", recordó.
Este último tipo de delito, mucho más graves, se rige por convenciones internacionales que el país incorporó a su Constitución y esos acuerdos impiden la excarcelación. "Ni siquiera se puede presuponer que los detenidos van a colaborar con la justicia porque nunca lo hicieron", remarcó la letrada.
Astíz integraba un grupo de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la institución en cuyo edificio de Buenos Aires fue utilizado como uno de los principales centros de tortura y detención en la dictadura. En ese papel, el represor se infiltró en 1977 entre familiares de las primeras víctimas de secuestro y desaparición.
Simulando ser hermano de un desaparecido, Astiz, con el nombre falso de Gustavo Niño, asistía a las reuniones de las mujeres que luego fundaron la asociación Madres de Plaza de Mayo. Caminaba con ellas alrededor de la Pirámide de Mayo, en el paseo público situado frente a la sede del gobierno argentino, y vigilaba sus movimientos.
Hasta que su labor dio frutos y se produjo el secuestro y desaparición de Azucena Villaflor, madre de un joven desaparecido, y el de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, un doble caso por el que Astiz fue condenado en ausencia a cadena perpetua en Francia en 1990, cuando gozaba de impunidad en Argentina.
El ex marino también fue acusado de asesinar a la adolescente sueca Dagmar Hagelin, y de participar en el homicidio del periodista Rodolfo Wlash, entre otros.
Desde Suecia, el padre de Hagelín, Ragmar, consideró el beneficio de la excarcelación como "un cachetazo en cada mejilla del pueblo argentino".
"Una cosa es usar recursos jurídicos para delitos comunes y otra muy diferente es hacerlo frente a casos de crímenes de lesa humanidad", diferenció, y lanzó graves acusaciones contra funcionarios judiciales. "No se han ocupado de depurar como corresponde el aparato de justicia de la dictadura", reclamó.
