A las cinco y media de la mañana apenas se despejaba la niebla en las gélidas montañas del oriente de Cauca, Colombia, cuando el consejero indígena Darío Tote se topó en la ruta con la camioneta de la Consejería Mayor del CRIC. Estaba acribillada a balazos y su chofer, Edwin Legarda, gravemente herido.
El vehículo rojo de doble cabina del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) tenía aún las luces encendidas y se veían los impactos de 17 tiros de fusil, dos de ellos contra el parabrisas. Cuando Tote abrió la portezuela, Legarda, esposo de la líder aborigen Ayda Quilcué, consejera mayor del CRIC, "estaba inconciente", relató el consejero a IPS.
Tote y sus acompañantes trasladaron de inmediato a Legarda y a la enfermera que estaba con él, también herida, al poblado de Totoró.
De allí una ambulancia se los llevó a Popayán, capital del sudoccidental departamento de Cauca, en cuyo hospital murió Legarda hacia las ocho de la mañana del mismo martes en que fue encontrado en la carretera.
Sólo 12 horas después las autoridades entregaron el cuerpo "del compañero Edwin", informó Tote. "Lo vamos a velar en las oficinas del CRIC, en Popayán, y mañana (por este miércoles) vamos a hacer una audiencia pública y una marcha" en esta ciudad, añadió.
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Este jueves, los restos de Legarda serán trasladados a la vereda Itaibe, un remoto caserío rural recostado a la cordillera de los Andes, en la frontera de los departamentos de Huila y Cauca.
Ayda Quilcué, ahora viuda, es la líder principal de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, iniciada en octubre como un masivo movimiento de protesta civil.
Los dirigentes de ese movimiento indígena han sido amenazados de muerte a través del grupo paramilitar ultraderechista Águilas Negras y de una banda creada supuestamente por terratenientes, que se hace llamar "Campesinos Embejucados (enfurecidos) del Cauca".
Mientras, en el territorio aborigen, la comunidad sitió el martes en la mañana a la treintena de soldados señalados de haber disparado y que integran la base que opera allí, contra la voluntad de los locales.
Se hicieron presentes policías del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el comandante del batallón José Hilario López, teniente coronel Alexis Iván Cantillo, y delegados de la Organización de las Naciones Unidas.
Por exigencia indígena, se desarmó a los soldados. "El CTI quedó con las armas, les requisamos los equipos y nos trasladamos a Totoró, a una reunión", dijo a IPS Tote, miembro de la Comisión Política del CRIC.
Allí las autoridades indígenas propusieron que los uniformados permanezcan detenidos en la cárcel de San Isidro y no en el batallón, como quiere el comandante de la Tercera División del ejército, general Eliseo Peña. Este oficial dijo que lo ocurrido fue un "error", luego de que Legarda no acató la orden de detenerse al pasar un retén militar.
Finalmente, la Guardia Indígena llevó al anochecer de la víspera a los militares al batallón, donde pasaron la noche. La primera audiencia pública en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) comenzó a las 11 hora local (16:00 hora GMT) de este miércoles en la sede del CRIC, en Popayán. A ella debe asistir el jefe departamental de la fiscalía, según ese marco legal.
El fiscal general Mario Iguarán acudió a Popayán y anunció que asistirá a la audiencia, con la cual se inició el juicio contra los militares en la (JEI). Quilcué declaró ante esta instancia que ella ha sido víctima de un crimen de Estado. Las autoridades indígenas exigen que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe revele ya quién fue el oficial que ordenó disparar contra la camioneta del CRIC que conducía Legarda. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que el ataque no fue premeditado y que afirmar eso es "absurdo y ridículo". Para Tote, "lo importante fue que no permitimos que quedaran en la justicia penal militar".
La Autoridad Indígena puede ahora reclamar el caso a la justicia ordinaria para que pase a la Jurisdicción Especial Indígena, establecida por la Constitución aprobada en 1991. Precisamente, "es la petición que vamos a hacer a la fiscalía", confirmó Tote a IPS en esta entrevista.
IPS: ¿En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos la investigación?
DARÍO TOTE: Correcto. El Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía son los que tienen la investigación. Pero estamos hablando de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad.
Nosotros somos autoridades milenarias, ancestrales, y la justicia de ellos es la del gobierno colombiano. Nosotros tenemos nuestro fuero. Hay una jurisdicción indígena reconocida. De manera que también hacemos nuestra propia investigación, que empezamos a las 6 de la mañana (del mismo martes).
Desde luego que se llevará un tiempo prudente, pero la intención es que los soldados queden detenidos bajo la ley ordinaria y nosotros hacemos lo pertinente para traerlos bajo la ley indígena.
IPS: ¿Cómo está Ayda Quilcué?
DT: Ayda es una mujer muy valiente, muy inteligente. Por eso la hemos bautizado la Segunda Cacica Gaitana.
La primera fue una indígena de la región del Huila que luchó contra los españoles (durante la colonia). Y en la resistencia, los invasores le mataron a uno de sus hijos. Ella, como buena guerrera, con el dolor por su hijo, los combatió más fuerte. Dirigió todo un ejército indígena contra la invasión y vengó la muerte de su hijo arrastrando por el suelo la cabeza de un jefe español.
Ella es el símbolo de la resistencia para los indígenas kokonukos, guambianos, nasa, totoroes, yanaconas, apiraras y ambiraras, que son de la costa del Pacífico. Llevamos su dolor como indígena, como mujer, como madre.
Por eso le decimos a Ayda que ella es nuestra Segunda Cacica Gaitana. Nos da valor, valentía de lucha. Siempre nos levanta la moral a mujeres, hombres, jóvenes y mayores. Desde luego que tiene mucho dolor en su alma, porque Edwin es su compañero, el padre de su hija, y su compañero en el movimiento indígena. Él era un comunero muy activo. Por lo tanto, Ayda asume su dolor con mucha responsabilidad.
IPS: ¿Para cuándo debe culminar el trámite de la justicia ordinaria a la jurisdicción indígena?
DT: Jurídicamente, creo que tienen 32 o 33 horas. Ellos tienen que resolver la situación jurídica en ese tiempo. Nosotros tenemos un perito, que por escrito nos hace saber cómo fueron los hechos. En este caso, que en efecto hubo una emboscada.
La sobreviviente (la enfermera) que venía con el finado ya puso la demanda y ya declaró que no había retenes. No hubo un grito de "pare". Efectivamente había un operativo. Los militares estaban esperando un carro (automóvil) y fue la camioneta (del CRIC) la que cayó.
Pero nosotros rechazamos rotundamente el cuentico repetido de que fue un error militar. Lo tomamos como un crimen de Estado. Es lo que se llama terrorismo de Estado, porque hay 17 disparos.
Eso fue en el kilómetro 39, vereda San Pedro, municipio de Totoró (zona de resguardo indígena). Uno de los principios que defendemos es la no invasión de nuestro territorio, la no presencia militar en nuestro territorio.
No fue una equivocación militar. Es un atentado contra Ayda Quilcué, contra la Minga. Es una actitud provocadora contra el movimiento indígena y especialmente contra el movimiento indígena del Cauca. Y lo decimos porque hay una orden de captura contra Luis Acosta, el coordinador de la Guardia Indígena, y ayer detuvieron a otro coordinador de la Guardia.
IPS: ¿Qué sigue ahora?
DT: Como conclusión de las autoridades en reunión de esta tarde (martes): continuamos caminando la palabra, con dignidad, con resistencia, con valor civil. Somos gente de paz. Somos gente tranquila que estamos haciéndole propuestas al país, de cambios estructurales, económicos y políticos, y porque perseguimos esos cambios se nos calumnia y se nos asesina.
Nuestro mensaje al mundo es continuar caminando la palabra. La Minga es indefinida y no ha terminado, por la dignidad de los pueblos de Colombia.
