Aunque hay consenso respecto de que Chile está en buen pie para afrontar la crisis económico-financiera mundial, expertos auguran que el año entrante será difícil en materia laboral y que estará plagado de disputas políticas debido a las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre.
En su calidad de exportador de productos naturales, como cobre, fruta y salmones, Chile inevitablemente se verá afectado por la recesión desatada en el mundo industrializado como consecuencia de la debacle financiera originada en Estados Unidos.
El gobierno de la socialista Michelle Bachelet apuesta a morigerar los efectos de la crisis echando mano a las reservas internacionales del país, que suman unos 22.000 millones de dólares.
El desafío será contener las presiones de los distintos sectores sociales que buscarán beneficiarse con los recursos ahorrados en los últimos años gracias a los excedentes del cobre, advierten los expertos. Más aún en un año electoral.
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En el mundo "todavía no se logra dimensionar adecuadamente la cantidad de recursos que los Estados tendrán que desembolsar para darle oxígeno y liquidez a los mercados y evitar el desempleo", sostuvo Holzmann.
En Chile, la ciudadanía "exigirá soluciones", porque "sabe que el país tiene plata guardada", remarcó el politólogo.
El gobierno anunció el lunes que ante el complejo escenario congelará dos esperados proyectos de ley, uno que crea una administradora de fondos de pensiones (AFP) estatal y otro que busca ampliar la negociación laboral colectiva, lo cual fue rechazado por organizaciones de trabajadores.
Las autoridades ya debieron dar una dura pelea frente los trabajadores públicos, que exigían 14,5 por ciento de reajuste en sus salarios por el aumento de la inflación.
Después de cuatro días de paralización de funciones, el Poder Ejecutivo accedió a otorgar un reajuste salarial de 10 por ciento, considerado excesivo por algunos economistas en un contexto de turbulencias internacionales.
Según las últimas estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Chile crecerá sólo dos por ciento en 2009 y proyectó 3,8 por ciento para este año, mientras que el Banco Central eleva este último indicador al rango de entre cuatro y 4,5 por ciento. El producto interno bruto (PIB) chileno se expandió 5,1 por ciento en 2007.
Si la economía se expande 1,9 por ciento en 2009, como estiman analistas locales, indefectiblemente aumentará la tasa de desempleo, que en el trimestre agosto-octubre fue de 7,5 por ciento de la población económicamente activa.
El principal problema será una menor cantidad de vacantes disponibles para las personas que buscan trabajo por primera vez, explicó a IPS el economista Joseph Ramos, de la Universidad de Chile.
En su balance económico del año, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, señaló el lunes 29 que el gobierno ha usado y usará "todas las herramientas disponibles para proteger el empleo". También llamó a "evitar hacerse parte de rumores injustificados", como el que pregona despidos masivos en 2009.
Según Ramos, el gobierno no ha sido lo suficientemente proactivo en términos de anticiparse a los efectos de la crisis, aunque en noviembre lanzó un paquete de medidas por 1.150 millones de dólares para estimular la compra de viviendas, apoyar a la pequeña y mediana empresa y capitalizar al Banco Estado.
En octubre, ya había dado a conocer otro plan de 850 millones de dólares para garantizar el financiamiento a empresas exportadoras y de menor tamaño.
"Las autoridades no han sacado a lucir la artillería mayor de la cual disponen", en espera de la evolución de la crisis, indicó.
Ramos es uno de los economistas que plantean que el gobierno debe utilizar parte de las reservas internacionales para aumentar aún más el gasto fiscal y reducir transitoriamente el impuesto al valor agregado (IVA), lo cual alentaría el consumo privado.
La ley de presupuesto 2009 contempla un aumento del gasto fiscal de 5,7 por ciento en términos reales. Sólo en infraestructura pública —caminos, aeropuertos, puertos, viviendas— se invertirán alrededor de 7.000 millones de dólares, informó el gobierno.
Pero Ramos cree que el gasto fiscal podría haber llegado a nueve por ciento, sin tener que violar la meta de superávit estructural fijada en 0,5 por ciento del PIB.
El Banco Central también ha recibido críticas por su actuación. A juicio de Ramos, esta entidad ha sido "excesivamente cautelosa" al mantener en 8,25 por ciento la tasa de interés con miras a volver a la meta de cuatro por ciento de inflación, que entre noviembre de 2007 y mismo mes de 2008 llegó a 8,9 por ciento.
Recortar la tasa de interés para expandir el consumo es factible, puesto que las proyecciones indican que la inflación seguirá bajando en consonancia con la disminución de los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles.
Ramos también piensa que se debe autorizar a las empresas a reducir las horas de trabajo de su personal para evitar despidos. Pero estas propuestas de flexibilidad laboral generan recelos entre las organizaciones sindicales.
El gobierno ya ha señalado que dos prioridades legislativas para 2009 son la ampliación del seguro de cesantía y el incentivo a la contratación de mano de obra.
Para Guillermo Holzmann, "si el gobierno solamente se dedica a manejar la crisis, lo más probable es que pierda el control sobre ella".
"Cualquier cambio tributario o a la legislación laboral que se haga solamente pensando en la crisis nos puede costar muy caro posteriormente. Es un momento para generar flexibilidad, pero a su vez tener una visión de largo plazo respecto de lo que se quiere" como país, sostuvo el politólogo.
Otro foco de preocupación para el gobierno de la centroizquierdista Concertación de Partidos Por la Democracia es la caída del precio del cobre, el principal producto de exportación de Chile.
La gubernamental Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyectó el 24 de noviembre que el valor del cobre promediará 1,6 dólares la libra en 2009, lejos de los más de cuatro dólares que alcanzó este año. Por ello, la firma minera estatal Codelco está revisando sus costos de producción.
El complejo clima político que acompañará a la crisis económica también presionará a la gestión de Bachelet, apuntan los analistas. El actual momento exige una sintonía muy fina entre el gobierno, los partidos políticos, los parlamentarios, los trabajadores y los empresarios, según Holzmann.
La Concertación, en el poder desde la recuperación de la democracia en 1990, buscará en las elecciones de diciembre conseguir su quinto periodo presidencial consecutivo, en medio de graves divisiones internas.
Todo indica que serán tres los dirigentes que competirán en los comicios internos para definir al candidato a la presidencia de Chile por el conglomerado gobernante: el ex mandatario democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, el socialista José Miguel Insulza, y el presidente del partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez.
Por primera vez desde 1990, la oposición derechista tiene reales opciones de ganar el gobierno, según analistas, puesto que su candidato, el multimillonario empresario y ex senador Sebastián Piñera, lidera todas las encuestas.
En 2009, el gobierno debe "manejar la agenda", pero en forma coordinada con los diversos sectores políticos, para evitar que la campaña presidencial tome excesivo protagonismo e impida llevar a cabo el programa de Bachelet, plantea Holzmann.
El gobierno enviará nuevamente al Parlamento en el próximo periodo proyectos de ley emblemáticos que ya han sido rechazados por la derecha, como el voto de los chilenos en el exterior y la modificación del sistema electoral binominal.
Otras iniciativas legales sensibles que continuarán su tramitación son las reformas al sistema educativo, la creación del subsidio nacional al transporte público de pasajeros y la modernización de los gobiernos corporativos de algunas empresas públicas, como la firma minera Codelco.
