AMÉRICA LATINA: Camino a la organización regional

Una organización de estados latinoamericanos y caribeños será creada en futuro cercano a partir de reuniones de gobernantes y del Grupo de Río, anunció el presidente de México, Felipe Calderón, en rueda de prensa al finalizar la cumbre regional este miércoles en Brasil.

El objetivo es una institución que organice el sistema de integración regional y que podría llamarse Unión Latinoamericana y del Caribe, sugirió Calderón, tras informar que la idea surgió en marzo en Santo Domingo en la XX Cumbre del Grupo de Río, el foro político más importante de la región.

La propuesta prosperó en las cuatro cumbres que tuvieron lugar los dos últimos días en Costa do Sauípe, un complejo turístico a 70 kilómetros de Salvador, capital del nororiental estado brasileño de Bahía.

"Ojalá en la próxima cumbre" conjunta del Grupo de Rio y de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), a realizarse en febrero de 2010, se pueda crear la nueva organización, "para hacer valer nuestra identidad y fuerza en el mundo", añadió Calderón.

Su propuesta es que ese proceso coincida con las celebraciones del bicentenario de la independencia de España de varios países, empezando por México en 2010, seguido de Venezuela en 2011.
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La CALC, una iniciativa de Brasil saludada por todos los mandatarios, terminó con la llamada Declaración de Salvador, cuatro comunicados y una iniciativa que determina la formación de un grupo de trabajo para elaborar "posiciones comunes e iniciativas concretas compartidas" para enfrentar la crisis, con propuestas para reformar la "arquitectura financiera internacional".

Los tres miembros latinoamericanos del Grupo de los 20, Argentina, Brasil y México, se comprometieron a llevar posiciones a la nueva cumbre de ese bloque, a realizarse el 31 de marzo, cuando se buscará definir formas de superar la crisis económico-financiera mundial nacida en Estados Unidos.

Los comunicados apoyan el pronto levantamiento del bloqueo que Estados Unidos le impuso a Cuba a comienzos de los años 60, las negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas, la restauración por parte de Washington de las preferencias arancelarias concedidas a Bolivia como estímulo a la erradicación de las plantaciones de coca y de los beneficios comerciales de Europa a Panamá.

La declaración enumera decisiones de la CALC en 12 rubros, empezando por la "interacción entre los mecanismos regionales y subregionales de integración".

La región está hoy fragmentada en variados bloques, como el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Sistema de Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe, además de tratados bilaterales o multilaterales.

A la Cumbre se le atribuye el papel de articular esa diversidad de grupos, pero es difícil prever como promover la integración de toda la región en medio de tantos bloques, disparidades económicas y discrepancias ideológicas.

La CALC, que impulsa el liderazgo brasileño, es una iniciativa netamente política, de afirmación de una identidad regional y de sus intereses propios, realzados por la crisis financiera y económica mundial que dañará gravemente a la región, aunque fue provocada por los países ricos, según destacaron varios presidentes.

Para afrontar la crisis, los gobernantes reunidos en Costa do Sauípe acordaron construir una posición común para influir en las acciones globales, valorizar alternativas regionales como un sistema de pago con monedas nacionales, integrar mercados financieros propios y crear fondos para el desarrollo y la integración.

Integración energética y de infraestructura física, con amplia cooperación, son otros designios manifestados.

Pero más numerosas son las preocupaciones sociales expresadas en la Declaración de Salvador. Allí aparecen, entre otras, la reducción del hambre y la pobreza, cumpliendo o superando los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, cuidar la seguridad alimentaria con desarrollo rural y tecnologías, coordinar mecanismos de prevención y mitigación de los desastres naturales y combatir el racismo.

La defensa de los inmigrantes y sus derechos, combatiendo la xenofobia y buscando asegurar su circulación por medio de convenios y negociaciones internacionales, es otro tema sensible para la región que, como un todo, es origen de migraciones tanto para los países ricos como para los vecinos regionales.

Hoy es "un día histórico", celebró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promotor y anfitrión del encuentro que reunió a 20 jefes de Estado y de gobierno y a altos representantes de los 13 países restantes de la región. "Deberíamos haberlo hecho hace 30 o 40 años", pero los antiguos gobernantes quedaban a la espera de convocaciones de afuera, opinó.

En la rueda de prensa final, los presidentes considerados izquierdistas, Hugo Chávez, de Venezuela, Evo Morales, de Bolivia, y Fernando Lugo, de Paraguay, sostuvieron que la moratoria de la deuda pública se justifica cuando ésta fue contraída de forma "ilegitima o ilegal".

La pregunta afectaba especialmente a Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa, tomó una decisión de ese tipo sobre una parte de la deuda de ese país y llevó a un arbitraje internacional otra obligación con un banco estatal brasileño por un monto mayor a 240 millones de dólares, que correspondían a la construcción de una central hidroeléctrica que presentó defectos estructurales.

Son medidas previstas en los contratos, justificó Correa, lamentando que una disputa involucrando empresas, aunque estatales, se hayan convertido en problema diplomático con Brasil.

Tanto Correa como Lugo determinaron la realización de auditorias sobre las deudas públicas de sus respectivos países, para averiguar la legalidad de sus montos. Son adeudos, cuyos montos originales ya fueron pagados varias veces o que aumentaron de forma abusiva, señalaron.

Pero esos diferendos bilaterales serán temas de negociaciones en otras instancias y no se discutieron en la Cumbre del CALC, cuyo éxito interesa particularmente a los países menores.

Un compromiso asumido por los mandatarios es el de "asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y vulnerables, a los países en desarrollo sin litoral marítimo e insulares", indica la declaración final.

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