El ministro de Finanzas de Sudán del Sur explicó hace poco a los parlamentarios que en junio el ejército ya se había gastado 99,6 por ciento de su presupuesto. Al final de la sesión, el ministro para Asuntos Parlamentarios, Martin Elia, dijo a los periodistas que no mencionaran el tema, por «razones de seguridad».
Aunque no existe razón legal para ello, todos los periodistas consultados por IPS señalaron que no publicarían la información. Las promesas de reformas a las leyes de prensa no se han cumplido aún y nadie tiene claro si ignorar esa clase de presiones puede crear dificultades a un reportero.
También existe el deseo de no revelar la realidad de Sudán del Sur, una región que goza de autonomía y cuya población es cristiana o respeta creencias locales tradicionales, a las autoridades de Jartum. En la zona septentrional la mayoría de los habitantes son musulmanes.
"Hay que ser sureño para entender este tema. Aunque la guerra civil terminó, la lucha continúa. Sólo se han silenciado las armas", dijo el experto en medios Mach Michael.
En septiembre, el gubernamentsl Consejo Nacional de Prensa de Sudán (NPC, por sus siglas en inglés) cerró dos diarios publicados en idioma inglés, cuyos propietarios eran sudaneses del sur.
Entre las razones dadas por las autoridades se mencionó que algunos de los periodistas que trabajaban en los diarios no estaban matriculados en el Consejo. Pero los editores de los dos periódicos afirmaron que ya habían recibido advertencias acerca de que eran demasiado críticos hacia el gobierno de Jartum y que ese fue el verdadero motivo de la decisión del NPC.
La censura y el acoso a los periodistas son algo común.
Casi todos los días del mes previo a la clausura de The Sudan Tribune, agentes de seguridad, que según el editor y propietario del diario, William Ezekiel, actuaban en conjunto con el NPC, confiscaban los ejemplares cuando salían de la imprenta, lo que le hizo perder miles de dólares en impresión e ingresos por publicidad.
El diario The Citizen también fue cerrado durante un par de semanas en septiembre. Su editor, Nhial Bol, hizo el experimento de imprimir el periódico en Kampala, la capital de Uganda. Ya había sido cerrado el año pasado, a causa de un artículo considerado "ofensivo" hacia el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir.
No existen imprentas en Sudán del Sur y los costos en otros países son demasiado altos.
El acuerdo de 2005 entre el oficialista Partido Nacional del Congreso (NCP, por sus siglas en inglés) y los rebeldes sureños del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM) puso fin a más de dos décadas de conflicto interno.
El pacto de paz estableció que se compartiría el poder y la riqueza petrolera entre el Norte y el Sur, pero también contenía la promesa de democratización del país, con convocatoria a elecciones y un mayor grado de libertad de prensa.
El SPLM ha acusado al NCP, que cuenta con mayoría en el parlamento, de trabar las reformas. "Necesitamos nuevas leyes de prensa, seguridad y el establecimiento de una comisión de derechos humanos antes de las elecciones de 2009, para que sean libres y limpias", dijo a IPS Pagan Amum, secretario general del SPLM.
Pero otras causas de descontento han dejado en un segundo plano esos reclamos. Ambas facciones ser acusan mutuamente de violar el acuerdo de paz y desde 2005 estallaron combates a gran escala entre los ejércitos del Norte y del Sur en dos ocasiones.
Un informe aún no publicado sobre el estado de la prensa en Sudán del Sur señala que, más allá de la radio gubernamental, hay muy pocas en la región. Muchas personas se congregan en torno a los escasos televisores para ver el único canal disponible, controlado por el Estado. Tres diarios dominan la prensa escrita, pero su contenido es casi idéntico, frecuentemente tomado de Internet.
En este contexto, incluso la información más básica no llega a los habitantes del sur. "Muchos ignoran que existe un acuerdo de paz. Quizás saben que la guerra civil ha terminado, pero desconocen sus derechos", señalo un miembro de la sociedad civil.
Incluso los más entusiastas periodistas de Sudán del Sur se ven limitados por la falta de capacitación, electricidad, acceso a Internet y, en muchos casos, no reciben su salario con regularidad por la escasez de dinero.
La prensa sufre los mismos problemas de infraestructura que el resto de las empresas del Sur. El pésimo estado de las carreteras hace muy difícil la distribución de periódicos y directamente imposible en la temporada de lluvias, cuando muchas comunidades quedan aisladas.
La publicidad también es muy limitada por las dificultades económicas. Por otra parte, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa de alfabetismo sería de alrededor de 15 por ciento.
Muy pocos, más allá de la elite intelectual, entienden los derechos de los periodistas, afirmó Mach. Aunque no hay leyes que prohíban la fotografía, muchos reporteros gráficos son detenidos por agentes de seguridad mientras realizan su trabajo. Muchos denuncian el acoso policial. La situación es peor en las áreas rurales, dijo Michael, ya que allí el ejército está a cargo de la seguridad.
Aunque el Consejo de Ministros acordó adoptar una política de mayor libertad de expresión, no se han aprobado las leyes que deben garantizarla. "Sin ellas, los periodistas no gozan de la protección requerida", dijo Mogga Richard, de la Asociación para el Desarrollo de los Medios.
"No se conocen las reglas. Por lo tanto existe temor a hacer algo innovador", agregó. Aunque se cubren las conferencias de prensa, prácticamente no existe el periodismo de investigación.
Quienes lo hacen corren riesgos. Bol fue arrestado en dos ocasiones por decisión de ministros a quienes su diario vinculó con escándalos de corrupción.
Se admite que la corrupción en el Sur está en aumento. Aunque las autoridades han advertido que figuras importantes pronto se encontrarán detrás de las rejas, pocos creen que tal cosa suceda, debido al frágil equilibrio étnico en los puestos gubernamentales. Los altos funcionarios envueltos en casos de corrupción han sido cambiados de puesto, pero nunca despedidos.
Varias comisiones parlamentarias han recibido el encargo de investigar el tema, pero hasta ahora ninguna produjo un informe. La Oficina del Auditor General no ha realizado una sola auditoría, salvo sobre sí misma, lo que llevó a la remoción de dos de sus más altos funcionarios.
A la espera de nueva legislación, la Comisión Anticorrupción no ha investigado un solo caso. A pesar de su debilidad, la prensa de Sudán del Sur parece ser la única que está en condiciones de ejercer algún tipo de control.
