Ya son 10 los periodistas asesinados en lo que va del año en México. Se multiplican las voces que denuncian el impacto de esos crímenes en la libertad de expresión, pero aún son dispersas y poco o nada han logrado cambiar.
Con la ejecución a balazos de Armando Rodríguez, reportero de policiales de El Diario de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, los periodistas asesinados en México superaron los 40 en los últimos ocho años.
Aunque existe una fiscalía especial creada para investigar esos crímenes, atribuidos en su mayoría al narcotráfico, todos siguen impunes.
Mientras, los medios de comunicación del norte del país, donde la violencia de los traficantes de drogas es mayor, mantienen la estrategia de limitar la publicación de temas vinculados a las mafias para así evitar ataques. Frente a la persistente violencia que sufren los periodistas, "no hay una solidaridad importante y amplia del gremio local (periodístico), que además no es fuerte ni unido", dijo a IPS Leonarda Reyes, directora del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los empresarios, y otras asociaciones del sector y de defensa de los derechos humanos mexicanas repudiaron el asesinato de Rodríguez, perpetrado el jueves. Desde sus trincheras exigieron castigo a los culpables.
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Siguiendo el guión expuesto en casos anteriores, el gobierno prometió investigar. "México se ha convertido en el lugar más inseguro de América para ejercer el periodismo", alertó Enrique Santos, presidente de la SIP, en un comunicado firmado en Miami. Reyes sostuvo que la postura de los medios de comunicación mexicanos y de sus organizaciones frente a los asesinatos se mantiene dispersa y en ese sentido pierde fuerza.
"La división del gremio es una de las consecuencias de la censura" que se ejerció en México en los años que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apuntó. Los 10 periodistas muertos este año son parte de los más de 4.000 asesinatos registrados en México en igual período, crímenes que el gobierno atribuye a la violencia entre y contra narcotraficantes.
Cuando el PRI estuvo en el poder (1929-2000), los asesinatos a periodistas eran menos frecuentes, pero en contrapartida el Estado ejercía un fuerte control y censura sobre los medios de comunicación.
Con la llegada del conservador Vicente Fox a la presidencia en 2000, disminuyeron las presiones oficiales, pero aumentaron las de la llamada delincuencia organizada.
En su principal columna de opinión de este viernes, el equipo editorial del Diario de Ciudad Juárez, donde trabajaba el último periodista asesinado, se dirigió al presidente de México, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, igual que Fox.
"Es evidente que las medidas y acciones que se han adoptado hasta ahora (en el gobierno) no han dado resultados aceptables, porque la reacción de los criminales ha sido más avasalladora que la respuesta oficial", reza el texto.
El periódico, que se publica desde hace 34 años, llamó a esclarecer el crimen y demandó que en Ciudad Juárez, donde se registraron 1.300 asesinatos de enero a la fecha, se declare un estado de emergencia para hacer frente a la violencia.
"Si el gobierno en sus tres niveles no puede ofrecernos el apoyo que necesitamos para salir de este trance en el que nos tiene sometido el crimen, que recurra a la ayuda internacional de quienes sí puedan hacerlo", señaló.
Llamó a dejar de lado los "pruritos inútiles en estas desesperadas circunstancias". "La Organización de las Naciones Unidas e incluso el gobierno entrante de Estados Unidos cuentan con posibilidades de otorgarnos ese sustento (para enfrentar el crimen) que el Estado mexicano ha demostrado no tener", añade.
Además, pidió que "dadas las circunstancias tan riesgosas en que todos los periodistas de esta ciudad desarrollamos nuestra labor, se nos proporcione" protección especial.
Reyes consideró que "la agresión a un periodista es una agresión a la sociedad, pues vulnera la libertad de expresión". Sin embargo, no conjuga con la idea de pedir protección especial para los periodistas o "un trato privilegiado".
"El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y frenar la violencia contra la sociedad toda, no contra los periodistas en particular", expresó la directora del Cepet, grupo creado en 2003 y que hace un seguimiento de los ataques a la libertad de expresión y apoya la profesionalización de los comunicadores.
Entre los periodistas asesinados en lo que va del año estuvo Alejandro Xenón, un popular locutor de una radiodifusora de Tabasco, en el golfo de México.
Ese comunicador, que estaba empeñado en pedir a la sociedad que se una contra la delincuencia, fue ultimado a tiros cuando en una avenida colocaba una manta en la que se leía "el secuestrador vive hasta que el ciudadano quiere".
Otras víctimas fueron dos reporteras indígenas, Felicitas Martínez, de 22 años, y Teresa Bautista de 24, quienes recibieron varios disparos. Las nativas trabajaban en una radio comunitaria del sureño estado de Oaxaca.
