Grandes extensiones de bosque nativo se transforman en campos de pastura en el norte del Chaco paraguayo, por la expansión de hacendados brasileños. La tala amenaza el patrimonio natural y cultural de los ayoreo-totobiegosode, etnia nómada que aún conserva grupos en aislamiento.
"Nuestra situación es muy preocupante, porque todavía tenemos parientes que no quieren estar en contacto con la sociedad blanca", dice a IPS el líder Porai Picanerai, de la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT, Nuevo Pensamiento Totobiegosode).
Los totobiegosode son un grupo que forma parte del pueblo ayoreo. El 5 de noviembre hubo noticias del avistamiento de algunos de ellos en una zona deforestada, propiedad de brasileños y lindante con el área núcleo de protección del patrimonio indígena.
Hasta diciembre de 1986, Picanerai vivió en la selva del norteño departamento de Alto Paraguay, parte del Chaco, región occidental del país. Las acciones evangelizadoras de pastores estadounidenses de la Misión Nuevas Tribus (MNT) y de un grupo de ayoreos evangelizados provocaron un encuentro violento con totobiegosode en aislamiento. Picanerai fue uno de los nativos contactados y reducidos.
A finales de los años 80, la mayoría de los ayoreo totobiegosode que habían salido del monte vivían en la Misión de Campo Loro, de la MNT, en el Chaco central, donde fueron incorporados al conjunto de diversos grupos locales tradicionales.
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En 1993, los totobiegosode iniciaron la tramitación jurídica ante el Estado para obtener la propiedad del remanente de bosques de sus antiguos dominios, estimado en unas 550.000 hectáreas. La demanda buscaba impedir el exterminio de sus parientes que aún habitaban los montes.
Pero "el Estado paraguayo no cumple las leyes que tiene que cumplir", sostiene el líder indígena.
En 1998, el Ministerio de Educación y Cultura declaró de interés cultural y nacional la preservación de esas tierras, y en 2001 declaró esas 550.000 hectáreas como Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, de posesión reconocida y protección en curso, como remanente del antiguo hábitat tradicional de esos indígenas. Sin embargo, la deforestación de sus bosques nunca cesó.
De las 550.000 hectáreas reivindicadas, los indígenas han logrado legalizar cerca de 100.000. El reclamo territorial fue tornándose aun más complejo, debido al avance de las fronteras ganaderas.
"La mayoría de los propietarios de fincas que se hallan dentro de la zona considerada patrimonio de los totobiegosode, son brasileños", dice a IPS el secretario de la OPIT, Nebelino Chagabi Etacori.
Las fincas a las que se refiere pertenecen a las empresas Yaguarete Pora, con 78.549 hectáreas, River Plate, con 22.000 hectáreas, y Lote Casado, con 36.000 hectáreas. Las dos primeras son propiedad de brasileños y la última pertenece a la Iglesia de la Unificación Universal, más conocida como secta Moon.
Estos predios se hallan dentro del núcleo de la zona sur del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode, y su legalización a nombre de este pueblo permitiría consolidar una superficie continua con otras tierras ya legalizadas a nombre de este grupo.
"Se trata de una importante unidad de conservación patrimonial, natural y cultural, zona de desplazamiento de los totobiegosode en situación de aislamiento", explica a IPS Gladys Casaccia, asesora jurídica de la no gubernamental Gente, Ambiente y Territorio, que promueve la autonomía de los pueblos indígenas del Chaco paraguayo.
En agosto, la OPIT denunció la deforestación masiva de tierras en la finca de Yaguarete Pora, respaldada en imágenes satelitales.
La inquietud llegó hasta el propio presidente de la República, Fernando Lugo, a través de una nota remitida en octubre por la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, que aglutina a 15 asociaciones de las regiones oriental y occidental en que se divide la geografía de este país.
En noviembre de 2007, la Secretaría (ministerio) del Ambiente (SEAM) otorgó una licencia ambiental por dos años a Yaguarete Pora, autorizando el desmonte de 2.500 hectáreas anuales, reducida luego a 1.500 hectáreas por el Instituto Forestal Nacional (Infona).
Según los ayoreos, para el 29 de octubre de este año ya se habían destruido más de 2.100 hectáreas de bosque, superando la cuestionada autorización del Infona.
Entonces el Consejo Nacional del Ambiente y la Contraloría General de la República recomendaron cancelar la licencia de tala otorgada a Yaguarete Pora.
La cancelación se conoció el 13 de este mes. "La revocatoria se sustenta en la existencia de irregularidades en el proceso de otorgamiento de la licencia, y la negativa de los propietarios de la firma Yaguarete Pora a que la SEAM fiscalice el fiel cumplimiento del plan de gestión ambiental", explicó a IPS el asesor jurídico del ministerio, Juan Rivarola.
Bajo el gobierno anterior se levantó una medida cautelar que protegía el patrimonio indígena, permitiendo que Yaguarete Pora fijara un plan de manejo y de gestión, a los efectos de obtener una licencia ambiental, sostiene Rivarola.
"El incumplimiento de las medidas de mitigación no solamente es un motivo de revocación de la licencia, sino que es un delito. De corroborarse que se deforestó más de la cantidad permitida, deberá actuar el Ministerio Público", fiscalía, sostuvo.
Los ayoreos se muestran escépticos. "Sabemos que se canceló la licencia, pero no creemos que este problema termine acá, porque se trata de personas con gran poder económico", dice Chagabi Etacori.
La SEAM no cuenta con estadísticas sobre la deforestación anual en el Chaco, pero se estima que alcanzaría unas 130.000 hectáreas.
La tala creciente en la región Occidental es la causa de la salinización de los suelos, ya que provoca la elevación del nivel de las aguas subterráneas saladas, según un estudio sobre cambio climático de la oficina en Paraguay del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"El Chaco paraguayo tiene un ecosistema bastante frágil, fundamentalmente debido al déficit de agua y la gran biodiversidad. En este escenario se está expandiendo la actividad ganadera", dice a IPS el técnico de la SEAM, Ovidio Espínola.
En diciembre de 2004, el parlamento prohibió por ley la deforestación en la región oriental, que sólo conserva dos por ciento de sus bosques tras la implantación gradual y progresiva de los cultivos de soja. La ganadería se desplazó al Chaco, elevando allí la demanda de tierras para pasturas.
En la última década, la ascendente producción ganadera dio pie a la instalación de ganaderos brasileños en la zona fronteriza del departamento del Alto Paraguay, beneficiados por los bajos precios de la tierra en este país.
"Hace cuatro años, debido a eventos en el mercado de la carne a nivel internacional, con la certificación que obtuvo Paraguay como país libre de aftosa se generó un aumento aun mayor de la producción ganadera", apunta Espínola.
Se estima que 90 por ciento de las tierras del Alto Paraguay están en manos de ganaderos brasileños, que residen en Brasil y no invierten sus ingresos en la economía local.
Picanerai asegura que los ayoreo-totobiegosode han recurrido a todas las instituciones posibles buscando que se atiendan sus reclamos. Tras años de lucha, están atentos a la solución que pueda provenir del gobierno de Lugo, que ha hecho importantes promesas a los pueblos indígenas.
"En el monte, cuando sentíamos el avance de las topadoras, teníamos mucho miedo, buscábamos nuevos sitios a donde ir para estar tranquilos. Hoy, nuestros parientes están ahí", afirma.
