Esperamos que el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, cierre la prisión de Guantánamo, confirme la prohibición de torturas y habilite una investigación independiente de los crímenes cometidos en la «guerra contra el terrorismo», dijo a IPS la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan.
El lunes Khan inició una gira por Chile, donde se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de abusos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con comunidades indígenas del norte y sur del país y con la mandataria chilena Michelle Bachelet.
Khan es la primera mujer, asiática y musulmana en dirigir, desde 2001, esa organización no gubernamental humanitaria internacional. Estudió derecho en las universidades de Manchester y Harvard y ha recibido numerosos premios y doctorados honorarios.
IPS: Han pasado 18 años de la recuperación de la democracia en Chile y 10 del arresto de Pinochet en Londres por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué impresión le deja su visita? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la realidad actual?
IRENE KHAN: "El Chile de 2008 es muy diferente al de 1978, cuando ocurrió la primera visita de un secretario general de AI al país. Reconozco los inmensos cambios y los progresos de la sociedad chilena, incluyendo la contribución del país en la arena internacional.
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Sin embargo, los pasos para tratar de resolver los crímenes (cometidos por el régimen de Pinochet) todavía son demasiado lentos y no son adecuados.
También hay otros problemas urgentes de derechos humanos, que han surgido conforme se ha acelerado el crecimiento económico en Chile, que ha traído prosperidad para muchos sectores de la sociedad chilena, pero también ha marginado y discriminado a otros sectores, en particular a los pueblos indígenas.
IPS: ¿Cómo fue el encuentro con Bachelet?
IK: Fue una discusión muy constructiva, muy positiva, muy abierta. Le entregamos un memorando, donde le pedimos que cuando deje el cargo exista un sistema de protección de derechos humanos institucionalizado en Chile, en la forma de un instituto de derechos humanos, por ejemplo, que sea construido en base a la ratificación de los tratados internacionales.
IPS: ¿Cuál es su evaluación del estado de los derechos humanos en América Latina?
IK: En los últimos 20 años América Latina ha pasado de dictaduras a democracias, lo que obviamente ha tenido un impacto positivo en algunos temas de derechos humanos. Sin embargo, todavía queda una herencia del pasado que no ha sido cobrada en términos de verdad, justicia y reparación.
También ha habido una falla generalizada para enfrentar la inequidad, ya que la gente privilegiada disfruta de mayores derechos que la mayoría de la población que se encuentra en condiciones económicas más desfavorables.
La región ha gozado últimamente de un período de bienestar económico, pero la desigualdad ha aumentado. Lo que está debajo de la inequidad es el incumplimiento no sólo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también de los civiles y políticos. En particular de los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres.
IPS: Varios gobernantes de la región han cuestionado a organizaciones no gubernamentales internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y la propia Amnistía, entre ellos el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Colombia, Álvaro Uribe. ¿Qué opinión le merece esto?
IK: Nos decepcionamos cuando los gobiernos denuncian a organizaciones internacionales, como HRW y AI, que tenemos una larga y confiable historia de trabajo imparcial y eficaz. Los gobiernos deben analizar sus fallas de derechos humanos en vez de atacar a aquellos que simplemente lo que hacen es señalárselas.
HRW y AI son organizaciones fuertemente reconocidas internacionalmente y nuestra seguridad no depende de lo que dicen los gobiernos. Lo que sucede es que muchos activistas locales son puestos en peligro cuando los gobiernos hacen estas declaraciones irresponsables, en las que deslegitiman el trabajo de los activistas, los criminalizan y realmente los exponen a peligros.
Cuando los gobiernos atacan verbalmente a los defensores de derechos humanos, tienen la obligación de responsabilizarse después cuando otros actores de la sociedad van más allá de los ataques verbales contra los activistas locales.
IPS: ¿Cómo aprecia al nuevo comandante del ejército de Colombia, general Óscar González, sucesor de Mario Montoya, quien renunció a su cargo tras el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales por el que fueron destituidos 27 militares de alto rango?
IK: AI publicó hace poco un informe sobre Colombia. Llevamos años señalando los problemas de derechos humanos que ocurren en ese país, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares y paramilitares. Nuestro informe recalcaba eso y en parte llevó al cambio del jefe del ejército.
Sin embargo, un cambio de persona no es suficiente. Se requiere de una investigación independiente e imparcial sobre la situación en general, sobre qué es lo que está pasando. Y la renuncia (de Montoya) y los nuevos cargos no deben ser utilizados para que no se produzca esa investigación clara, porque acá estamos viendo que es un problema sistémico, no de un individuo aislado.
Hay individuos que están a cargo del sistema y ellos deben ser juzgados. Hay 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas que están siendo investigados, pero muy pocos son juzgados. Y no hemos escuchado ni una declaración ni del presidente (Uribe) ni del nuevo comandante del ejército sobre derechos humanos.
IPS: ¿Qué opina de la crisis en Bolivia y en particular la matanza que tuvo lugar en el departamento de Pando en septiembre?
IK: Hemos pedido una investigación sobre la matanza de Pando y hemos pedido a todas las partes involucradas que respeten los derechos humanos. Aprovecho para destacar el rol de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y en particular el papel de Bachelet como su presidenta pro témpore, que ha sido muy positiva. Esperamos que la Unasur mantenga los derechos humanos en el centro de sus discusiones sobre Bolivia.
IPS: Todo el mundo parece tener grandes expectativas en el presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama. ¿Qué espera AI?
IK: Nosotros también tenemos grandes expectativas puestas en el presidente Obama. Su lema de campaña estuvo basado en el cambio y nos gustaría que efectivamente haya un cambio en las políticas de derechos humanos de Estados Unidos. También queremos ver convertida en realidad su promesa en el ámbito internacional, a través de medidas concretas.
Por ejemplo, el cierre del centro de detención de Guantánamo, declaraciones públicas que confirmen la prohibición de torturas y otras formas de malos tratos y la garantía de una investigación independiente sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno del saliente presidente (George W.) Bush, en el marco de la "guerra contra el terrorismo".
También esperamos que muestre un liderazgo basado en principios en temas de derechos humanos en el plano internacional, que ratifique tratados como el (Estatuto de Roma, que creó) la Corte Penal Internacional y que juegue un papel constructivo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Otra cosa que debe hacer es analizar los conflictos bélicos importantes alrededor del mundo, como los que tienen lugar en (la occidental región sudanesa de) Darfur, en la República Democrática del Congo y en el Medio Oriente. Es una gran agenda, pero si empieza por corregir los errores cometidos en la "guerra contra el terror", dará un paso hacia la restauración de la autoridad moral de Estados Unidos.
