En las últimas dos décadas, América Latina avanzó en la firma de instrumentos internacionales y nacionales para reconocer y proteger derechos de los indígenas. El problema es que no los cumple, reavivando la llama de la protesta.
Con importante población aborigen, México, Colombia, Ecuador y Perú ratificaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1989 para garantizar los derechos territoriales, sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas y tribales.
Todos, menos Colombia, votaron en 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"En teoría hay un reconocimiento importante, pero en la práctica no existe", señaló a Tierramérica el senador colombiano Jesús Enrique Piñacué, de la Alianza Social Indígena.
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El mayor "vacío" en Colombia es que el Estado no somete a consulta de los indígenas sus normas y medidas que podrían afectar a las comunidades, como aprobar inversión privada en sus territorios, pese a que lo exige el artículo sexto del Convenio 169, afirma Piñacué.
Desde el 12 de octubre, organizaciones indígenas colombianas protagonizan una inusitada movilización en abierto desafío a las políticas del presidente Álvaro Uribe y en reclamo de sus derechos colectivos.
En ese país de 44,6 millones de habitantes, de los cuales 1,6 millones son aborígenes, la guerra interna mata a un indígena cada 53 horas, y desde 2002 por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus tierras ancestrales, según la Organización Nacional Indígena de Colombia.
La Constitución colombiana de 1991 reconoció a las poblaciones nativas como autónomas con derecho a la propiedad colectiva de sus territorios, y a mantener su lengua, creencias y formas de justicia.
Colombia no votó a favor de la Declaración de la ONU, aduciendo problemas de seguridad nacional, pues el documento recomienda que no se desarrollen actividades militares en territorios indígenas. Si la hay, las etnias deben ser consultadas.
En la Amazonia peruana, los aborígenes también protagonizaron masivas protestas en agosto, para exigir la derogación de varios decretos que promueven la inversión privada en sus tierras.
El Congreso accedió a derogar dos de los decretos más polémicos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Pero el gobierno insiste en que el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 1994, no da a las comunidades derecho a vetar actividades que se realicen en sus tierras y por lo tanto sólo ha establecido como consulta talleres informativos a los pueblos sobre concesiones mineras y petroleras ya consumadas.
"Muchos funcionarios ni siquiera conocen el contenido de los convenios y otros los interpretan erróneamente", señaló a Tierramérica Graham Gordon, de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, que participó en la elaboración del informe alternativo de la sociedad civil sobre el cumplimiento del Convenio.
Perú fue uno de los principales impulsores de la Declaración de la ONU, pero ahora pone énfasis en su carácter no vinculante.
El artículo 42 de ese documento sostiene que las Naciones Unidas y los Estados "promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones", lo que dista de ser una disposición jurídica de carácter obligatorio.
La Constitución peruana de 1993 reconoce la diversidad cultural y la participación política de los aborígenes en cuotas, pero se refiere a comunidades nativas y campesinas, que ocupan 55 por ciento de las tierras agrícolas, y no a pueblos indígenas, lo que implicaría reconocerlos más allá de una delimitación territorial.
Ecuador consiguió a pulso importantes avances. Después del levantamiento del Inti Raymi, en junio de 1990, dirigido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el movimiento indígena se convirtió en un actor clave.
Así, los diputados que llegaron al Congreso legislativo por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, gestionaron la ratificación del Convenio 169 en 1997 y, al año siguiente, el reconocimiento constitucional de la consulta previa a las comunidades antes de iniciar la explotación de recursos naturales en sus territorios.
Este año, con la nueva Constitución aprobada el 28 de septiembre, Ecuador se declaró como Estado plurinacional e intercultural y ya no sólo multiétnico. Treinta y cinco por ciento de la población es aborigen, según las organizaciones nativas.
Sin embargo, el líder indígena Luis Macas, ex presidente de la Conaie, explicó a Tierramérica que en la nueva Constitución debería haberse establecido no la consulta previa a las etnias, sino el consentimiento previo, porque sólo así el gobierno se vería obligado a cumplir.
Las comunidades anuncian un levantamiento si se inicia una explotación minera a gran escala en sus territorios, pero el presidente Rafael Correa insiste en que los planes permitirán obtener recursos para el desarrollo social de los nativos.
En 1990, México fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio 169, pero sus medidas "no han aterrizado en la realidad frente a los problemas gigantes y ancestrales" pendientes, dijo a Tierramérica el indígena nahua Matías Trejo, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por la presión de la guerrilla zapatista en el sur del país, en la Constitución de 2001 se reconoció "la composición pluricultural del país", sustentada en pueblos indígenas "que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas".
Pero el Estado sigue siendo el que determina qué hacer con los territorios de las 62 etnias de México, donde son indígenas 11 millones de los 104 millones de habitantes.
A diferencia de otros países, en México no hay señales de movilizaciones masivas.
Cuarenta por ciento de los indígenas mexicanos de 15 años y más no concluyeron la educación primaria y, de ellos, 18 por ciento no tiene ningún grado de instrucción.
Más de 40 por ciento de sus viviendas tienen piso de tierra y no ofrecen resistencia ante fenómenos naturales como sismos e inundaciones.
En Perú, el distrito más pobre es el amazónico Balsapuerto. Más de 90 por ciento de las comunidades nativas que viven allí no tienen servicios básicos.
* Con aportes de Helda Martínez (Bogotá), Kintto Lucas (Quito) y Diego Cevallos (México).
