Sin «respuestas concretas» del gobierno, pero celebrando avances políticos, la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular dejó Bogotá este lunes, afirmando que la movilización seguirá y se definirán pronto nuevas acciones, incluso jurídicas.
"Una deliberada y clara falta de voluntad para resolver los temas fundamentales" reveló el gobierno, dijo a IPS Luis Evelis Andrade, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tras participar con otros dirigentes indígenas en una reunión con el Poder Ejecutivo, que se prolongó de las 10 horas de la mañana del sábado a la primera hora del domingo.
Once ministros participaron en la negociación en que la ONIC presentó cinco puntos de "incumplimientos" del gobierno, pero el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no recibió a representantes de los cerca de 15.000 indígenas de toda Colombia que estuvieron acampados en el campus de la Universidad Nacional desde el jueves.
Respecto de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los gobernantes dijeron que "no la pueden adoptar porque controvierte la Constitución", informó Andrade.
El gobierno quiere imponer reservas en tres puntos, autonomía territorial, consulta previa y subsuelo, sin los cuales "no es nada", señaló Ayda Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Sobre derechos humanos tampoco hay compromiso de respetarlos, "se pide disculpas, pero se hace lo mismo" en términos de violaciones, acotó.
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Otros de los cinco puntos "estructurales" se refieren a la agresión y ocupación de territorios indígenas, legislación del despojo, como el Estatuto del Desarrollo Rural que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y acuerdos incumplidos que se firmaron con los indígenas y otros actores sociales.
El gobierno del derechista Uribe prioriza políticas de "seguridad inversionista para los extranjeros", no le interesan los aborígenes y quiere que "los territorios indígenas estén a merced de las multinacionales", sostuvo Andrade.
Por eso no acepta reconocer la autodeterminación indígena sobre los territorios y sus recursos naturales, que obligaría a revisar sus políticas, rechaza desmilitarizarlos y el "consentimiento libre, previo e informado" para intervenciones en esos territorios, argumentando que correspondería a un "derecho al veto que nadie puede tener en Colombia", acotó.
Sin embargo, los ministros aseguraron que el gobierno "no denunciará el Convenio 169" que exige ese consentimiento previo, que "además es constitucional", observó. La Constitución colombiana reconoce los resguardos indígenas como "entidades territoriales" con régimen peculiar en materia de idioma, recursos naturales y autogobierno.
"No planteamos temas ideológicos, sino concretos y queremos respuestas concretas", en un segundo debate público que aspiran tener con el presidente Uribe, sostuvo Andrade.
Pese a las negativas gubernamentales, la Minga fue positiva, según sus dirigentes. "Hemos construido un proceso de interlocución política con los demás sectores, de conocer la experiencia de otros", según Quilcué.
Los distintos movimientos protestaron anteriormente contra la represión y el trato gubernamental de sus problemas, "pero eso nunca se reflejaba en el país e internacionalmente" y la Minga rompió esa barrera para "decirle al país y al mundo que en Colombia están pasando cosas que merecen atención", añadió.
"Hemos dicho a mucha gente que no somos terroristas, que lo que queremos son transformaciones reales, soluciones a nuestros problemas", completó Andrade.
"La evaluación es positiva", pues se establecieron "puentes que facilitan que las partes se acerquen para dialogar", con confianza tanto por parte de los indígenas como del gobierno, destacó el sacerdote Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional creada por la Iglesia Católica en los años 90.
Lástima sería si se hubiera llegado a un rompimiento, observó Echeverri, realzando la "significación política del proceso", que reconoce las minorías como actores a considerar, en una reunión negociadora que se prolongó por todo el día y la noche del sábado, involucrando a once ministros de Estado. "Eso tiene valor", apuntó.
Además hubo "avances muy significativos" como el hecho del gobierno aceptar un diálogo sobre la Declaración de la ONU, pese a las salvedades, y de disponerse a cumplir los acuerdos ya firmados con los indígenas, comentó a IPS.
Importante para los indígenas es también la cuestión de "ser tachados indiscriminadamente de cómplices de los grupos terroristas del país", lo cual golpeaba su dignidad. Los ministros reconocieron, "quizás no con la fuerza que nosotros hubiéramos esperado", que no es así, que la realidad indígena se distingue de la lucha que interfiere en sus vidas, señaló Echeverri.
El sacerdote católico ejerció el papel de facilitador en ese diálogo, junto con otras personalidades, como Luis Martínez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No es correcto llamarlos "garantes", como se difundió, porque no hubo acuerdo firmado entre las partes, aclaró Echeverri.
También es positivo que los reclamos indígenas se afirmaron como una causa nacional, no regional, aunque no como una "Minga Social Nacional" de todos los movimientos sociales, porque fue una manifestación de aborígenes y como tal negoció con el gobierno, concluyó.
Pero se establecieron alianzas, hubo participación de organizaciones campesinas, estudiantes y sindicales en las marchas iniciadas el 14 de octubre, que recorrieron gran parte del país y que tuvo su etapa final desde el 9 de este mes, culminando con la presencia en Bogotá desde el jueves.
"La Minga nos dio fuerza para retomar las campañas", dijo Frenyi Jiménez, de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, en el Magdalena Medio, centro del país, recordando que su movimiento se debilitó por la dura represión que sufrió en años anteriores, que resultó en la muerte de 22 campesinos acusados de pertenecer a la guerrilla izquierdista, los "falsos positivos".
Su Asociación actúa en una reserva campesina en la que quedan 60.000 familias, después de muchos desplazados de sus hogares por la violencia. Jiménez es uno de los dirigentes rurales que participaron en la Minga y se encontraban acampados en la estatal Universidad Nacional.
Otro es Marcos Núñez, un desplazado del nororiental departamento de Santander, quien señaló a IPS la similitud de los problemas indígenas y campesinos ante operaciones militares, el combate a las drogas, fumigaciones, restricciones a la entrada de alimentos y la venta de tierras de las reservas campesinas a las multinacionales.
Esas alianzas son importantes porque en Colombia cada sector social lucha separadamente por sus derechos y "vale la pena unirnos para ser contundentes en nuestras exigencias", como fue la Minga, con más fuerza ante el actual gobierno, concluyó Ayda Quilcué.
