Las elecciones municipales del próximo domingo han polarizado a Nicaragua, ya que la oposición busca convertirlas en un referendo contra el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los comicios son para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales en 146 de los 153 municipios del país.
El gobierno decidió que la votación no se realizara en los siete municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte por estar aún inmersa en la crítica situación que la dejó el huracán Félix en septiembre de 2007, que arrasó la zona. Fue postergada para enero próximo, lo cual generó protestas y disturbios entre la población local.
En los comicios participan cinco agrupaciones: Alternativa para el Cambio, Alianza Liberal Nicaragüense, Partido de la Resistencia Nicaragüense, el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Los tres primeros, según las encuestas, tienen pocas posibilidades de triunfo.
La batalla por el poder municipal se libra entre el FSLN, liderado por el presidente Daniel Ortega, y el derechista PLC, encabezado por el ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por delitos de corrupción durante su gestión de 1997 a 2001.
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Aunque Ortega y Alemán se han unido desde 1998 para reformar leyes y en beneficio de sus partidarios, las diferencias afloran en tiempos electorales, cuando cada uno de ellos pretende arrebatar al otro el poder político en esta nación centroamericana de 5,4 millones de habitantes.
El terreno de batalla principal es Managua, con 1,5 millones de habitantes, que es el motor económico del país y es la principal fuente de recaudación de impuestos para las arcas fiscales de la nación.
Los dos principales aspirantes a la alcaldía de Managua son el sandinista ex campeón de boxeo Alexis Argüello, de 54 años, y el banquero Eduardo Montealegre, de 53 años, del PLC.
Mientras Argüello pone énfasis en las obras sociales del gobierno y se dirige a la población pobre con el lema de "Vamos por más victorias", el liberal Montealegre recurre a la polarización con el mensaje "Todos contra Ortega".
"Todos en Nicaragua sabemos que Argüello es un candidato títere de Ortega, que obedece ciegamente al matrimonio matrimonial y que no hará más que fortalecer la dictadura sandinista", acusó Montealegre al hablar con IPS, en referencia a la influyente esposa del mandatario, Rosa Murillo.
Los liberales, conservadores, movimientos sociales independientes, feministas, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, sectores religiosos y estudiantes universitarios acusan a Ortega de perseguir y atacar a sus opositores y de manipular las leyes para perpetuarse en el poder.
Argüello enfoca su campaña bajo mensajes de amor, reconciliación y paz a los pobres. El candidato del FSLN se limita a enfatizar los programas sociales gubernamentales.
Se lo ha visto inaugurando clínicas, repartiendo bonos alimenticios, entregando casas construidas por programas gubernamentales, computadoras, bicicletas, cocinas y recorriendo Managua en vehículos oficiales acompañado de trabajadores públicos.
El equipo de campaña de los liberales y sus aliados resalta en su propaganda acciones de violencia de partidarios sandinistas e imágenes de jueces, policías y abogados allanando oficinas de organizaciones no gubernamentales acusadas por los sandinistas de lavado de dinero, así como discursos de Ortega amenazando con "el acero de guerra" a sus adversarios.
La principal meta de los liberales, según el ex presidente Alemán, es castigar al gobierno de Ortega con un rechazo masivo a su gestión y recuperar más de 100 alcaldías. Por otro lado, el FSLN pretende legitimar su administración entre los sectores populares y sobrepasar las 87 alcaldías ganadas en las elecciones de 2004.
La polarización lleva a que haya brotes diarios de violencia entre partidarios del oficialismo y del PLC, que incluyen golpes, pedradas, destrucción de propaganda y amenazas de muerte, según informes policiales y de los medios de prensa.
Ortega llamó a la población a mantener la calma. Dijo que la policía tiene instrucciones precisas de no permitir ningún acto de provocación. Desde hace dos semanas brigadas de tropas especiales acompañan las caravanas electorales de los partidos.
La oposición agita el fantasma del fraude electoral. Se basan en la negativa del gobierno a acreditar observadores nacionales e internacionales independientes para supervisar los comicios. Se ha negado la participación a 14 organizaciones civiles que solicitaron participar en el proceso.
Dos de ellas, Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, cuentan con más de 30.000 observadores voluntarios que están dispuestos a supervisar las elecciones, aún sin el permiso oficial.
"Sin violentar la Ley Electoral, sin incidir en el desarrollo normal de las votaciones y sin perjudicar a nadie, vamos a hacer nuestro trabajo. Tenemos suficiente experiencia y capacidad para hacerlo en un marco de legalidad", dijo a IPS Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia.
Ortega también se ha opuesto a la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea (UE), porque argumenta que están subordinados a los intereses de Estados Unidos.
Esto ha generado fuertes roces diplomáticos entre el gobierno de Managua con el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y los países miembros la UE. Finlandia suspendió su ayuda económica a Nicaragua por la falta de supervisión electoral, ya que así se violan los acuerdos de cooperación en materia de gobernabilidad.
En medio de las tensiones y la violencia callejera, organismos de la sociedad civil llaman a la población a participar en los comicios y a comportarse de manera cívica.
El arzobispo católico de Managua, Leopoldo Brenes, invitó a la población a ser tolerante.
"Vayamos todos a votar y ahí, en silencio, en esa cajita, escojamos a la persona idónea para dirigir nuestros destinos con honestidad y transparencia", dijo.
"Si los votos les favorecen pónganse contentos, pero si no, tengan la capacidad de aceptar lo que la población escogió", agregó Brenes.
Asimismo, el jefe del ejército, general Omar Halleslevens, señaló que "no hay razones ni condiciones en este país para la violencia, todos debemos participar de manera pacífica y madura".
El ejército está encargado del traslado y custodia de las urnas. Más de 8.000 soldados y 6.000 policías controlarán los comicios.
