El acuerdo de seguridad bilateral firmado el lunes cierra la puerta a la posibilidad de mantener la presencia militar de Estados Unidos en Iraq más allá de 2011, de forma aun más categórica que anteriores borradores del convenio.
De esta forma llega a su fin la aspiración del gobierno de George W. Bush de conservar tropas en el largo plazo, con el objetivo de proyectar su poder desde territorio iraquí y mantener la dependencia de las fuerzas de ese país en materia de entrenamiento, asesoramiento y apoyo.
El acuerdo resulta embarazoso para el gobierno de Bush, que había adoptado la posición de que el texto fuera consistente con sus demandas de una retirada de tropas sujeta a las "condiciones sobre el terreno".
En lugar de ajustar la retórica a la letra del acuerdo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo el lunes que las fechas contempladas en el texto son sólo "aspiraciones" respecto de la retirada total de Iraq.
A mediados de agosto, el gobierno de Bush aún mantenía en las negociaciones la posición de que las fechas eran "objetivos temporales", y no un plazo límite firme, y que cualquiera de las dos partes podría extender o reducir el período en el cual debían retirarse las tropas.
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Pero esa demanda fue rápidamente abandonada, quizás como reconocimiento al hecho de que el presidente electo, Barack Obama, repatriaría a los soldados estadounidenses antes del plazo establecido en el texto del acuerdo.
El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, apoyó la posición de la Casa Blanca, sugiriendo que los militares estadounidenses continuarían dialogando con sus pares iraquíes y que era posible, "teóricamente", extender el plazo para una retirada completa.
El comentario de Mullen revela hasta qué punto los jefes militares han permanecido fuera de contacto con la realidad política iraquí, caracterizada por el nacionalismo y la resistencia a la dependencia de las tropas estadounidenses.
El borrador del acuerdo contenía un lenguaje que permitía extender el plazo de la ocupación más allá de 2011. Señalaba que Iraq podía "solicitar al gobierno de Estados Unidos mantener fuerzas específicas con propósitos de entrenamiento y apoyo a sus fuerzas de seguridad", aunque sujeto a la aprobación del parlamento de ese país.
Sin embargo, esa referencia no figura en el texto final del acuerdo a causa de las exigencias del gobierno iraquí en tal sentido. Eso fue el resultado de intensas presiones de los partidos chiítas —mayoritarios en la coalición oficialista— que se alinean con Irán y responden al descontento popular ante la ocupación militar.
Los partidos proiraníes amenazaron con oponerse al acuerdo en el parlamento si no se removía esa parte del texto.
Era conocido desde hace meses que el acuerdo requeriría que las tropas estadounidenses se retiraran de las zonas pobladas para fines de junio de 2009. Pero una referencia que se introdujo al texto en octubre sugiere fuertemente que el gobierno iraquí buscará acelerar ese proceso.
El artículo 25 señala que las tropas de combate deberán "retirarse de todas las ciudades, pueblos y aldeas tan pronto como las fuerzas iraquíes tomen la responsabilidad total para el mantenimiento de la seguridad".
Otra señal sobre la intención iraquí de acelerar el proceso de reducción de la dependencia de Estados Unidos es el nuevo lenguaje empleado en la versión final del acuerdo. En el artículo 25 también se requiere la creación de "mecanismos para reducir el nivel de fuerzas estadounidenses dentro de períodos específicos".
Asimismo, el texto firmado el lunes prohíbe a las tropas ocupantes realizar operaciones militares sin la aprobación previa del gobierno de Iraq o detener a cualquier ciudadano sin orden de un tribunal de ese país. Esto marca un claro contraste con la independencia prácticamente total con la que habían actuado hasta 2008.
El acuerdo constituye un reconocimiento formal del llamativo cambio en las relaciones de poder entre la potencia ocupante y el Estado creado bajo su protección. El gobierno que parecía un "régimen cliente" estaba, en realidad, esperando el momento para ejercer un control real sobre las tropas invasoras.
No sólo Bush, sino los militares estadounidenses y la mayoría de los expertos en seguridad nacional asumieron durante las negociaciones que Bagdad aceptaría mantener las funciones de asesoramiento y entrenamiento de las tropas ocupantes y que apoyarían las misiones que Washington quisiera desarrollar en su territorio.
Se hablaba de mantener, en forma indefinida, entre 40.000 y 50.000 soldados.
El razonamiento era que las fuerzas de seguridad iraquíes no podrían pelear una guerra de contrainsurgencia sin la participación directa de Estados Unidos. Pero esa suposición reflejaba intereses políticos antes que el punto de vista de los líderes de Iraq.
La disposición del gobierno de Bagdad a continuar sin la ayuda que Washington consideraba indispensable para su supervivencia refleja la divergencia de intereses sobre cómo manejar a los disidentes chiítas y sunitas, las dos ramas principales de la fe musulmana.
El gobierno iraquí, dominado por los chiítas, confía más en su capacidad para enfrentar una hipotética resistencia militar sunita si no existe una abrumadora presencia de tropas estadounidenses.
Su confianza es aún mayor en su habilidad para manejar el problema de la resistencia del clérigo chiíta Moqtada al-Sadr, líder del llamado Ejército Mahdi, asumiendo una posición nacionalista en el tema de las tropas estadounidenses antes que confiando en su protección.
Desde el punto de vista iraquí, una serie de acuerdos con al-Sadr gestionados por Irán garantizaron mayor seguridad en 2008 que la aportada hasta ese momento por las operaciones militares de Estados Unidos contra sus seguidores.
En un sentido geopolítico más amplio, el acuerdo del lunes revela que el poder militar de Estados Unidos en Iraq no puede convertirse en influencia sobre el país a largo plazo.
Una vez que un gobierno chiíta, con estrechos lazos políticos y religiosos con Irán, llegó al poder, era inevitable que la dependencia respecto del poder militar estadounidense no fuera más que una política temporaria, hasta que las condiciones permitieran abandonarla.
* Gareth Porter es historiador y experto en políticas de seguridad nacional de Estados Unidos. "Peligro de dominio: Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en Vietnam", su último libro, fue publicado en junio de 2005 y reeditado en 2006.
