La fiscalía de Perú pidió 20 años de cárcel para Roque Gonzales La Rosa, miembro de la desmantelada Coordinadora Continental Bolivariana-Capítulo Perú (CCB-CP), de inspiración chavista, a la que atribuye vínculos con la guerrilla colombiana de las FARC.
Gonzales La Rosa y otras seis personas fueron arrestadas por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) en la frontera de Perú con Ecuador, el 29 de febrero, cuando regresaban al país desde Quito, donde habían participado del Segundo Congreso de la CCB, la agrupación que sigue los postulados izquierdistas del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
La Dircote informó a la justicia que Gonzáles La Rosa, líder de la delegación, había estado preso nueve años por haber militado en el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), la menor de las dos insurgencias que protagonizaron la guerra interna de Perú (1980-2000), atribuyéndole además lazos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
"Estamos seguros de que él, o algún emisario suyo, tuvo contacto directo con las FARC", sostuvo el procurador Julio Galindo, quien promueve la acusación contra Gonzáles La Rosa.
Galindo se basó en informes sobre el contenido de las computadoras de Raúl Reyes, portavoz y uno de los siete miembros del secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, muerto el 1 de marzo en la incursión realizada por tropas colombianas en un campamento de ese grupo en territorio de Ecuador.
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Según esos informes, "un peruano" habría recibido 100.000 dólares de las FARC. Galindo solicitó esos datos a través del Ministerio de Defensa, pero no recibió nombres sino seudónimos.
El diario La Primera publicó este mes un informe de la División de Investigación de Terrorismo Internacional, de Interpol, entregado a la fiscal Fanny Escajadillo, que señala que varios dirigentes de izquierda tendrían vinculaciones con las FARC, también según la información de las computadoras de Reyes.
Entre los supuestos relacionados con las FARC se menciona a Renán Raffo, dirigente del Partido Comunista Peruano, Alberto Moreno, del Partido Comunista del Perú-Patria Roja y Olmedo Auris, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú.
Nueve meses después de la detención de las siete personas en la frontera con Ecuador, Gonzáles La Rosa es el único de ese grupo que permanece arrestado, aunque las otras seis personas están procesadas. Ha solicitado la revocación de la detención por un régimen de libertad restringida.
Galindo pidió al tribunal que rechace el pedido y acusó a Gonzáles La Rosa, durante esa audiencia judicial, de desafiar a las autoridades por llevar puesta una camiseta roja, a su juicio "un color subversivo".
En una entrevista con IPS, Gonzáles La Rosa negó las acusaciones y reivindicó su "derecho" a reinsertarse "plenamente en la vida familiar, laboral y política".
IPS: ¿Qué pruebas se han presentado en su contra?
ROQUE GONZÁLES LA ROSA: Haber asistido a la reunión de la CCB en Quito, pero yo no he sido el único, hubo centenares de delegados. Haber visto un video de Raúl Reyes, pero ni yo ni ninguno de los enjuiciados por este caso lo ha visto. También se menciona que pertenecí al MRTA, pero eso fue 12 años atrás.
No tiene ningún sentido ni relevancia hurgar en un hecho por el que cumplí la totalidad de mi condena. Tengo derecho a reinsertarme plenamente en la vida familiar, laboral y política. No puedo ser un sospechoso a perpetuidad.
IPS: Usted viajó a Quito como delegado de la CCB-Perú. ¿Sabía que la policía colombiana señala que en la computadora de Reyes existe información que indicaría que la CCB es una creación de las FARC?
RGLR: En ningún momento del juicio eso ha sido señalado. Tampoco lo ha indicado la policía antiterrorista peruana. Al respecto, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, encargado de las investigaciones sobre Reyes, dijo en una visita a Lima en junio que la supuesta mención de alguien en el computador no es de por sí un elemento probatorio que permita acusar a una persona ante los jueces.
Estamos hablando del fiscal general de Colombia y no del risible procurador Galindo.
IPS: ¿Usted discrepa con las FARC o las apoya?
RGLR: Para usted parece que el antónimo de discrepar es apoyar. Lo que digo es que las FARC, al margen de nuestras discrepancias o simpatías, es un problema que concierne moralmente a todo latinoamericano. La violencia política que desangra a Colombia no terminará con adjetivos. Las FARC, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado deben desaparecer.
IPS: El fundador y dirigente del MRTA, Víctor Polay, ha dicho públicamente que la lucha armada ya no tiene sentido para llegar al poder. ¿Piensa lo mismo?
RGLR: Es por eso que el MRTA no figura en ninguna lista de agrupaciones subversivas y por eso no existe ninguna persona que luego de salir de prisión haya sido enjuiciada nuevamente por terrorismo.
Son el gobierno y los sectores más conservadores quienes resucitan al MRTA, levantando fantasmas del pasado para justificar sus necesidades mezquinas y antidemocráticas. Y respecto a las reflexiones de Polay sobre la lucha armada no me interesan en lo mínimo, porque no son parte de mis preocupaciones personales.
IPS: Después de cumplir la condena de nueve años, ¿estuvo bajo control de las autoridades?
RGLR: Cumplí cabalmente la totalidad de controles ante el Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Judicial, la Fiscalía y la policía antiterrorista, sin faltar a ningún requerimiento durante más de dos años. Y en 2007 quedé plenamente rehabilitado. Se anularon todos los antecedentes. No tengo asuntos judiciales pendientes.
IPS: Sin embargo, la policía antiterrorista lo filmó en actividades políticas.
RGLR: En efecto, pero mis actividades políticas eran públicas, como se puede ver en las declaraciones que hice a la prensa. Debo decir que en 2006, con autorización judicial, la policía antiterrorista interceptó mis comunicaciones telefónicas. Y como consta en documentos de esa investigación no resultó nada. Además, en 2007 me radiqué en el exterior. ¿Dónde surge la actividad terrorista?