Basándose sobre datos extraídos de la computadora del líder guerrillero colombiano Raúl Reyes, la policía antiterrorista de Perú solicitó a la justicia la prisión de 14 personas por supuestos vínculos con las insurgentes FARC, entre ellas izquierdistas opositores y sindicalistas.
Fuentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) aseguraron a IPS que el contenido de los correos electrónicos hallados en la computadora del asesinado Reyes completaba una pesquisa de esa dependencia policial peruana sobre los nexos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en este país.
Los datos remitidos por las autoridades colombianas probarían, según Dircote, que los incriminados habrían cometido el delito de colaboración con el terrorismo, sancionado con una pena no menor a 30 años de prisión.
Pero dos de los imputados, el secretario general del Partido Comunista del Perú-Patria Roja (PCP-PR), Alberto Moreno, y el dirigente del Partido Comunista Peruano-Unidad (PCP-U), Renán Raffo, aseguran que la medida es parte de un plan gubernamental para encarcelar opositores.
El PCP-PR y el PCP-U son partidos legales que incluso llegaron a tener representación en las dos cámaras del Congreso legislativo, y que están inscriptos en el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
[related_articles]
Olmedo Auris, ex secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (Sutep) y vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), es otro de los dirigentes cuya detención solicitó la División de Investigación del Terrorismo Internacional (Diviti).
"La investigación sobre los nexos de las FARC con agrupaciones radicales en Perú no nace a partir de los correos electrónicos y documentos encontrados en el computador de Raúl Reyes", aseguraron a IPS las fuentes de la policía antiterrorista.
"Lo que lo recibimos de las autoridades de Colombia completó nuestro trabajo, permitiéndonos confirmar la identidad de quienes cooperan con la organización terrorista de las FARC. Se trata de una investigación de varios meses", agregaron.
La policía también solicitó la citación del ex candidato presidencial Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, para que explique a las autoridades sobre sus reuniones con el miembro venezolano del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) Amílcar Figueroa, seguidor del presidente Hugo Chávez y a quien se le atribuyen contactos con las FARC.
Humala respondió que la investigación de la policía antiterrorista "es una persecución política", dado el carácter opositor de su Partido Nacionalista.
El diario La Primera, vinculado con ese sector político, reveló una copia del informe elevado por la policía antiterrorista a la fiscal Fanny Escajadillo para solicitarle la orden de detención para los 14 imputados.
Pero el ministro del Interior, general de la policía retirado Remigio Hernani, negó que su cartera hubiera gestionado el requerimiento
Sin embargo, la fiscalía confirmó que estaba en trámite la solicitud de detención emitida por la Diviti, el mismo equipo policial especializado que montó el operativo para detener en la frontera con Ecuador a nueve peruanos que habían participado en febrero en el segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).
De acuerdo con la policía antiterrorista, en el computador de Raúl Reyes había numerosos correos electrónicos que le remitió la integrante de las FARC Nubia Calderón Trujillo, conocida como "Esperanza", en que le detallaba reuniones que sostuvo con dirigentes de la izquierda peruana.
Calderón es una sobreviviente del ataque en marzo de las fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en Ecuador que le costó la vida a Raúl Reyes.
La policía antiterrorista peruana acreditó con imágenes de vídeo las reuniones de "Esperanza" con dirigentes de la izquierda peruana, realizadas con la aparente finalidad de organizar una red de apoyo a las FARC.
Los dirigentes de izquierda negaron los encuentros con "Esperanza", excepto, Alberto Moreno, del PCP-PR.
"En enero de 2001, nos reunimos en Lima con Nubia Calderón, quien estaba involucrada en el proceso de entendimiento entre el gobierno de Colombia y las FARC", explicó Moreno a IPS.
"Calderón vino a buscar respaldo para el proceso de paz y nosotros nos reunimos con ella con esa finalidad. Se trataba de un proceso en el que también estaban involucrados (la Organización de) las Naciones Unidas y la Unión Europea. Esos encuentros nada tenían que ver con una colusión para perpetrar actos terroristas", sostuvo.
En cambio, el también imputado Raffo, del PCP-U, negó haberse reunido con representantes de las FARC y reclamó que lo investigaran para corroborar que no tuvo vínculos con la organización colombiana.
"Los del Partido Comunista (Peruano-Unidad) no nos hemos reunido con nadie relacionado con las FARC", dijo Raffo a IPS.
"Pero sí nos hemos encontrado con parlamentarios venezolanos que vinieron para una serie de conferencias sobre la vida de José Carlos Mariátegui, fundador de nuestro partido, pero ninguno de ellos está relacionado con actividades de organismos terroristas", agregó el dirigente.
"Es una irresponsabilidad del gobierno (el) que como única prueba cite fuentes de la policía colombiana. Hemos pedido que nos den acceso a los documentos acusatorios y las autoridades se niegan. Ni siquiera nos permiten defendernos", acusó.
El sindicalista Auris también negó relaciones entre dirigentes de la CGTP y representantes o enviados de las FARC.
"Sostener que tuvimos o tenemos vínculos con las FARC es una afirmación inverosímil. Emplazo a las autoridades del gobierno a que prueben que tenemos relación con el terrorismo", aseguró a IPS
"Lo que se encontró en la computadora de Raúl Reyes no es prueba para relacionarnos con las FARC, porque nadie garantiza que no se haya sembrado algo contra nosotros", añadió.
El primer ministro Yehude Simon, quien estuvo preso ocho años y medio por apología del terrorismo, aseguró que el gobierno no perseguía a dirigentes políticos de la oposición ni a sindicalistas.
"No hay de parte del (Poder) Ejecutivo ningún tipo de persecución ni para Ollanta Humala, ni para Olmedo Auris, ni para nadie", expresó Simon, quien fue dirigente de izquierda en los años 80 y 90.
Pero Alberto Moreno, Renán Raffo, Olmedo Auris y los otro 11 sospechosos —también relacionados con grupos izquierdistas, nacionalistas y otros de la oposición— perciben en la acusación el objetivo gubernamental de silenciar a la disidencia.
"Lo que busca el gobierno es desacreditarnos para anularnos en las próximas elecciones", previstas para 2011, señaló Moreno.
"Por supuesto que se trata de una persecución política orientada a reprimir la protesta social y política en el país, con el objetivo de sofocar la alternativa nacionalista e izquierdista, socialista y popular, que crece en el país y se prepara para ganar las elecciones", apuntó Auris.
"Estamos con orden de captura, bajo vigilancia permanente. ¿No es eso persecución? Se están violando nuestros derechos constitucionales, porque no es un delito ser de izquierda, tampoco oponerse al gobierno y mucho menos reunirse con políticos en actividades legales", concluyó Raffo.
La divulgación del pedido de la policía antiterrorista para detener a los 14 izquierdistas, y de citar a la fuerza a Ollanta Humala, parece haberse desactivado por las autoridades judiciales, que no han tomado ninguna acción.
Y el gobierno tampoco ha reclamado al respecto, por el momento.
