Las ejecuciones extrajudiciales que la fuerza pública comete en Colombia se tipifican como crimen de lesa humanidad, estimó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al finalizar una visita de seis días a este país.
"Un delito se convierte en crimen de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil. Nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que, efectivamente, esta práctica es sistemática y difundida, en mi visión", respondió Pillay a una pregunta de IPS en su único encuentro con medios de comunicación, el sábado.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), plataforma de cerca de 200 organizaciones humanitarias, entre enero de 2007 y junio de 2008 "una persona perdió la vida diariamente por ejecución extrajudicial" cometida directamente por la fuerza pública.
La práctica casi se ha triplicado desde que fue investido presidente Álvaro Uribe, en agosto de 2002, según la misma estadística. Y se comete en todas las regiones del país, según estadísticas de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas, integrante de CCEEU.
Pillay habló de un "nivel continuo de ejecuciones extrajudiciales", que "son muy alarmantes" y "están afectando a la población".
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Pero los militares implicados podrían no tener que responder ante la Corte Penal Internacional (CPI), de la cual la sudafricana Pillay fue jueza, debido a que el gobierno colombiano está comenzando a actuar sobre los responsables, aclaró.
La meta es que las autoridades nacionales investiguen estos crímenes y persigan a los perpetradores, explicó Pillay, "y solamente cuando un país no puede o no tiene la voluntad de investigar y perseguir esos crímenes graves, en esa situación la CPI tendría la competencia para intervenir".
Justo en medio de su visita a Colombia, el gobierno de Uribe destituyó el 29 de octubre a 20 oficiales, incluyendo tres generales, y a siete suboficiales, por hechos de desaparición y fusilamiento de civiles cometidos este año, y que luego fueron presentados por autoridades militares como bajas en combate.
Ese mismo día la CCEEU y otros defensores de derechos humanos presentaron en total cuatro informes sobre ejecuciones extrajudiciales en este país andino, que vive hace 44 años en una guerra entre guerrillas de izquierda y fuerza pública apoyada por paramilitares de ultraderecha.
Los militares fueron destituidos por omisión o falta de mando sobre sus tropas, y en la prensa colombiana se subraya que son inocentes hasta no ser condenados en juicio.
Pero la Alta Comisionada indicó que, en reuniones con el Ministerio de Defensa "les he hecho notar que, de acuerdo a los estándares internacionales, un superior podría ser penalmente responsable por crímenes cometidos por sus subordinados bajo su autoridad y control. Y como resultado de su falta de ejercicio del control sobre esos subordinados".
"Así que esa es la base sobre la cual ha actuado el gobierno", estimó, "y yo estoy alentando a que el proceso de investigación se siga de forma consecuente a través de todos los rangos, hasta llegar efectivamente a los que consumaron el acto".
Pillay alentó al Ministerio de Defensa a seguir trabajando para asegurar que las órdenes centrales se cumplan en el nivel operacional.
"Reconozco que esto ha sido un desarrollo histórico en donde el gobierno rinde cuenta con respecto a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas", matizó.
Las destituciones, que el gobierno promete continuar, son "una señal esperanzadora de que semejantes atrocidades no van a ser toleradas y que el ejército está abandonando el conteo de cuerpos como criterio de éxito en sus operaciones" manifestó la Alta Comisionada.
"Las altas autoridades militares", agregó, "dicen que el avance en la seguridad se puede medir a través de adhesión a la legalidad y respeto a los derechos humanos".
La Oficina de la Alta Comisionada en Colombia reclama desde 2004 al gobierno que deje de estimular el "conteo de cuerpos", pues a las reales bajas en combate —aupadas mediante premios, días libres y bonificaciones— termina sumándose el fusilamiento de civiles. En 2006, en la última entrevista que concedió antes de dejar la dirección de la Oficina en Colombia, el sueco Michael Frühling advirtió sobre las ejecuciones extrajudiciales que "el gobierno está al tanto de muchos de estos casos porque lo hemos hablado".
"El gobierno ha tomado ciertas medidas porque está preocupado, parece, aunque no lo haya dicho en público", dijo entonces Frühling al periódico Un Pasquín, del caricaturista Vladdo.
El Informe fFnal de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, integrada por 13 profesionales independientes de Alemania, España, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, identifica unos patrones en las ejecuciones extrajudiciales.
Presentado al mismo tiempo que el informe de la CCEEU, advierte que "no se trata de hechos aislados sino de conductas sistemáticas que responden a una premeditación".
"Existe un sistema de incentivos para los militares", dijo el alemán Stefan Ofteringer, uno de los 13 expertos de la Misión que conoció directamente 135 casos, de 955 ejecuciones extrajudiciales que documentó la CCEUU desde 2002.
"Hay incentivos económicos", agregó, "y hay premios a resultados positivos que hemos podido constatar en muchos casos que hemos podido conocer"
Pero también hay "intimidaciones y agresiones contra familiares de víctimas que han querido tener acceso a los casos, a los procesos jurídicos, o a los cuerpos", y los defensores de derechos humanos que acompañan a estas familias también son amenazados, dijo.
La Misión considera que los esfuerzos realizados en 2007 por la Oficina de la Alta Comisionada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones colombianas humanitarias, así como ella misma, determinaron que el 2 de noviembre de ese año el Ministerio de Defensa ordenara trasladar a la justicia civil las investigaciones penales por homicidio.
Pero, al mismo tiempo, los casos en la justicia ordinaria no avanzan lo suficiente, hay escasez de fiscales en los casos y no están tras los autores intelectuales.
"Pedimos el condicionamiento de la ayuda militar, en particular, a la evolución de las ejecuciones extrajudiciales, y en general, al comportamiento de la fuerza pública en derechos humanos", precisó Ofteringer a IPS.
El experto indicó que los países deben evaluar el cumplimiento de Colombia de las recomendaciones que anualmente establece la Alta Comisionada, en la perspectiva del Examen Periódico Universal al que se someterá este país voluntariamente el próximo 10 de diciembre en Ginebra, señaló, "por eso el resultado de nuestra misión va mucho más allá que casos aislados".
