La base de datos de cabilderos creada por la Unión Europea (UE) para mejorar la transparencia es defectuosa, pues se trata de un registro voluntario y no incluye información básica, como la identidad de sus empleados, advirtieron activistas.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, inauguró en junio esta base de datos en Internet para almacenar información sobre firmas de relaciones públicas, abogados y organizaciones no gubernamentales que sirven de nexo entre sus clientes y funcionarios del bloque.
Pero —a diferencia, por ejemplo, de las normas que rigen la misma materia en Estados Unidos—, el programa europeo es completamente voluntario, y, según organizaciones de la sociedad civil, no brinda un panorama claro sobre los recursos que emplean esos grupos de presión.
El director de la unidad europea de la organización ambientalista Greenpeace Internacional, Jorgo Riss, dijo que el registro ni siquiera da detalles básicos sobre los empleados de firmas de cabildeo operativas en Bruselas.
"Un registro de cabilderos sin sus nombres es tan útil como una guía telefónica sin números", opinó.
Riss alegó que el sistema estadounidense de registro obligatorio y con sanciones financieras para los omisos funciona mejor.
Cada tres meses, las firmas de cabildeo en Washington deben completar un formulario de cuatro páginas para detallar su lista de empleados, cuánto dinero han gastado y a favor o en contra de qué legislación.
Este sistema ayudó a periodistas e investigadores de la sociedad civil a detectar casos de funcionarios que "vendieron" sus conocimientos sobre el sector estatal al privado, entre otros conflictos de intereses.
Por ejemplo, las actividades de Jack Abramoff, un activista del gobernante Partido Republicano condenado por corromper a legisladores con dinero, ágapes suntuosos y vacaciones pagadas.
Según estimaciones de la propia la Comisión Europea, Bruselas tenía en 2005 unos 15.000 cabilderos, la mayoría de los cuales representan a corporaciones. Hasta ahora, apenas 480 registraron sus actividades.
Entre ellos figuran 286 departamentos de las propias empresas, 39 firmas de relaciones públicas o consultoras profesionales que representan a terceros y 120 organizaciones no gubernamentales o de expertos.
Muchos abogados participan en la redacción de propuestas legislativas a instancias de clientes corporativos, apenas cuatro firmas legales se han registrado hasta ahora en la base de datos.
Y en la base de datos no figuran algunas de las gigantes mundiales de las relaciones públicas, como Burson-Marsteller y Hill & Knowlton —a cargo de convencer al público estadounidense de la "necesidad" de ir a la guerra contra Iraq a comienzos de los años 90—, aunque tienen oficinas en Bruselas.
En los últimos años Burson-Marsteller ha estado especialmente activo en el rastreo de leyes ambientales en nombre de la industria química.
El registro se limita a organizaciones, y no se aplica a individuos contratados para trabajar en campañas específicas. Tampoco proporciona una transparencia real sobre los "grupos de expertos" formados por la Comisión para brindar asesoramiento en la elaboración de nuevas propuestas.
Cuando la Comisión creó algunos de esos grupos para abordar la política de la UE en materia de biocombustibles, los invitados a participar procedían casi exclusivamente de la industria, no de organizaciones ambientalistas o de derechos humanos.
La red conocida como Grupo de Contacto de la Sociedad Civil de la UE propuso pautas para mejorar el registro y pidió a sus organizaciones afiliadas que presenten a la Comisión detalles precisos de quiénes trabajan para ellos, así como sus presupuestos y críticas a la base de datos.
El registro "no brinda una respuesta clara a preguntas que consideramos muy importantes para los ciudadanos", dijo Fintan Farrell, de la Red Europea Anti-Pobreza.
Muchas organizaciones contemplaron la posibilidad de boicotear el programa. Pero tras un extenso debate decidieron que era "mucho más importante ofrecer una crítica constructiva", dijo.
Monique Goyens, portavoz de la Organización de Consumidores Europeos, observó que la derrota del Tratado de Lisboa en el referendo en Irlanda a comienzos de año fue una nueva señal de que muchos ciudadanos comunes ven a las instituciones de Bruselas como distantes.
"Un registro fuerte beneficiaría a la democracia y a los ciudadanos europeos, que quieren saber quiénes son los actores reales en Bruselas, particularmente en un momento en que la UE se esfuerza por ganar la confianza del público", agregó.
Alrededor de 80 por ciento de la legislación sobre defensa de los consumidores que se aplica en la UE fue redactada en Bruselas, señaló Goyens. El público, según ella, debería saber qué compañías procuran obstaculizar propuestas en la materia.
Citó como ejemplo a los fabricantes de huevos de chocolate, que lograron quedar al margen de la nueva legislación sobre seguridad de los juguetes, a pesar de evidencias de que los niños pueden atragantarse los que vienen de obsequio con esas golosinas.
Valérie Rampi, portavoz de la Comisión en materia de transparencia, se negó a hacer declaraciones sobre las críticas al registro. Se limitó a informar que sus operaciones serán evaluadas en 2009.
