Argentina puso fin al régimen privado de pensiones, con fuertes pérdidas desde tiempo atrás y acrecentadas con la crisis financiera mundial, y estableció un único sistema estatal de reparto, que comenzará a regir a partir del 1 de enero.
Con 46 votos a favor y 18 en contra, el Senado transformó en ley en la noche del jueves el proyecto, que ya había aprobado la Cámara de Diputados, por el cual se elimina el sistema de ahorro en cuentas de capitalización individual, impuesto en 1994 durante el gobierno del derechista Carlos Menem (1989-1999).
El régimen privado será absorbido y sustituido por el sistema público solidario que se había mantenido vigente a mediados de los 90 como opción frente a la alternativa que ofrecían las administradoras privadas.
Las administradoras tenían 9,5 millones de afiliados, de los cuales aportaban sólo 3,6 millones, mientras que en el sistema público permanecían seis millones de trabajadores, con aportes vigentes de parte de alrededor de dos millones, según datos oficiales.
Según la información de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), entre septiembre y octubre los fondos privados retrocedieron 17 por ciento. Es que la mayor parte de esos recuros están invertidos en bonos públicos.
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La transferencia del sistema privado al público será de unos 24.000 millones de dólares, la mayoría de ese monto está en títulos del Tesoro, y una recaudación mensual por aportes de las personas en actividad estimada en 5.000 millones de dólares.
"El cambio de sistema era lógico y atendible, el régimen de capitalización no cumplió con los objetivos", señaló a IPS Marcelo Martín, director adjunto de la sede del Cono Sur de América de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).
"En plena crisis económica argentina, las administradoras privadas llegaron a cobrar hasta 40 por ciento de comisiones, en cambio el régimen de reparto, con el principio de la solidaridad intergeneracional, es el sistema más adecuado", opinó Martín.
El proyecto de reforma previsional había sido lanzado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, hace justo un mes. Con la crisis financiera internacional como telón de fondo, el gobierno centroizquierdista consideró que el régimen privado de pensiones era un fracaso.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo encargado de pagar las jubilaciones públicas, estaba contribuyendo con unos 1.300 millones de dólares al año para sostener el pago mínimo de pensiones del sistema privado, para cumplir con el derecho que tienen todos los jubilados.
Según la Anses, 77 por ciento de los 445.000 beneficiarios de pensiones de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) reciben complementación del Estado para que su retiro no sea inferior al mínimo.
También hay otros miles de pensionados del sistema de capitalización a los que el sistema público sostiene porque se les agotó su fondo de retiro.
Los diputados aprobaron el 6 de este mes la iniciativa que hace desaparecer el sistema privado con 160 votos a favor y 75 en contra, y este jueves quedó sancionada en la cámara alta. Algunos legisladores de la oposición, de partidos de centroizquierda, con escasa representación, coincidieron en respaldar el proyecto del oficialismo.
En tanto, la mayoría de la oposición, integrada por la tradicional Unión Cívica Radical y la centrista Coalición Cívica, rechazó la propuesta, pese a que ninguno de esos legisladores defendió el desempeño de los privados, al que consideran todos muy defectuosos.
Los reparos opositores estuvieron en la capacidad del Estado para ejercer una administración eficiente y transparente de los recursos de los aportantes.
"Lo único que garantiza la seguridad de las prestaciones a futuro es que crezca la economía formal y los aportes de los trabajadores activos", sostuvo Martín, de OISS.
Según la nueva norma, que crea el Sistema Integrado Previsional Argentino, habrá un Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Régimen Previsiónal Público de Reparto que sólo podrá ser destinado a los beneficiarios del sistema.
No obstante, el activo podrá invertirse "de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados", reza la ley, "contribuyendo al desarrollo de la economía real". La norma prohíbe la inversión de esos fondos en el exterior.
Las decisiones de la Anses, que es autonónoma, serán supervisadas por una comisión integrada por seis diputados y seis senadores, y por un consejo compuesto por empresarios, trabajadores, jubilados, legisladores y funcionarios.
