Un año después de la promulgación de la ley de preservación de bosques nativos en Argentina, ambientalistas afirman que sigue la deforestación indiscriminada, aunque a un ritmo más lento. Lo atribuyen a la demora del gobierno en crear un fondo compensatorio para las provincias que frenen la tala intensiva.
La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, aprobada en noviembre de 2007, fijó un embargo de un año para desmontes y un ordenamiento territorial en cada provincia que fije categorías de resguardo para montes intangibles, de uso sustentable o que susceptibles de transformación.
El proyecto, presentado 18 meses antes de su sanción, era muy resistido por provincias que autorizaban los desmontes para aumentar el área destinada a agricultura y ganadería. Por eso, en la aprobación de la ley fue clave la creación de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.
Pero la reglamentación de la ley y sobre todo la conformación de ese fondo están frenados en el ministerio de Economía, explicaron a IPS fuentes del capítulo argentino de la organización ambientalista Greenpeace y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entretanto, los desmontes continúan en algunas provincias.
Greenpeace, que desde 2002 traba la acción de las topadoras con sus activistas, fue la cara visible de la campaña de preservación de los bosques en la que participaron unas 30 organizaciones ecologistas de Argentina. Junto al cabildeo, las entidades juntaron un millón y medio de firmas de la ciudadanía a favor de la norma.
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"Si no sale la reglamentación y el fondo como incentivo, la aplicación de la ley se vuelve laxa", advirtió ante la consulta de IPS Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace.
Las provincias necesitan los fondos para reforzar las direcciones administrativas que tienen que ver con los bosques y su capacidad de control de los desmontes, añadió.
Giardini destacó que las administraciones provinciales están ordenando sus bosques y cumplirán con el plazo para presentar los informes este año. Pero "el Estado nacional está en falta", dijo, porque demora la aprobación de la reglamentación cuyo texto fue presentado hace cuatro meses por la Secretaría de Ambiente.
El fondo se constituirá con 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional y dos por ciento de impuestos a las exportaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Son unos 300 millones de dólares, de los cuales 70 por ciento será para compensar a los dueños de tierras boscosas protegidas y el resto irá al área de bosques de cada provincia para que refuercen el control.
En Argentina, los bosques pasaron de 127 millones de hectáreas a 31 millones en un siglo. Pero en la última década, a raíz de la expansión agropecuaria, la depredación se aceleró y superó las 300.000 hectáreas por año. En vísperas de la sanción de la ley, la destrucción se multiplicó por cinco en la provincia de Salta.
La nueva ley, que determina además que se realicen estudios de impacto ambiental previos a la aprobación de desmontes en zonas explotables, reconoce los servicios ecológicos de los bosques como la conservación de la biodiversidad, del suelo, la calidad del agua, la regulación hídrica o la fijación de gases de efecto invernadero.
En diálogo con IPS, el ingeniero forestal Carlos Merenson, director Nacional de Ordenamiento Territorial y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, explicó que el retardo en la aprobación de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo no es una excusa para que sigan los desmontes
"El fondo es una ayuda para alcanzar los objetivos de la ley, pero la norma está en vigor y las provincias deben respetarla, aunque no exista todavía el fondo", remarcó.
No obstante, admitió que sus registros indican que no se cumple plenamente la moratoria, que exigía frenar por completo los desmontes este año hasta presentar el ordenamiento. "Hicimos un monitoreo, y lo que vemos es que se frenaron del ritmo que tenían, pero nos preocupa que no desaparecieron", admitió.
Las provincias, dijo, están "bastante avanzadas" en el ordenamiento territorial y se prevé que cumplirán con el plazo de un año para presentar la clasificación de sus bosques, para determinar cuáles pueden ser explotados y cuáles no. Pero la reglamentación permitiría ir más a fondo con el cumplimiento de la ley, puntualizó.
Giardini, a pesar de que considera que la ley es "una herramienta muy valiosa" es más crítico del balance. "Algunas provincias, como Chaco (en el noreste), presentaron como zona de bosque para explotar un área de un millón de hectáreas, equivalente a 50 veces la capital de Argentina", comparó alarmado.
En los bosques de esa provincia se analiza además la aprobación de un proyecto de inversión de una siderúrgica brasileña que prevé producir arrabio a gran escala a partir de carbón vegetal, una propuesta muy resistida por vecinos, ambientalistas y dirigentes opositores de la región.
La planta consumiría unas 180.000 toneladas de carbón vegetal al año, equivalente a unos 400.000 árboles autóctonos, indicó la Fundación Proteger, que trabaja en Chaco. La zona donde se instalaría la firma, Puerto Vilelas, está sobre el río Paraná, y forma parte del sitio Ramsar Humedales Chaco.
Pese a estos casos, "estamos recibiendo menos denuncias de desmontes", subrayó Giardini. "Antes (de la ley) eran tres por semana y ahora bajaron a una llamada cada dos o tres semanas, o sea que el desmonte bajó, pero no se frenó del todo como indicaba la ley", alertó.
