El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, decretó el estado de conmoción interior para disolver la huelga de funcionarios de la justicia, quienes se exponen a ser destituidos a partir de este martes si no concurren a trabajar. Pero «el paro de actividades sigue en todo el país», afirmó el sindicato.
Fue el principal banquero colombiano, Luis Carlos Sarmiento, quien propuso el 7 de este mes esta drástica medida constitucional al gobierno, arguyendo cifras sobre la proverbial congestión de la justicia.
La parálisis laboral afecta a 80 por ciento de las actividades de la rama desde el 3 de septiembre, cuando estalló la huelga de unos 32.000 de los 40.000 funcionarios del Poder Judicial.
Según el gobierno, en cinco semanas quedaron libres más de 2.720 detenidos, 120.751 procesos y 36.986 decisiones de tutela se dejaron de fallar y 25.284 audiencias están suspendidas, 63 por ciento de ellas son de control de garantías.
Uribe no logró negociar y decretó unilateralmente bonificaciones para los jueces, fiscales y trabajadores del sector por un total de 56,6 millones de dólares en tres vigencias presupuestales.
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Entre otros puntos, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) pide convertir la bonificación en salario y reajustarlo para jueces, fiscales y demás trabajadores según una ley de 1992, que prevé que la escala salarial sea proporcional en todo el sistema.
El cabal cumplimiento de esa norma ha sido omitido por cuatro presidentes y sólo los más altos cargos devengan sueldos comparables a las otras dos ramas del poder del Estado.
La rezagada nivelación salarial implicaría un presupuesto de unos 260 millones de dólares, "pero para empezar el proceso" Asonal Judicial transó ya por 99,3 millones de dólares en la vigencia fiscal de 2009, admitió ante IPS Fabio Hernández, presidente de ese sindicato.
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Tarcisio Mora, es inexplicable "que, en el levantamiento de Asonal Judicial, jueces, magistrados y trabajadores se rebelen frente a la ley, para que les cumplan la ley".
La CUT convocó a un paro nacional de actividades para el 23 de octubre, en rechazo de la conmoción interior como mecanismo contra las huelgas.
El artículo 213 de la Constitución prevé la declaración de estado de conmoción interior "en casos de grave perturbación del orden público, que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana".
La conmoción puede regir por un máximo de nueve meses, aunque el periodo de los últimos 90 días debe ser avalado previamente por el Senado. Las leyes suspendidas y decretos pasan al control inmediato de la Corte Constitucional. Las medidas deben relacionarse "estrictamente" con la motivación de la excepción, dice la ley fundamental.
El gobierno argumentó para emitir el decreto un "evidente" peligro "de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana", "desestabilización" e "inminente" atentado contra "el orden público, el acceso normal a la justicia por parte de los ciudadanos y todos los sectores de la sociedad".
Las primeras medidas de excepción enfilan precisamente contra la estabilidad laboral, que también exige Asonal Judicial. Desde este martes, el Consejo Superior de la Judicatura (administrador de la rama) podrá sustituir a jueces y fiscales en huelga y suprimir cargos, aunque anunció "tres días de gracia".
Para Hernández, "en últimas, el que está dirigiendo el proceso es el propio (Poder) Ejecutivo".
La presidenta relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la magistrada española Manuela Carmena Castrillo, rechazó tanto la huelga como el tratamiento que le da Uribe.
"El paro es la enfermedad. Es algo inaceptable a nivel institucional y constitucional. Quien garantiza los derechos y las libertades de las personas no puede declararse en paro. Es una estructura de garantía del ordenamiento, un pilar del ordenamiento y decidimos quitarlo. Eso no es posible", declaró el viernes, cuando el Grupo concluyó una gira de 10 días por este país.
"Como todas las enfermedades, lo verdaderamente importante es curarlas. Esta enfermedad se ha producido seguramente porque ha habido unas causas que la han determinado y la única manera es solucionarlas", señaló Carmena Castrillo.
Luego advirtió que "la solución no puede ser sustraer de las facultades judiciales a los jueces". "La solución no es decir si los jueces no me funcionan entonces pongo otros jueces, no. El poder judicial no es intercambiable. Ni son unos lápices, que se utilizan unos u otros", añadió.
"El Poder Judicial es un poder del Estado que tiene, naturalmente, una responsabilidad institucional. Si se ha producido este paro, pues tenemos una enfermedad, digamos, institucional, y habrá que buscar una solución", indicó. "Tiene que haber un acuerdo entre ambos poderes que permita la normalización de la situación", recomendó.
Según Carmena Castrillo, la conmoción interior para enfrentar la huelga "funciona como una especie de terapia que puede exacerbar todavía más la enfermedad".
"Desde nuestra Relatoría ( ) no nos puede tranquilizar el que la terapia de esa enfermedad sea la movilidad del Poder Judicial. Eso nos inquieta", comentó.
"El Poder Judicial no es intercambiable. Personalmente me parece inquietante que la terapia respecto a la solución de la enfermedad sea de tal índole que la pueda agravar, en lugar de sanarla definitivamente", dijo la jurista.
Sustituir a los jueces y fiscales en huelga "me resulta muy inquietante porque es cuestionar en si mismo uno de los valores del Poder Judicial, que es su inamovilidad", "el principio esencial del Poder Judicial, (el) que garantiza su independencia", señaló, aunque luego aclaró que quien incumpla sus deberes puede ser removido, pero "para eso hay un proceso disciplinario".
Tanto el gobierno como Asonal Judicial dicen estar abiertos al diálogo y en la noche del lunes sostuvieron una reunión informal.
Empero, el sindicalista Hernández dijo a IPS que no aceptan "la tesis del gobierno, de que con decretos de conmoción interior vamos a levantar el paro".
Según Hernández, fiscal en el Tribunal Superior de Bogotá, invocar la conmoción "es una determinación completamente inconstitucional, porque una huelga como la nuestra, que ha sido pacífica, en modo alguno toca el orden público".
Y consideró que para el gobierno se trata de "poder tomar medidas de represión con facultades extraordinarias", eventualmente golpear la huelga y sentar "una advertencia" a otros.
Pero el por qué el banquero más rico de Colombia quiso que el gobierno impusiera el estado de conmoción interior es "el problema de fondo", según Hernández.
El sector financiero registró en agosto 8.600 millones de pesos (poco más de cuatro millones de dólares) de ganancias en el último año. El 7,52 por ciento de crecimiento de la economía colombiana en 2007 no redundó en el avance de la justicia social, "fueron el sector financiero y el sector minero quienes se llevaron ese capital", evalúa la CUT.
Mientras, "más de 60 por ciento de los asuntos que tramitan los juzgados civiles y municipales" son procesos hipotecarios ejecutivos de los bancos "para despojar de las viviendas a la gente que no puede pagar los altísimos intereses que les aplica" el sistema financiero, anotó el dirigente, al apuntar a las causas de la congestión judicial.
"Eso fue lo que movió al señor Sarmiento a pedir el estado de conmoción interior, y lo que llevó al presidente a correr a aplicarlo", apuntó.
Así, la conmoción interior busca "dos cosas: sofocar el paro, mediante medidas arbitrarias, presiones y sustituciones", y ayudar al sector financiero a "que esos procesos puedan continuar". Hay "miles de millones de pesos" en juego, dijo a IPS.
Por otra parte, "más de 30 por ciento del total de tutelas que se presentan en Colombia se relacionan con el sistema de salud", agregó.
"Más que la orden médica para tratamientos y medicamentos, la gente tiene que llevar un fallo de tutela para que los pacientes sean atendidos" por las empresas privadas que sustituyeron el seguro social estatal, y "eso muestra la inexistencia real de un sistema de salud serio en Colombia", señaló Hernández.
