Sintiéndose indefensos ante decisiones arbitrarias del gobierno, cada vez más ciudadanos comunes de Sri Lanka recurren a la Corte Suprema de Justicia para solucionar cuestiones cotidianas y luchar contra la corrupción.
Un veredicto dictado este mes contra la ex presidenta Chandrika Kumaratunga (1995-2005), por beneficiar a operadores privados con tierras públicas en Colombo, fue el punto culminante del fenómeno. Lo celebró gran parte de la población, que cada vez confía más en los tribunales.
La Corte Suprema condenó a Kumaratunga a pagar una multa por haber "abusado groseramente de su poder y traicionado la confianza del pueblo" al comprar tierras en nombre del Estado para fines públicos y luego traspasarlas a un constructor privado.
La propiedad, un pantano de unas 57 hectáreas cerca del parlamento, fue convertida en un campo de golf bordeado por elegantes edificios de apartamentos que fueron vendidos a personas ricas e influyentes.
Por primera vez, un ex presidente fue vinculado con actos corruptos en los tribunales.
[related_articles]
Pero el fenómeno no es nuevo. La Corte Suprema emitió en los últimos años fallos ante demandas contra decisiones del gobierno, desde cuestiones administrativas como las admisiones escolares y la congestión del tráfico hasta abusos de poder por parte del Ejecutivo.
El abogado J.C. Weliamuna, quien representó con éxito a dos demandantes —ambos ciudadanos comunes— en la querella contra Kumaratunga, dijo que los tribunales son el último bastión de esperanza para el pueblo.
"El Ejecutivo y varias ramas del gobierno le han fallado a la gente. Incluso la oposición muestra su ineptitud, por lo que el pueblo no tiene más opción que buscar justicia a partir de los tribunales", dijo Weliamuna a IPS.
Weliamuna, abogado experto en derechos humanos, también es director ejecutivo de la filial en Sri Lanka de la organización no gubernamental anticorrupción Transparencia Internacional. El mes pasado, desconocidos atacaron con granada su casa, pero él y su familia escaparon ilesos.
Otros abogados dijeron que la Corte Suprema, presidida por el juez Sarath N. Silva, emitió varios veredictos contra acciones del Ejecutivo, al punto de plantear preocupaciones sobre interferencia judicial.
Cuando los residentes se quejaron de que sus libertad de movimiento era obstaculizada por barricadas y cordones de seguridad en la capital, la Corte ordenó retirarlos.
Los ceños se levantaron en un país que desde hace más de dos decenios es golpeado por una violenta guerra civil entre el gobierno, dominado por los cingaleses, y los rebeldes de la etnia tamil que exigen autonomía o independencia del norte y el este de la nación insular.
El Ministerio de Defensa ordenó el año pasado el desalojo de tamiles que habían llegado a la capital huyendo de la violencia en el norte. La Corte Suprema dictaminó luego que la decisión violaba los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos.
Las fuerzas de seguridad alegaron que los rebeldes tamiles podían estar escondiéndose entre los refugiados. Pero la Corte sentenció que se habían violado los derechos de cientos de desplazados sacados a rastras de sus tiendas y trasladados desde Colombo por la fuerza.
El tribunal también intervino en asuntos administrativos. "Cuando el gobierno pierde el tiempo en cuestiones burocráticas, la ciudadanía recurre a los tribunales", dijo un empleado civil retirado.
Cuando la admisión de alumnos en las escuelas públicas se volvió un problema por la corrupción del sistema educativo, el tribunal ordenó a las autoridades cambiarlo en beneficio de los estudiantes y sus padres.
El mes pasado, profesores se negaron a evaluar los exámenes de ingreso a una universidad en protesta por irregularidades en el pago de sus salarios. La Corte ordenó entonces al gobierno que resolviera el asunto y persuadió a los profesores a regresar a sus labores.
Y cuando la empresa estatal de electricidad se disponía a elevar las tarifas, la Corte intervino a instancias de una demanda. El aumento fue archivado.
Un analista político, que solicitó no ser identificado por temor a ser objeto de una demanda por desacato, dijo que el principal mensaje del dictamen del caso Kumaratunga, entre otros, es que un presidente no puede desvalijar el país con el pretexto de actuar al amparo de sus facultades ejecutivas.
"Ése es un claro mensaje al gobierno y los poderosos", sostuvo.
En julio, el entonces el secretario del Tesoro (ministro de hacienda) P.B. Jayasundera fue condenado por hechos de corrupción en la privatización de una empresa petrolera. La Corte Suprema se aseguró en el fallo de prohibir su designación en otro cargo político.
Pero el presidente Mahinda Rajapakse lo designó asesor. La Corte le ordenó hace dos semanas emitir una disculpa pública y firmar una renuncia a cumplir cualquier función oficial. Eso puso fin a la carrera de Jayasundera.
Hace dos meses, la Corte Suprema envió a un monje budista a la cárcel por una semana, pues no compareció ante el tribunal cuando se lo convocó.
En los últimos tiempos, el máximo tribunal analizó varios casos de privatización, que amenazan con crear un conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial.
Transparencia Internacional ubica a Sri Lanka en el puesto número 92 de una lista de 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción.
En el veredicto contra Kumaratunga, cuando la jueza Shiranee Tilakawardene, integrante de la Corte Suprema, dictaminó que "el poder público siempre tiene que ser usado en beneficio del pueblo".
Un presidente "no tiene el poder de proteger o compeler a la acción a los funcionarios o agencias estatales cuando tal acción va contra los principios de la Constitución o la confianza pública", dictaminó.
Tilakawardene dijo que Kumaratunga no había actuado "con la responsabilidad que su puesto le confería", y que había "abusado de su poder y actuado de una manera que revela un deseo de adaptarse a un interés o intereses distintos de los del pueblo de Sri Lanka".
El periódico The Island informó que la ex presidenta se aprestaba a recaudar fondos entre sus simpatizantes para pagar una multa de unos 30.000 dólares que se le impuso por el acuerdo "corrupto" que derivó en la construcción del campo de golf.
