Una mujer guatemalteca víctima de abuso doméstico, quien lleva 12 años a la espera de que Estados Unidos le otorgue asilo político, enfrenta el riesgo de que se le niegue el beneficio a causa de una decisión del fiscal general de ese país, Michael Mukasey.
Rodi Alvarado huyó de Guatemala en 1996, tras sufrir más de una década de brutal violencia doméstica sin que la policía o los tribunales ofrecieran una respuesta a sus pedidos de protección.
La resolución de Mukasey podría complicar la situación de la mujer, ya que impediría contemplar su situación particular como víctima de abuso doméstico: las leyes estadounidenses sólo contemplan la concesión de asilo a quienes sufren persecución por sus ideas políticas, raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social determinado.
La violencia doméstica o de género no está considerada como fundamento para recibir asilo.
Las instrucciones de Mukasey al máximo tribunal de apelaciones en temas migratorios ignoran las recomendaciones de sus dos predecesores en el cargo, quienes habían señalado que los jueces no se pronunciaran hasta que se modificaran esas normas, lo que hasta el momento no se hizo y deja abierta la puerta para que rechacen la petición.
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"Esto puede cambiar el curso de la protección a las mujeres que buscan asilo en Estados Unidos", dijo a IPS la abogada de Alvarado, Karen Musalo, quien también es directora del Centro para Estudios de Género y los Refugiados de la Universidad de California.
En 1996 un juez de la ciudad de San Francisco concedió el asilo a Alvarado, pero la Junta de Apelaciones en Temas de Migración (BIA, por sus siglas en inglés) revocó el fallo y ordenó que la mujer fuera enviada de regreso a Guatemala.
Esa decisión movilizó a miles de activistas por los derechos de la mujer, quienes persuadieron a la entonces fiscal general, Janet Reno, para que intervenga. Propuso modificar las normas, para que las mujeres golpeadas fueran consideradas miembros de un grupo social y por lo tanto elegibles para la concesión del asilo.
Reno ordenó a la BIA a principios de enero de 2001 que produjera un nuevo fallo, pero luego de que el Departamento (ministerio) de Justicia reformulara los requisitos para la obtención de ese beneficio. Lo hizo en los días finales del gobierno del ex presidente Bill Clinton (1993-2001).
Pasaron más de tres años y el cambio en las normas no se concretó. Ya bajo la presidencia de George W. Bush, en 2004, el entonces fiscal general John Ashcroft tomó el caso en sus manos y pidió argumentos a los abogados de Alvarado y el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).
Aunque el DHS recomendó que se le concediera asilo, Ashcroft no tomó una decisión y volvió a enviar el tema a la BIA, pero con la misma instrucción de Reno: no dictaminar hasta que estuvieran en vigencia las nuevas normas.
La reforma quedó en el olvido tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a Nueva York y Washington y el creciente sentimiento contra los inmigrantes que se desarrolló en la sociedad estadounidense.
Musalo dijo a IPS que "el Departamento de Justicia y el DHS deben llegar a un consenso y emitir una directiva conjunta, dado que ambos tienen jurisdicción sobre temas de asilo. Es un secreto a voces que discrepan sobre el tema.
El DHS está a favor y el Departamento de Justicia considera que reclamos como el de Alvarado no pueden aceptarse".
La decisión de Mukasey del 25 de septiembre ordenó a la BIA reconsiderar el caso, pero dejó de lado el requisito de aguardar la adopción de las nuevas regulaciones.
El tribunal, por lo tanto, "puede pronunciarse de inmediato y aplicar su propio precedente, el fallo contrario al pedido de asilo que Reno le indicó que debía ignorar. Mukasey le dijo a la BIA que no tenía que esperar las nuevas normas, lo que resulta muy preocupante para nosotros", señaló Musalo.
"Nos alarma el hecho de que Mukasey es menos proclive que sus predecesores a la protección de mujeres que buscan asilo huyendo de brutales formas de persecución en sus países, en los que sus gobiernos no las protegen", agregó.
La violencia doméstica está reconocida como un motivo legítimo para la solicitud de asilo por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de países como Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, entre otros. Pero continúa siendo un tema de controversia en Estados Unidos.
El DHS afirma que no deportará a Alvarado, sin importar el tiempo que lleve poner en vigencia las nuevas regulaciones. En tanto, ella permanece en un limbo legal. Aunque puede permanecer en Estados Unidos, donde trabaja como ama de llaves en un convento de la occidental ciudad de San Francisco, lleva 12 años sin ver a sus hijos, quienes viven en Guatemala.
