La reforma energética aprobada y celebrada por el gobierno y las fuerzas políticas de México, con excepción de un sector de la izquierda y el empresariado, priva al Estado de un torrente de dinero con el que financia 40 por ciento de su presupuesto.
"Bien por el sector petrolero que tendrá más recursos, pero preocupa mucho que no se haya definido de dónde obtendrá ahora dinero el Estado", dijo a IPS el especialista en energía Roberto Gutiérrez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
De forma progresiva, entre 2009 y 2016 la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) irá reduciendo la transferencia de recursos al fisco, según establecen las reformas sancionadas por el Poder Legislativo el martes tras seis meses de debates y foros.
Así se espera que Pemex mejore su desempeño, debilitado por falta de recursos y tecnología, la caída progresiva de su producción y de sus reservas que, de acuerdo con datos oficiales, es de menos de nueve años.
Gutiérrez opinó que en el contexto político actual es difícil que surja alguna propuesta de reforma fiscal para enfrentar la previsible falta de recursos que sufrirá el Estado en años venideros.
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En julio de 2009, se celebrarán elecciones legislativas para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados, un mal momento para abordar una reforma fiscal que impactaría en el bolsillo de los contribuyentes.
En las normas sancionadas por las dos cámaras legislativas, que el presidente Felipe Calderón prometió firmar sin observaciones, se estipula que en 2009 Pemex usará 35 por ciento de sus ingresos, o hasta unos 852 millones de dólares según "lo que resulte mayor", para "incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación".
Para 2010 dispondrá de 65,2 por ciento de sus ingresos, o de unos 1.000 millones de dólares, según "lo que resulte mayor". Y en 2016 dispondrá de casi la totalidad de los fondos que obtenga.
"Los políticos son buenos para patear los problemas hacia delante. La reforma energética es un buen ejemplo de eso. Hoy se declaran patriotas y proclaman que salvaron a Pemex, pero no se hicieron cargo del gran hoyo financiero que abrieron a las finanzas del Estado", dijo a IPS el consultor en temas energéticos Marcelo Contreras.
Aunque las reformas a siete cuerpos normativos se presentan como cambios al sector energético, en los hechos se refirieron básicamente a Pemex y sus actividades.
Se trata de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley de Pemex.
Calderón propuso las reformas al enviar en abril al parlamento un paquete de iniciativas, que facilitaban la participación privada en el sector petrolero, sin que los hidrocarburos dejaran de ser propiedad exclusiva del Estado.
En un caldeado clima político y con la oposición izquierdista acusando al presidente de intenciones privatizadoras, los legisladores modificaron los proyectos, profundizando el carácter estatal de la empresa.
Pero se mantuvieron algunas propuestas del Poder Ejecutivo en lo referente a dotar a Pemex de mayor autonomía y transparencia en su gestión. Ni el gobierno ni el parlamento tocaron la cuestión del funcionamiento del sindicato de la empresa, acusado de actos de corrupción en los últimos años.
Tras la estatización de la industria petrolera mexicana en 1938, el sector adquirió una fuerte carga simbólica vinculada al sentimiento nacionalista de este país.
Aunque la mayoría del bloque del izquierdista Partido de la Revolución Democrática —la primera fuerza de oposición— negoció y votó a favor de las reformas, el ex candidato presidencial Andrés López Obrador las rechazó pues no cerraron del todo las puertas a una posible privatización.
López Obrador y sus seguidores anunciaron que llevarán a cabo acciones de resistencia civil a las reformas y que visitarán todas las oficinas de empresas petroleras extranjeras para advertirles de que no permitirán "que se apoderen del petróleo mexicano".
Por motivos diferentes, parte del empresariado también expresó su rechazo a las reformas pues complican la participación privada en el jugoso sector, si bien podrá acceder a operaciones de exploración y explotación, pero bajo un férreo control estatal.
Gobierno y opositores celebraron la sanción, pues las negociaciones demostraron que las diferencias ideológicas no impiden lograr acuerdos de envergadura.
"Con esta reforma ganamos todos porque en un contexto de gran pluralidad y de diversidad de ideas y propuestas acerca de un tema tan importante y sensible, hemos podido llegar a acuerdos", dijo el presidente.
El tiempo dirá si las reformas fueron las adecuadas, mientras el Estado busca en plazo prudencial sustituir lo que fue una fuente inagotable de recursos.
