El decreto legislativo 1.090, que modifica la política forestal de Perú, preocupa a las autoridades comerciales de Estados Unidos pues contraviene cláusulas ambientales del Tratado de Libre Comercio (TLC) que debería regir entre los dos países desde enero de 2009.
Esa fue una de las 10 observaciones formuladas al decreto por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Susan Schwab, en una reunión con delegados del gobierno de Perú a inicios de este mes en Washington, dijo a Tierramérica el presidente del no gubernamental Foro Ecológico, Sandro Chávez.
Este punto preocupó especialmente a las autoridades estadounidenses, agregó Chávez, así como la eliminación de la Comisión Nacional Forestal, que garantiza la participación ciudadana en la gestión de los bosques y que estaba prevista en la ley anterior.
En el encuentro, los estadounidenses expusieron que para la implementación del TLC era imprescindible la existencia de un mecanismo de consulta pública en materia forestal, añadió Chávez.
El decreto 1.090 es uno de los 99 adoptados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades legislativas que le concedió el Congreso para implementar el TLC.
Las 10 consultas de la Oficina se basaron en cuestionamientos del Foro Ecológico, que reúne a organizaciones no gubernamentales de los dos países, sostuvo.
Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Perú dijeron a Tierramérica que el lunes 20 Lima envió una carta respondiendo las inquietudes de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, pero los detalles se mantienen en reserva.
La ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, que envió esa misiva, aseguró a Tierramérica que se trata de "conversaciones que hay que pulir" como parte de la implementación del TLC.
"Estados Unidos sólo me mandó comentarios, sugerencias y preguntas de cómo se va hacer tal o cual cosa. Nadie ha dicho 'estamos fastidiados', esos son comentarios de algunas organizaciones no gubernamentales que tienen intereses", dijo. "Pero si hay que hacer cambios se harán", agregó Aráoz.
El nuevo primer ministro de Perú, Yehude Simon, ha reconocido que algunos de los decretos deben ser revisados.
El reglamento del decreto 1.090, que está elaborando el Poder Ejecutivo, podría ser la ocasión.
"Esperemos que no sólo se hagan pequeños cambios en el reglamento, sino que el Congreso derogue el decreto" y proponga una nueva ley, dijo a Tierramérica el experto en legislación ambiental Alberto Barandarián.
La estatal Defensoría del Pueblo sostuvo la semana pasada en un informe que el decreto "debilitaría los mecanismos que aseguraban el aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales" y no garantiza la protección de los bosques primarios.
"Las medidas adoptadas en el decreto 1.090" sumadas a "la inexistencia de disposiciones que garanticen su aplicación sólo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentren sin cobertura boscosa, podría generar que se deforeste bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición", afirma el documento.
El informe de la Defensoría se efectuó a pedido del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Róger Nájar, que impulsa un nuevo proyecto de ley forestal.
Según Barandarián, el decreto también vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, porque les quita facultades en favor del Organismo Fiscalizador de las Concesiones Forestales.
Otro aspecto que preocupa a los ecologistas es que el decreto abre paso a que la madera ilegal incautada pueda ser sujeta a una adjudicación directa, vendida y legalizada.
La Defensoría advierte que el artículo 41 del decreto "permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos".
Chávez recordó que a partir de 2009, el contrabando de madera se verá obstaculizado con Estados Unidos, en virtud de una norma adoptada en ese país que obligará a certificar el origen de todos los productos madereros importados.
De los 99 decretos aprobados para la implementación del TLC, 25 están vinculados al agro y la mayoría apuntan a favorecer las grandes inversiones, dijo a Tierramérica el activista Laureano Del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.
"Aquí se está privilegiando los intereses de las empresas por sobre los de las comunidades o pequeños propietarios", opinó.
El decreto 1.064, que derogó la Ley de Tierras, regula de manera incompleta la definición de terrenos agrícolas y elimina el acuerdo previo de comunidades y productores rurales para iniciar proyectos de minería o hidrocarburos.
"Las observaciones de Estados Unidos evidencian que las cosas se han hecho mal", señaló a Tierramérica la socióloga Alejandra Alayza, coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad.
"El propio mecanismo de implementación del TLC abre un frente para que se deroguen y modifiquen aquellos decretos que afectan a las comunidades y la gestión ambiental", agregó.
El martes 28, autoridades de la Amazonia y el congresista Nájar celebrarán una audiencia pública en la septentrional ciudad de Iquitos para pedir la derogación del decreto 1.090 y de otras normas.
