La Fiscalía de la Nación de Perú dispuso una investigación sobre actividades de espionaje telefónico presuntamente llevadas a cabo por empresas privadas de seguridad u organismos de inteligencia policial y militar.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, encargó el martes la tarea al fiscal Walter Milla, tres semanas después de que medios de comunicación difundieron conversaciones telefónicas entre el entonces director de la entidad estatal Perupetro, Alberto Químper, y el representante de la empresa petrolera noruega Discover Petroleum, Rómulo León.
Los llamados "petroaudios" expusieron una supuesta conspiración de funcionarios del gobierno de Alan García para favorecer a Discover Petroleum con la concesión de cinco pozos de petróleo. Pero esas pruebas se produjeron mediante una operación de interceptación de comunicaciones personales, cuyos responsables y propósitos se desconocen.
En Perú solo están permitidas las escuchas telefónicas autorizadas por la justicia, en investigaciones por narcotráfico, terrorismo, secuestros y extorsiones. Está prohibida la posesión privada de equipos de interceptación.
El escándalo obligó al presidente García a destituir a su gabinete, encabezado por el ex primer ministro Jorge del Castillo, quien se había reunido en varias ocasiones con un promotor de Discover Petroleum y con León, ex ministro y ex diputado del gobernante Partido Aprista Peruano.
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Después de que la justicia abrió proceso contra 14 implicados en la supuesta corrupción, Echaíz halló mérito para investigar el amplio espionaje telefónico que la puso al descubierto, montado durante ocho meses contra funcionarios del gobierno, abogados y empresarios nacionales y extranjeros.
Daniel Saba, presidente de Perupetro —que se dedica a promover inversiones en hidrocarburos y a conceder permisos de exploración y explotación— y el ex titular de la empresa estatal petrolera Petroperú, César Gutiérrez, insinuaron que las interceptaciones telefónicas pudieron ser organizadas por alguna empresa afectada por acciones de ambas corporaciones.
Se dio por aludida la firma Petro Tech Peruana —que había pagado casi 37 millones de dólares al Estado por impuestos y otras obligaciones incumplidas tras una fiscalización de Perupetro—, que rechazó cualquier relación con las escuchas telefónicas.
Fuentes de la Fiscalía de la Nación dijeron a IPS que la investigación no se limitará a identificar a los autores de los "petroaudios", sino también a las organizaciones que se dedican a la actividad ilícita del espionaje telefónico.
Una de las "víctimas" de los "petroaudios", el ex primer ministro Del Castillo, sostuvo que un grupo editorial periodístico se estaba dedicando a difundir grabaciones "a cuentagotas", sin verificar su autenticidad con las personas afectadas.
No está claro si en el caso de la concesión a Discover Petroleum la justicia aceptará las grabaciones como evidencia. Varios de los acusados han insistido en su nulidad probatoria, pues son ilegales.
El espionaje telefónico no es nuevo para los peruanos: el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) lo empleó a fondo contra opositores, políticos, empresarios y periodistas, para amedrentarlos y chantajearlos.
Por entonces, las Fuerzas Armadas y la policía contaban con equipos especiales, la mayoría comprados a empresas israelíes. El Servicio de Inteligencia Nacional, conducido por el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, también contaba con su propio equipamiento de escucha.
Montesinos, condenado a seis años de prisión por haber practicado espionaje telefónico, afirmó durante el juicio que Fujimori lo había autorizado a grabar conversaciones privadas de opositores.
Militares y policías expertos en escuchas telefónicas y radiofónicas que analizaron los "petroaudios" dijeron a IPS que para obtenerlos se requería una organización de unas 15 personas, apoyadas con importante financiamiento durante ocho meses.
Es poco probable el uso de equipos militares y policiales, porque están diseñados solo para interceptar comunicaciones de telefonía celular, agregaron las fuentes.
"Por la limpieza y claridad de las grabaciones, es evidente que 'pincharon' las líneas de teléfono fijo, de domicilio u oficina, de los blancos elegidos", dijo uno de los agentes a IPS.
En todo caso, quien ordenó el espionaje reclutó a especialistas militares o policiales activos o retirados, para formar un equipo destinado a grabar los diálogos de Químper y León, aseveraron las fuentes.
Existe "un mercado de espías telefónicos" en Perú, "entre todos se conocen", y las empresas de seguridad privada recurren a ellos cuando necesitan "trabajos especiales", añadieron.
"Nadie en su sano juicio rechazaría un trabajo de ocho meses seguidos", dijeron las fuentes. "Pero no solo han reclutado a espías telefónicos, sino también a editores de grabaciones, transcriptores, analistas y expertos en seguimiento. Estamos hablando de una organización que se montó con la expresa finalidad de espiar a Alberto Químper y Rómulo León", aseveraron.
La investigación de la fiscalía verificará también si existen equipos de escucha telefónica en manos de organismos militares y policiales.
Fuentes de la marina de guerra indicaron a IPS que sólo contaban con aparatos para interceptación radiofónica que se emplean en la lucha contra remanentes del grupo armado maoísta Sendero Luminoso y el narcotráfico. El ejército y la fuerza aérea negaron contar con esos equipos electrónicos.
Oficialmente, el Estado no ha comprado este tipo de equipamiento desde 2000. Sin embargo, ex agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) dijeron a IPS que en 2005 se hicieron compras a la compañía israelí Nice y que esos nuevos aparatos eran operados por miembros del "Grupo Odessa", bajo el mando del general Jorge Cárdenas.
Ex titular de la Digimin, Cárdenas negó que hubiera usado esos equipos durante su gestión, que se extendió desde 2005, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, hasta este mes.
El recién designado ministro del Interior, Remigio Hernani, dijo a IPS que había ordenado una auditoría en la Digimin para aclarar este punto.
Los equipos de Nice sólo son aptos para captar y registrar comunicaciones de teléfonos móviles. Pero la fiscalía también abarcará a la Digimin en sus pesquisas.
Estarán asimismo bajo la lupa las empresas de seguridad privada —la mayoría pertenecientes o dirigidas por oficiales retirados de inteligencia de la marina— como Andrick Service y Business Track, que ofrecieron sus servicios a Petro Tech Peruana.
El gerente de Petro Tech, Alberto Varillas, dijo a IPS que los servicios de esas dos firmas de seguridad no incluyeron en ningún caso acciones de espionaje.
El mercado de la seguridad privada ha crecido mucho en este país, prestando servicios a las industrias minera, petrolífera y gasífera, un sector al que se destinan grandes inversiones naciones y extranjeras.
Algunas de estas empresas fueron sorprendidas espiando a dirigentes populares, comunales y organizaciones no gubernamentales ambientalistas que se oponen a la explotación de recursos naturales sin la consulta a las poblaciones afectadas.
En ocasiones, empresas de seguridad filtran a la prensa información para desacreditar a quienes critican la explotación minera o petrolífera, acusándolos a veces de delitos de "terrorismo".
