El acceso al aborto legal vigente desde abril de 2007 en la capital de México debería replicarse en el resto del país, donde tal práctica supera en porcentaje el promedio de los países en desarrollo y en números brutos llegó a casi 880.000 en 2006, cifra 64 por ciento superior a la de 1990.
Así lo señala un estudio realizado por el Colegio de México, el no gubernamental Guttmacher Institute de Estados Unidos y la oficina mexicana de Population Council, que fue presentado este lunes y cuyos datos y recomendaciones son avalados por grupos de mujeres y activistas que apoyan la despenalización del aborto.
La investigación titulada "Estimaciones del aborto inducido en México: ¿Qué ha cambiado entre 1990 y 2006?" considera que la reciente liberalización en la capital mexicana de la legislación sobre el aborto antes de las 12 semanas de gestación "es una modelo invaluable y una oportunidad para el resto del país", donde aún se penaliza esa práctica en la mayoría de casos.
Los hallazgos de este nuevo estudio brindan evidencia importante que alimenta la discusión sobre la liberalización del aborto no sólo en México, sino en otros países, incluso en Estados Unidos, dijo a IPS Gustavo Suárez, del Guttmacher Institute.
Fátima Juárez, del Colegio de México y una de las autoras de la investigación, indicó que la evidencia aconseja garantizar "el acceso al aborto legal en todo el país", mejorar los servicios públicos que ofrecen métodos anticonceptivos e incrementar la iniciativas que apuntan a la educación sexual de los jóvenes y a la planificación familiar.
En 1990 se realizaron 533.098 abortos inducidos en México, para 2006 se calcula que llegaron a 874.747, la gran mayoría clandestinos. En uno de cada seis abortos, las mujeres recibieron atención en hospitales públicos por diversas complicaciones.
La cantidad de abortos estimados por el estudio equivalen a 43,7 por ciento de los dos millones de embarazos que llegan a término cada año en México, según las estadísticas oficiales.
La tasa de abortos en México es en la actualidad de 33 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Ese indicador es superior al promedio que se reporta en todos los países en desarrollo (29 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva) y también superior al de América Latina (31 por cada 1.000 mujeres), señala la investigación presentada este lunes.
"Estimaciones del aborto inducido en México: ¿Qué ha cambiado entre 1990 y 2006?" es un estudio que demuestra "que la penalización del aborto no disminuye su incidencia y que las mujeres mexicanas están abortando en números significativos, y lo están haciendo aunque en ello pongan en riesgo su vida", declaró María Mejía, directora del no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.
"El movimiento de mujeres que apoya la despenalización del aborto ha dicho siempre que lo ideal sería que las mujeres no tuvieran que recurrir al aborto, las mujeres no abortan con alegría en sus corazones", pero cuando lo deciden y no hay otra opción deben poder hacerlo con garantías plenas, sostuvo Mejía.
La legislación sobre el aborto en México es diversa. En los 32 estados es considerado legal cuando el embarazo es producto de una violación, en 29 cuando la gestación pone en riesgo la vida de la mamá, en 13 en casos de malformaciones congénitas, en 29 no está penado por "imprudencial" y en 11 se lo permite cuando es resultado de una inseminación artificial no consentida.
Sólo en la capital es legal y garantizado por autoridades públicas de salud para los casos de hasta 12 semanas de gestación.
Aunque en todos los distritos del país es legal si el embarazo es consecuencia de una violación, investigaciones indican que ni en esos casos se aplica. Incluso, se denuncia que las mujeres que lo solicitan afrontan toda clases de obstáculos, entre ellos una abierta discriminación y negativa de parte de las autoridades.
En muchos distritos no hay procedimientos para autorizar y llevar a cabo un aborto por violación, en otros los trámites son largos y complicados, y a menudo los funcionarios judiciales o de salud desalientan o desinforman abiertamente a las mujeres, según el informe "Víctimas por partida doble, obstrucciones al aborto legal por violación en México", realizado en 2006 por la organización no gubernamental Human Rights Watch.
En los estados donde el aborto inducido es ilegal el castigo definido es la cárcel. No obstante, los estudios señalan que tal pena casi nunca se aplica. Mejía opinó que México se puso a la vanguardia en el tema de aborto luego que en agosto la Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad de la norma que permite practicarlo en la capital. Esa disposición había sido impugnada por el gobierno nacional presidido por el conservador Felipe Calderón.
Desde abril de 2007, cuando en la capital se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, hasta el 15 de agosto, 26.000 mujeres solicitaron a las autoridades información sobre esa práctica y, de ellas, 12.262 hicieron uso de ella.
Mejía considera que las mujeres de todo México cuentan ahora "con las bases constitucionales para demandar que la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación sea garantizada en los demás estados de la república".
"Si bien la sentencia no resulta obligatoria de marea directa para los legisladores de las entidades federativas, consideramos que como representantes populares tienen el deber ético de modificar sus legislaciones a la brevedad posible para impedir que a las mujeres de los estados se les vulneren sus derechos fundamentales", señaló Pedro Morales, asesor legal del no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida.
Juárez manifestó que la "evidencia científica demuestra que el aborto es un problema de salud pública en países donde éste es ilegal".
Con base a datos de la Organización Mundial de la Salud, afirmó "que las tasas de aborto son más bajas en países industrializados donde el aborto es legal, a diferencia de los países en desarrollo donde en general el aborto es ilegal".
Dijo que en los países de América Latina y el Caribe están las legislaciones más restrictivas en materia de aborto, no obstante de lo cual ocurren alrededor de cuatro millones de abortos cada año, la mayoría inseguros.
