La comunidad diaguita huascoaltina, rodeada de minas de oro, plata y cobre en la norteña región chilena de Atacama, se siente amenazada de muerte. Mientras redescubre su identidad indígena, lucha por impedir que proyectos mineros como Pascua Lama se desarrollen en su territorio.
Decenas de huascoaltinos consultados por IPS están convencidos de que el multicolor valle que los cobija "morirá" si se explotan los yacimientos ubicados en las altas cumbres de la cordillera de Los Andes, donde nacen las aguas que nutren a este oasis del desierto de Atacama.
"Nos quieren quitar todo", dice el artesano huascoaltino Martín Ardiles, de 89 años, mientras trenza las últimas tiras de cuero de un bozal para caballo. "Si contaminan el agua no va a quedar nada", expresa.
En 1997 se constituyeron legalmente como comunidad agrícola para proteger mejor un predio registrado como propio en 1903. La propiedad colectiva de 239.918 hectáreas incluye ríos, quebradas y cerros, y se suma a los pequeños lotes de tierra que posee cada comunero por separado.
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Al igual que muchos habitantes de Alto del Carmen, los huascoaltinos descienden del pueblo indígena diaguita, reconocido legalmente por el Estado chileno en 2006.
En Chile y el noroeste de Argentina, la etnia diaguita desarrolló una cultura importante en la América precolombina.
La ascendencia de estos diaguitas se puede rastrear sin problemas hasta el siglo XVII, siempre han vivido en el mismo valle y siguen siendo agricultores y pastores de caprinos y bovinos, dijo a IPS el antropólogo Pedro Campos, uno de los autores del libro "El valle de los naturales. Una mirada histórica al pueblo huascoaltino".
La identidad diaguita nunca desapareció, dice Campos, sino que permaneció oculta por siglos de políticas estatales homogeneizadoras. Hoy, sostiene, viven un proceso de cohesión y visibilización como grupo indígena, que se ha visto dificultado por los grandes proyectos que los acechan.
Los diaguitas plantean que la mina binacional aurífera Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold, dará luz verde a la explotación de otros grandes yacimientos en la cordillera. La cartera de proyectos de varias empresas es larga: El Morro, Chollay, Pachuy, Las Flechas, Valeriano y El Encierro.
Con autorización ambiental del gobierno chileno a comienzos de 2006 y del argentino en 2007, Pascua Lama tiene fecha incierta de construcción. La empresa aguarda que ambos países definan el esquema de tributación y aprueben permisos sectoriales. Ante la demora, la prensa ha especulado que la firma concretaría el proyecto sólo en Chile.
La comunidad teme que la mina a cielo abierto destruya los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza y que contamine los ríos con metales pesados presentes en la cordillera, como el arsénico, y con otros usados para separar el oro de la roca. Los glaciares ya se redujeron entre 50 y 75 por ciento durante la etapa de exploración, según comprobó la gubernamental Dirección General de Aguas en 2005.
Como agotaron todas las instancias disponibles en el país para evitar la aprobación del proyecto, los huascoaltinos demandaron en 2006 al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyados por el no gubernamental Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Plácido Ávila, director regional de la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de Atacama, señala a IPS que "se han generado muchos mitos respecto al proyecto, seguramente por desinformación".
El gobierno apuesta al plan de monitoreo de glaciares exigido a la empresa cuando se aprobó el proyecto, cuyo diseño fue autorizado hace unas semanas.
Pero el huascoaltino Remigio González, conductor de camiones que ha prestado servicios a Barrick, no es optimista. Muchas vegas cordilleranas (terrenos húmedos) ya han sido destruidas con el tendido de caminos, asegura a IPS.
PROBLEMA TRAS PROBLEMA
La comunidad acusa a empresas y familias externas al valle de haberles arrebatado territorio comprando de forma irregular "derechos de estancia" a algunos comuneros después de 1903. Uno de estos terrenos, actualmente en disputa judicial, es el predio de 50.000 hectáreas adquirido por Barrick Gold para explotar Pascua Lama.
Las otras haciendas usurpadas hace décadas, según los huascoaltinos, pertenecen hoy a grandes productoras agrícolas de uva, que no han dudado en expandirse hacia los cerros de la comunidad, acusan. Si se pierden los juicios entablados contra ellas, algunas familias deberán abandonar sus hogares debido a la superposición de títulos.
Los vecinos también están intranquilos por el mejoramiento del camino y la construcción de cuatro nuevos puentes que realiza el Ministerio de Obras Públicas.
IPS recibió muchas denuncias al respecto: que no podrán trasladar a sus animales por la vía, que faltan barreras de contención, que les robaron árido (material arrastrado por el río) de la parte del lecho donde se tendió el camino y que les han destruido sitios arqueológicos. Por ello han presentado diversos reclamos.
Santiago Leiva, de 70 años, teme que en un año de mucha lluvia el río se desborde y anegue sus casas. Y pregunta: "¿Usted cree que la carretera nos va servir a nosotros?".
Él y otros huascoaltinos piensan que la obra está destinada al tránsito de los camiones de las mineras, pero el director regional de vialidad, Raúl Cornejo, aseguró a IPS que ésta responde a las necesidades de conectividad del país y negó que se hayan destruido reliquias y que exista riesgo de inundación.
EL MORRO
El otro gran proyecto minero resistido por los huascoaltinos es El Morro, de la empresa suiza Xstrata Copper y la canadiense Metallica Resources, New Gold desde junio, cuando se fusionó con otras dos empresas. El yacimiento a cielo abierto para explotar cobre y oro costará unos 2.500 millones de dólares.
El consorcio trató sin éxito de llegar a un acuerdo amistoso con la comunidad para desarrollar el proyecto. Amparándose en la Ley sobre Concesiones Mineras consiguió que la justicia obligara a los huascoaltinos a establecer sin su consentimiento una servidumbre minera para explotar el mineral dentro del predio.
Sergio Campusano Vilches, presidente del directorio de la comunidad, afirmó a IPS que han formulado más de 70 denuncias contra El Morro por cuestiones como destrucción de llaretas (plantas medicinales) y petroglifos. Una acusación por hurto de agua terminó en una amonestación de la Conama a la empresa.
Según el gerente general de El Morro, Marcial Maturana, Xstrata Copper "no tendría responsabilidad directa" en las cuestiones denunciadas.
El Morro fue "codiseñado" con la comunidad, ya que incluye dos de sus grandes demandas: la desalinización de agua de mar y un camino alternativo para acceder a la mina, dice Maturana. El sofisticado diseño permite reducir al máximo el riesgo de contaminación, aseguró.
La huascoaltina Briceida Cayo contó a IPS que los trabajadores de la empresa le advirtieron que abandonara la majada de cabras que posee en la cordillera.
Maturana desmintió a IPS esta denuncia en particular, pero reconoce que el proyecto tendrá impactos, como el traslado de majadas, que pretenden compensar "con el financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible" que tengan la anuencia de la comunidad. A fin de año, el consorcio decidirá cuándo presentará el estudio de impacto ambiental a las autoridades.
LOS "VERDADEROS" DIAGUITAS
Aunque la mina Pascua Lama aún no se construye, los huascoaltinos dicen estar sufriendo ya los efectos de la "sed de oro". Barrick Gold ha "comprado" conciencias con "donaciones", enfrentando a vecinos y familiares, denuncian.
Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, cree que Barrick ha aprovechado la "fragilidad cultural" de la comunidad para dividirla.
La firma, que no respondió consultas de IPS, apoya financieramente a los centros culturales diaguitas, una organización de carácter comunal en la que también participan algunos huascoaltinos. Esto ha generado que los indígenas a favor y en contra de Barrick se desacrediten mutuamente.
"Yo no me he vendido a Barrick", responde a IPS Ana Huanchicay, presidenta de estos centros nacidos en 2003. Pero como no se puede revertir la aprobación de Pascua Lama, lo más efectivo es fiscalizar desde "adentro" su operación, opina.
"Al glaciar Toro I pasaron a llevarlo con una máquina en una punta, pero eso no significa que lo hayan destruido", defiende Huanchicay, quien incentiva a los habitantes de la comuna con ascendencia diaguita a acreditarse como tales en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para recibir diversos beneficios.
Este proceso de autoidentificación también ha generado polémica. Aunque muchos huascoaltinos se han inscrito individualmente, la intención de la comunidad era acreditarse como un todo, considerando que poseen un vasto territorio colectivo.
Pero recibieron la negativa de la Conadi, que les exigió renunciar a su condición de comunidad agrícola por la incompatibilidad existente entre las dos legislaciones, afirmó Campusano. Por el proceso de usurpación sufrido, no todos los miembros de la comunidad agrícola son de origen diaguita.
"Nuestra autodeterminación es ser agrícola e indígena", apunta Campusano, criticando el rol de la Conadi en la zona, pues promueve la creación de pequeñas comunidades diaguitas en las localidades del valle, algo que sólo los "desune", dice.
Para defender lo suyo, la comunidad apostó por declarar su territorio Área Silvestre Protegida Privada. También han establecido contactos con otros pueblos indígenas nacionales, como el mapuche, y extranjeros, como los nativos de Canadá y Papua Nueva Guinea que se oponen a Barrick, con el fin de intercambiar experiencias.
También incursionarán en la política: Campusano es candidato a alcalde por Alto del Carmen, y otros comuneros, como Clotilde Carvajal y Fernando Ardiles, competirán por los cupos de concejales en las elecciones municipales del 26 de octubre.
"Estamos luchando, pero es difícil", sintetiza el huascoaltino Miguel Salazar, quien mantiene la esperanza de no tener que ver morir el valle que lo vio nacer.
