Las 55 organizaciones que conforman la Gran Alianza por Omoa, en el litoral atlántico de Honduras, acusaron al gobierno de Manuel Zelaya de favorecer a la empresa Gas del Caribe, acusada de contaminación. Hace cuatro meses el gobierno solicitó a la Alianza un plazo para verificar las irregularidades denunciadas contra la empresa, «pero eso fue para ganar tiempo; al parecer el nuevo ministro del Ambiente (Tomás Barquero) contrató a una consultora pagada por Gas del Caribe», dijo a Tierramérica el activista Máximo Parissi.
Los ambientalistas creen que ese retraso sería para otorgar una nueva licencia ambiental a la transnacional mexicana que desde hace dos décadas opera en la paradisíaca zona de Omoa, causando severos daños ambientales, según informes de la estatal Secretaría del Ambiente.
Según Parissi, la empresa vende «un hidrocarburo volátil e inflamable, inadecuado para climas tropicales» por lo que en cualquier momento «puede suceder una tragedia».
