El hallazgo este viernes de documentos del régimen de Alfredo Stroessner arroja nuevos elementos sobre el sistema represivo instalado en Paraguay entre 1954 y 1989.
Documentos de identidad y carpetas con fotografías y datos de personas detenidas por la dictadura de Stroessner se encontraron en el sótano de un edificio que perteneció al Ministerio del Interior, en pleno centro de Asunción.
El descubrimiento fue posible por una denuncia de un ex cadete militar que prestó servicios en las dependencias de la cartera cuando Stroessner aún gobernaba.
El activista de derechos humanos Martín Almada —responsable del hallazgo de los llamados Archivos del Terror en 1992— informó que el denunciante era el encargado de llevar alimentos a personas detenidas en el sótano, utilizado como cámara de tortura por quien fue ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, hombre fuerte del régimen que vive asilado en Honduras.
Hoy, el edificio es sede de reuniones del Consejo de Gobernadores del Paraguay. Los primeros en ingresar al lugar fueron Almada y el gobernador del sureño departamento de Misiones, Víctor Pereira, que luego denunciaron el hecho al Ministerio Público (fiscalía).
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El sótano estaba a oscuras, con agua en los pisos y mucha humedad. Un agujero que se abrió en un muro permitió hallar otro espacio contiguo, igualmente oscuro, donde en un montón de basura se encontraron las carpetas que contenían nombres y registros de detenidos.
Según Almada, galardonado con el Premio Nobel Alternativo, en esos sótanos eran sometidos a tormentos ciudadanos paraguayos, argentinos, brasileños, uruguayos y chilenos, víctimas del Plan Cóndor, un sistema coordinado de las dictaduras del cono sur americano, que funcionó en los años 70 y 80 para perseguir y eliminar opositores.
"Pido al gobierno, a través de la cancillería nacional, que se extradite a Montanaro para que venga a rendir cuentas ante la justicia paraguaya", dijo Almada.
Paraguay solicitó a Honduras en 1989 y en 2007 la extradición de Montanaro, pero no prosperó.
En junio de este año, ambos países firmaron un acuerdo de extradición que excluyó la entrega del ex ministro, porque se descartan los casos considerados delitos políticos.
En el lugar también se hallaron diarios de la época.
Desde que se conoció la noticia, muchas víctimas de la dictadura, políticos y defensores de derechos humanos se acercaron al lugar e ingresaron a pequeño recinto.
Para garantizar el resguardo de los documentos hallados, la fiscal Fátima Britos, acompañada por peritos y un forense, restringió el acceso.
El antropólogo forense de la fiscalía, Eduardo Cañete, indicó que se trata de evidencias muy delicadas por el mal estado en que se encuentran los documentos.
De inmediato se bautizó este grupo de documentos como "Archivo del Terror 2".
En diciembre de 1992, se encontró un grupo de documentos en el edificio del Departamento de Producciones de la Policía, en la ciudad de Lambaré, a 20 minutos de Asunción, que se constituyó en la documentación más importante sobre la dictadura de Stroessner.
Aquellos Archivos del Terror —más de 700.000 documentos en los que se han identificado hasta ahora 23.000 nombres de personas y 300 siglas de organizaciones reprimidas— aportaron evidencias clave para causas judiciales abiertas por desaparición forzada, tanto de paraguayos como de extranjeros.
Más de dos decenas de libros, monografías y estudios de investigación se originaron en esos archivos.
El régimen de Stroessner fue depuesto por un golpe militar encabezado por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, el 2 y 3 de febrero de 1989.
Unas 128.076 personas sufrieron las injusticias del régimen militar, 19.862 fueron detenidas arbitrariamente y 18.772 soportaron diversos tipos de torturas, según el informe de la Comisión Verdad y Justicia, presentado en agosto.
La comisión, creada para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales o paraestatales durante la dictadura y la transición democrática en Paraguay, también sostuvo que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron.
Al abandonar el lugar, Almada, él mismo una víctima de la dictadura, dijo emocionado que "este es un momento histórico, que justo se da en el marco del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Los sobrevivientes allí reunidos reiteraron su pedido de justicia y de "nunca más" torturas y desapariciones forzadas.
