La oposición a la draconiana Ley de Seguridad Interna de Malasia, una reliquia del Imperio Británico según la cual se puede mantener a una persona detenida por tiempo indeterminado y sin juicio, crece y se diversifica.
Este país multiétnico es uno de los pocos en el mundo que tiene vigente ese tipo de norma. Las autoridades consideran que contribuye a mantener la paz entre las distintas comunidades, pero ese argumento se ha vuelto insostenible en las últimas semanas.
La etnia malaya, de predominio musulmán, constituye 60 por ciento de los 27 millones de habitantes de este país, y gozan de políticas de discriminación positiva.
La comunidad china, que representa 25 por ciento de la población, y la india, con ocho por ciento, descienden de inmigrantes que llegaron al país durante la era colonial británica.
Los ciudadanos malayos comunes suelen estar a favor de la ley. Pero eso comenzó a cambiar cuando el mes pasado, un conocido blogger, un periodista y un legislador de la oposición fueron detenidos por la policía al amparo de esa norma.
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El periodista y el legislador fueron liberados casi de inmediato, a raíz de las protestas que se organizaron en todo el país.
Pero el blogger Raja Petra Kamaruddin, responsable del sitio de Internet del periódico Malaysia Today, fue confinado a dos años en el centro de detención de Kamunting para presos políticos, en el septentrional estado de Perak.
La Ley de Seguridad Interna (LSI) prevé que el plazo de detención puede renovarse cada dos años. El último censo contabilizó más de 60 personas privadas de su libertad en el marco de esa norma, muchas de ellas presas desde 2001.
Entre los detenidos figuran miembros de la organización militante Jemaah Islamiah, considerada responsable del atentado cometido en 2002 en Bali, Indonesia, y vinculada con la red islamista Al Qaeda.
Los manifestantes que reclaman por la liberación de Kamaruddin y otros detenidos bajo la LSI, mantienen vigías con velas, reparten folletos y hacen pedidos a través de Internet, entre otras actividades.
Lo que diferencia a las actuales movilizaciones y los pedidos de revocación de la ley respecto de los anteriores es que los malasios de a pie, tradicionalmente apolíticos, se unieron esta vez a las protestas.
El movimiento ejerció presión sobre el gobierno para que, al menos, revise algunas de las cláusulas más terribles, como la detención en situación de incomunicación sin poder ver a la familia ni a un abogado.
"Ninguna democracia puede tolerar una ley como ésta. Es una vergüenza para el país, su población y la sociedad en general", alegó Raymond Tan, un contador que participó en el concurrido foro "Abolir la LSI".
Presionadas por las protestas públicas, las autoridades anunciaron la posibilidad de reformar la ley, pero descartaron totalmente su derogación. Ya hubo otras instancias de revisión, pero la LSI nunca fue enmendada.
Unas de las razones por las cuales sigue vigente es la contradicción existente en la propia Constitución que, por un lado, garantiza la libertad de las personas, y, por el otro, prevé detenciones sin juicio.
El Poder Judicial tampoco aclaró el asunto aduciendo que, dado que el parlamento aprobó la ley, los legisladores saben mejor qué le conviene al país y que los jueces no deben interferir.
Esa estrecha visión de la legislación y la justicia contrasta con lo que sucede en otros países. En India, por ejemplo, los jueces suelen redactar leyes y propiciar cambios mediante contundentes dictámenes.
Las manifestaciones, en las que participan ciudadanos comunes, abogados, políticos e, incluso, ministros, están tomando fuerza y pueden obligar al gobierno a, por lo menos, revisar algunas de sus disposiciones, según observadores.
Al frente de la protesta está la coalición Pakatan Rakyat, encabezada por el líder opositor Anwar Ibrahim, quien lanzó una campaña de manifestaciones en todo el país que cuenta con un apoyo popular sin precedentes.
"La LSI es la mayor injusticia posible, pues permite que una democracia mantenga detenido sin juicio a un disidente", señaló Marina, la esposa de Kamaruddin, ante unas 3.000 personas reunidas para el lanzamiento de la campaña contra la ley el 16 de septiembre.
"La LSI es una poderosa y primitiva arma para atemorizar críticos, opositores y gente común", dijo a IPS Ragunath Kesavan, vicepresidente del Colegio de Abogados, con unos 13.000 profesionales.
"El Colegio se opone de forma rotunda a la LSI y pidió la inmediata revocación de la ley de seguridad", añadió.
A medida que crece la participación masiva en las protestas, se diluye el temor del público a sufrir las cláusulas de la LSI. Antes participaban en las manifestaciones solo iban partidarios de la oposición.
Incluso grupos sociales de carácter habitualmente reservado, como los cleros católico, hindú e islámico, se unieron a las protestas, lo que da más fuerza al pedido de revocación de la ley.
Las actuales manifestaciones revelan el cambio de percepción de la gente respecto de la LSI. Los que antes pensaban que se trataba de un mal necesario se oponen ahora con firmeza porque la consideran draconiana.
"No hay nada que revisar. Lo que hay que hacer es revocarla de inmediato y tirarla a la basura de la historia", dijo a IPS el opositor Lim Guan Eng, jefe del gobierno local del septentrional estado de Penang.
"La LSI es una vergüenza y una mancha para la democracia", dijo a IPS el legislador opositor Murugesan Kulasegaran.
"Es injustificable. El país tiene suficientes leyes para combatir todo tipo de extremismo sin tener que mantener personas detenidas sin juicio", apuntó, haciéndose eco de la idea generalizada de que la norma debió ser revocada hace mucho.
La mayoría de los malasios rechazan la detención de Kamaruddin porque ya está en marcha un proceso por sedición y difamación.
"Debe comparecer ante un tribunal y sólo un juez podrá condenarlo si lo encuentra culpable", señaló Tan Sri Ramon Navaratnam, presidente del capítulo de Malasia de Transparencia Internacional.
"Es muy inquietante que la LSI se aplique cada vez más contra quienes expresan su visión de la realidad con honestidad, transparencia, libertad y sinceridad", apuntó.
"El fácil e innecesario uso de la ley desmiente que la democracia malasia esté madurando", añadió. "Ese tipo de normas represivas son arcaicas y anticuadas. No tienen ningún objeto en una democracia progresista y vital."
