«Serán citados todos los funcionarios que sean necesarios para esclarecer este caso de corrupción que obligó al presidente Alan García a renovar su gabinete ministerial», aseguró el legislador peruano de oposición Daniel Abugattás, presidente de la comisión parlamentaria investigadora.
Abugattás, del Partido Nacionalista, explicó a IPS que la comisión tiene un plazo de 60 días para encontrar a los responsables de la presunta adjudicación ilícita de cinco lotes petrolíferos a la firma noruega Discover Petroleum por parte de la empresa estatal Perú-Petro, encargada de promover la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
Hasta ahora han declarado ante la comisión Juan Valdivia, ex ministro de Energía y Minas, César Gutiérrez, ex presidente de la firma petrolera estatal Petro-Perú, y el titular de Perú-Petro, Daniel Saba. Todos afirmaron sostenidamente que la adjudicación a Discover Petroleum fue mediante una operación transparente.
Los declarantes deslizaron la idea —que reforzó el ex primer ministro Jorge del Castillo— de que los "petroaudios", como se les llama a las grabaciones de conversaciones sobre estos concesiones investigadas, son ilegales y fueron financiadas por una compañía petrolera afectada por las decisiones de Perú-Petro que favorecieron a Discover Petroleum.
La insinuación obligó a la compañía Petrotech Peruana, del estadounidense William Kallop, a deslindar su relación con la obtención o difusión de los "petroaudios".
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La conspiración para favorecer a Discover Petroleum salió a la luz el 5 de este mes, cuando Fernando Rospigliosi, quien fue ministro del Interior de gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), divulgó en televisión grabaciones de conversaciones telefónicas presuntamente entre Químper, entonces director de Perú-Petro, y Rómulo León, representante de Discover Petroleum en Lima.
Tras conocerse la declaración de Petrotech Peruana, muchos recordaron que José Ugaz, quien acompañó a Rospigliosi en la entrega de las grabaciones a la justicia y es su abogado, trabajó para esa compañía privada. Químper también fue consultor de la misma.
Los llamados "petroaudios" implican a Químper y León en un posible tráfico de influencias en el gobierno de García, del socialdemócrata Partido Aprista Peruano (PAP), para que la firma noruega acceda a la explotación de hidrocarburos en el país. Por dicha participación, según la conversación grabada, Discover Petroleum al parecer les pagaría un llamado "bono de éxito".
Las grabaciones incluyen presuntos diálogos entre el empresario dominicano Fortunato Canaán, quien trajo a Perú a Discover Petroleum, y León, quien presionaba a favor de los europeos ante el gobierno de García.
Los "petroaudios", que según Rospigliosi le fueron enviados a su oficina anónimamente, condujeron a la peor crisis de este segundo mandato de García, puesto que los dos principales protagonistas, Químper y León, están estrechamente vinculados con el partido aprista.
León fue diputado del PAP en el primer mandato de García (1985-1990) y también se desempeñó como ministro de Pesquería. El parlamento lo investigó entonces y recomendó a la justicia que lo sometiera a proceso por actos de corrupción, pero el caso prescribió sin que se llegara a ningún fallo, y sólo quedó manchada la imagen del político.
A raíz de ese asunto fue impugnado en el proceso de selección partidaria cuando en 2006 intentó postularse para volver al Congreso legislativo. En su lugar, por decisión del propio García, fue ubicada su hija, Luciana León, quien ganó un asiento parlamentario.
Por su parte, Químper se postuló al Congreso también por el PAP en 2001, pero al no alcanzar un asiento, se convirtió en asesor del presidente de la Comisión de Energía y Minas, su correligionario Valdivia. Luego fue designado director de Perú-Petro, cuya función es adjudicar lotes petroleros mediante concurso público.
Pero ahora los legisladores oficialistas dicen que León y Químper eran individuos sin importancia.
"Esos señores nunca han tenido un cargo de responsabilidad política. Químper es amigo del partido, pero no es un militante, y León era un aprista más", dijo a IPS el legislador del PAP Miguel Guevara, integrante, además, de la comisión investigadora de los "petroaudios".
Sin embargo, Abugattás precisó que serán investigados todos los vinculados con el caso, apristas o no. "Incluso, si es necesario, será citado el ex primer ministro Jorge del Castillo (quien fue reemplazado el miércoles por Yehude Simon), pero esa es una decisión del Congreso y no solo mía", explicó a IPS.
Los "petroaudios" registran diálogos realizados entre febrero y septiembre de este año, es decir antes, durante y después de la adjudicación de lotes a Discover Petroleum.
Otra de las conversaciones más importantes es la que aparecen el empresario Canaán y León, a quien contrató para que consiguiera introducir a Discover Petroleum en el mercado peruano de hidrocarburos.
Cuando se publicaron los "petroaudios", Canaán dijo a la prensa desde Santo Domingo que sostuvo dos reuniones con el presidente García en la sede del gobierno junto con representantes de la compañía petrolera. Y el entonces primer ministro Del Castillo también aceptó haber sostenido un encuentro con Canaán.
Del Castillo también aclaró que la periodista dominicana Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez, quien fuera dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, le organizó las citas a Canaán con García.
Para el legislador aprista Miguel Guevara, el presidente García no será investigado porque, "según la Constitución, es inimputable, no tiene ninguna responsabilidad mientras dure su mandato".
Abugattás, en cambio, precisó que el objetivo de la investigación no es García. "De momento no hay ningún indicio que involucre al presidente. Se reunió con Canaán, pero no investigamos a Canaán sino al ex ministro Rómulo León", apuntó a IPS el presidente de la comisión investigadora.
"También investigamos los contratos petroleros, pero no hay hasta el momento indicios sobre la participación del jefe de Estado", afirmó
El escándalo de los "petroaudios" se tornó en problema serio para el gobierno, cuando medios de comunicación difundieron más fragmentos de grabaciones que involucraban a funcionarios, como el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, quien finalmente admitió que se reunió en varias ocasiones con Canaán, interesado en la construcción de hospitales.
Para apaciguar los ánimos caldeados, García pidió a las autoridades "meter a la cárcel a las ratas" de la corrupción.
La misma noche en que se difundieron los "petroaudios" presentaron renuncia Valdivia, a su cargo de ministro de Energía y Minas, y Gutiérrez a la presidencia de la estatal Petro-Perú.
Ante la amenaza de la censura, Del Castillo se presentó en el Congreso legislativo para exponer sobre el caso, pero representantes de bancadas dijeron que esperara a que fuera convocado.
Cuando era evidente que la oposición preparaba la crucifixión política del gabinete, Del Castillo y el resto de los ministros presentaron sus cartas de dimisión.
García las aceptó y en un sorprendente giro nombró como primer ministro a Simon, un dirigente político que en el pasado militó en la izquierda radical y que gobernaba Lambayeque, una de las regiones más ricas del país.
El fiscal Oscar Zevallos y el juez anticorrupción Jorge Barreto ordenaron la captura de León, quien se encuentra prófugo, Químper y de Ernesto Arias Schereiber, un abogado que aceptó simular ser el representante de Discover Petroleum.
Las sospechas sobre la presunta relación de Petrotech Peruana con los "petroaudios" crece porque coincidentemente Perú-Petro fiscalizó las concesiones de lotes petroleros que le otorgó el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
En esa época, Kallop designó como director y gerente general a Alberto Varillas, hijo de Alberto Varillas Montenegro, quien fue ministro de Educación del régimen fujimorista. Como resultado de la fiscalización a Petrotech Peruana, Perú-Petro estableció que esta empresa le debía al Estado 16.2 millones de dólares por incumplimiento contractual e impuestos por 22,3 millones. La compañía pagó sólo esta semana.
Lo cierto es que detrás del escándalo de corrupción que salpica al gobierno de García, también habría una conspiración de la empresa privada que lucha por perder el privilegio que le otorgó el gobierno fujimorista. La historia parece que recién comienza.
