La destitución de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, «es un triunfo de las organizaciones de derechos humanos, un triunfo de la sociedad colombiana», dijo Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Los tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo destituidos tenían jurisdicción en los departamentos de Santander (nororiente), Norte de Santander y Arauca, ambos fronterizos con Venezuela, y en Antioquia, en el noroccidente.
Las divisiones Segunda y Séptima quedaron acéfalas con la salida de sus respectivos comandantes, los generales José Joaquín Cortés (Santander, Norte de Santander y Arauca) y Roberto Pico (Antioquia).
El otro general destituido es Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30, en cuya jurisdicción, provincia de Ocaña, región del Catatumbo, Norte de Santander, se abrió la caja de Pandora de las ejecuciones extrajudiciales en este país que vive en guerra interna desde 1964.
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La medida fue anunciada el miércoles en mitad de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.
Pillay reiteró la recomendación del informe anual de su oficina, emitido en 2007: que el gobierno y los comandantes de las Fuerzas Armadas erradiquen las ejecuciones extrajudiciales y prevengan, sancionen y hagan públicos los casos.
Asimismo, Pillay subrayó "la importancia de que estos hechos sean investigados por la justicia ordinaria" e instó al fiscal general Mario Iguarán "a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos" para esclarecer todas las denuncias.
En la tarde terminó la visita del director para América Latina de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino, quien el martes afirmó que "hay un avance muy importante, muy positivo y una atención muy importante del gobierno colombiano en el tema de derechos humanos".
El 23 de septiembre estalló la noticia: la morgue de Ocaña estaba repleta, pues el contrato con la parroquia católica local había vencido y no había dónde enterrar tantos muertos.
Al menos 23 de los cuerpos eran de jóvenes remitidos por autoridades militares como muertos en combate y entraron en distintas fechas a la morgue en los últimos cuatro meses.
En distintas fechas, 11 de ellos desaparecieron de sus casas en la deprimida zona sur de Bogotá, y un día y medio o dos después ya estaban muertos. Pero entre Ocaña y Bogotá hay unos 700 kilómetros y el viaje por tierra demora 36 horas. Si no fueron trasladados vía aérea, murieron casi inmediatamente al llegar a la remota región.
En Ocaña operan la Brigada Móvil Número 15 de Contraguerrilla, con dos coroneles destituidos, pero también el Batallón de Infantería Número 15 y el Batallón Plan Energético Vial.
El cuerpo de Joaquín Castro, obrero fundidor de 25 años, ya no estorbaba en el depósito de cadáveres. Desapareció el 13 de enero de su casa en Bogotá, dos días después entró a la morgue de Ocaña como muerto en combate, y el 20 de septiembre le avisaron de su muerte a la madre, Elvira Vásquez, quien le dio sepultura.
Las familias niegan que sus hijos hayan sido delincuentes, paramilitares de ultraderecha o guerrilleros izquierdistas, como afirmó el general Coronado. De los 11, el ejército reportó expresamente que ocho eran paramilitares y uno guerrillero.
El día que estalló el escándalo, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) emitió incluso un comunicado que situaba los hechos como "reclutamiento forzoso de menores de edad", una práctica ajena al ejército, pero propia de los ejércitos irregulares.
Mientras, las autoridades se dedicaron a mostrar antecedentes judiciales de algunos de los muertos, incluyendo una demanda por alimentos.
La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, desde el principio calificó los casos de "desaparición forzada con fines de homicidio", pero fue duramente atacada por el gobierno, que advirtió que se abstuviera de "prejuzgar".
El gobierno de Álvaro Uribe centra su principal bandera, la contrainsurgente política de Seguridad Democrática, en incrementar la imagen pública de las Fuerzas Armadas.
El 25 de julio, Uribe dijo que "la estrategia guerrillera" consistiría ahora en que "cada vez que se le da una baja a la guerrilla (sic), ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial", en referencia indirecta a los defensores de derechos humanos.
Y el 9 de septiembre el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reportó haber "descubierto" "una política deliberada de ciertas organizaciones" con relación a "las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales".
Esta política, según el ministro, consistiría en "simplemente inflar las cifras" progresivamente, "para deslegitimar la fuerza pública" mediante acusaciones que son luego "muy difíciles de desvirtuar políticamente".
"Es muy curioso que cuando hay un combate con guerrilla de civil, inmediatamente comienzan las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales", dijo Santos el 29 de septiembre a la emisora W Radio.
Desde septiembre de 2007, la cartera de Defensa orienta a las tropas en que "mejor un desmovilizado que un capturado, mejor un capturado que un muerto", según Santos.
Pero el propio Uribe ha dictado incontables veces a sus tropas la orden de "exterminar" a la guerrilla, incluso este año.
Y ante reiteradas acusaciones de que la fuerza pública sigue actuando en connivencia con milicias ilegales conocidas como Águilas Negras y otras estructuras paramilitares que no se desmovilizaron tras pactos con el gobierno, Uribe también ordenó "resultados".
Las cifras de bajas, efectivamente, fueron aumentando.
El 8 de octubre, el senador izquierdista Gustavo Petro aseveró que serían 130 los muchachos asesinados para que el ejército los presentara como bajas en combate en distintos puntos del país.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada emitió el 26 de septiembre un duro comunicado contra la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, que había observado en los departamentos noroccidentales de Antioquia, Córdoba y Sucre.
La Oficina describió un "patrón" común: "las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia", y terminan en un día o dos como éxito militar.
Existe participación de "verdaderas redes criminales, encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el lugar donde se les da muerte", alertó la Oficina.
El anuncio de la destitución de los militares se dio hora y media antes de la presentación en Bogotá de cuatro informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de 209 organizaciones de derechos humanos nacionales y de una misión internacional de 13 profesionales de cuatro países europeos y Estados Unidos.
Uno de los informes reporta más de 55 casos de bajas en combate en la jurisdicción de la Brigada 15 en los últimos dos años, "que en realidad, de acuerdo a los testimonios de los familiares y vecinos, eran hombres laboriosos".
Esta Brigada "en los últimos tres años ha sido una verdadera máquina de muerte", según el jurista Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que presentó uno de los informes, pues "ha dejado una estela de muertos en la zona de su jurisdicción".
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, se preguntó "por qué no han reaccionado antes este gobierno y gobiernos anteriores", si esto "se ha denunciado por lo menos desde los años 70 del siglo XX".
"Son comportamientos que se repiten en todas las brigadas, en todas las divisiones, en todas las regiones del país, para hablar en términos civiles", agregó, y "obedecen a un patrón, a una forma de comportamiento" basada en la discriminación de personas humildes, de raza negra, indígenas, "y por supuesto de opositores", dijo Gallón a IPS.
Muchas víctimas provienen de sectores socialmente vulnerables, incluyendo indigentes y adictos a las drogas ajenos a redes sociales, "seguramente para actuar con mayor impunidad, creyendo que estas personas no serían reclamadas por nadie", según el abogado Villalba.
Entre enero de 2007 y junio de 2008 "una persona perdió la vida diariamente por ejecución extrajudicial" directamente atribuida a la fuerza pública, muestran las denuncias recibidas por la CCEEU, plataforma de derechos humanos que agrupa a 202 organizaciones.
Es "un aumento de casi el doble de los hechos" que la CCEEU registró entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2007, "y de casi el triple" comparado con los cinco años anteriores a la administración de Uribe, iniciada en agosto de 2002.
El abogado Yepes atribuye ese aumento a la intensificación de la guerra.
Hay una "militarización extrema de la vida civil, que ha incrementado notablemente la presencia de fuerza pública en todo el territorio nacional", sumada a "una presión muy fuerte de resultados sobre la tropa" que tiene que mostrar "control de las zonas a cualquier costo", dijo Yepes a IPS.
A esto se agrega "una estructura perversa de incentivos y sanciones", como bonificaciones, ascensos, traslados y viajes al exterior, por resultados militares en el marco de la Seguridad Democrática, añadió.
"Hemos comprobado que brigadas altamente comprometidas en ejecuciones extrajudiciales reciben ayuda militar de Estados Unidos", y muchos de sus comandantes "han recibido también entrenamiento" de ese país, advirtió Yepes.
Los condicionamientos de derechos humanos que el Poder Legislativo de Estados Unidos puso a la ayuda militar a Colombia, la tercera mayor que entrega ese país, después de Israel y Egipto, "no se están cumpliendo", dijo.
Si las autoridades de control hubieran actuado ante los primeros reportes, "nos hubiéramos ahorrado muchos muertos", aunque "no todo es negativo", matizó.
"Hay un aumento de la conciencia pública sobre la realidad dramática de las ejecuciones extrajudiciales", no sólo en la sociedad sino en las autoridades, que comienzan a entender que esta práctica es inaceptable internacionalmente, apuntó Yepes.
Pero también ha influido "una actividad valiente de las víctimas que han salido a dar la cara, a denunciar", "con un riesgo enorme para sus vidas", así como la labor del movimiento nacional e internacional de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, concluyó.
