CHILE: «Cuando hay corrupción no todos los votos valen lo mismo»

«En Chile, al igual que en otros países, existe muy poca transparencia en materia de financiamiento de la política», dice en esta entrevista Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de la no gubernamental Corporación Participa, a propósito de los comicios municipales del 26 de octubre.

Andrea Sanhueza Crédito: Corporacion Participa
Andrea Sanhueza Crédito: Corporacion Participa
En agosto, la Corporación Participa lanzó una novedosa iniciativa para conocer a los financistas de las campañas electorales de los candidatos a las alcaldías de dos regiones del país, las norteñas Arica-Parinacota y Coquimbo.

Se trata de los "Pactos de Integridad", propuestos a los aspirantes a ediles y a diferentes empresas locales, nacionales y trasnacionales.

La idea es que los postulantes que se adhieran al Pacto declaren voluntariamente, antes de los comicios, qué empresas les hicieron aportes y por qué montos. Las compañías, por su parte, deben especificar a quiénes se dirigieron sus contribuciones.

"No nos ha ido bien. Los candidatos y empresas fijan reuniones, después las cancelan, dicen que puede ser una buena idea", pero no la concretan, dijo a IPS Sanhueza, asistente social y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente.
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"Es probable que no logremos ningún pacto con empresas, pero sí con varios candidatos y candidatas que se han comprometido hasta ahora", reconoció la experta, también directora de la Red Interamericana para la Democracia y de la Iniciativa de Acceso en América Latina.

Sanhueza considera "débil" la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, que rige desde los comicios municipales de 2004 y que estableció el financiamiento estatal de las campañas y dividió las donaciones privadas en tres categorías: anónimas, reservadas y públicas.

Los aportes anónimos son los de más bajo monto, que el candidato está obligado a rendir ante el Servicio Electoral (Servel), pero no a especificar su origen. Las donaciones reservadas son cantidades medianas de dinero, efectuadas por privados sin el conocimiento de los candidatos beneficiados. Las públicas, las únicas que se individualizan, corresponden a las mayores sumas.

"La candidata o el candidato hace su rendición de cuentas 30 días después de la elección. El Servel se toma 30 días, prorrogables por otros 60 días, para revisarla. Entonces, sólo 90 días después de la elección tú puedes conocer las donaciones públicas que recibió tu candidato", apunta Sanhueza.

IPS: ¿Cómo nace el Pacto de Integridad?

ANDREA SANHUEZA: Nace porque en Chile, al igual que en otros países, existe muy poca transparencia sobre el financiamiento de la política. Por poca transparencia quiero decir que hay poco acceso a la información.

No hay información que esté disponible, que sea oportuna, que sea de fácil acceso y que se entienda sobre este tema. Si tú quieres saber el día de mañana quién le donó a un determinado candidato, te va costar muchísimo y vas a saber muy poco.

Es importante que haya transparencia en esta área para evitar actos ilícitos ¿Cuáles? Que hagas una donación a un determinado candidato para luego obtener algún beneficio, como un cargo, un contrato, un cambio legislativo o una ley. Eso se llama corrupción.

Cuando hay corrupción en el financiamiento de la política no todos los votos valen lo mismo. Si yo te di plata y tú sales electo, me debes un favor. Lo más probable es que yo sea de la elite, por algo te di plata, entonces mi voto para ti va a ser más importante y mis intereses van a ser más importantes que, por ejemplo, los del distrito al que representas.

IPS: ¿Qué le parece el mecanismo del financiamiento anónimo y reservado?

AS: Todo financiamiento a la política debe ser de conocimiento público y antes de la elección, porque en democracia es fundamental promover un voto informado. Tú tienes derecho a saber si tu candidato o candidata está siendo financiado por una minera, una salmonera o cualquier otra empresa. Si a ti no te gusta el desempeño de algún sector productivo, puedes decirle al candidato: "Usted no debería recibir tal financiamiento".

Y si el candidato sale electo con ese dinero, puedes ver mañana qué hace, qué tipo de proyectos aprueba, a quién le da los contratos. Eso se llama ejercer control social, otro rasgo esencial de la democracia: que la ciudadanía pueda controlar a sus autoridades.

IPS: ¿Qué otros componentes tiene el Pacto de Integridad?

AS: Fuimos a ver a la secretaría ejecutiva del Pacto Mundial en Chile, una iniciativa de las Naciones Unidas para promover la responsabilidad social de las empresas. En Chile participan 37 firmas nacionales y trasnacionales.

Uno de los principios de ese pacto es que las empresas se comprometan a luchar contra la corrupción. Por ello, le planteamos a la secretaría ejecutiva que nuestro proyecto podía ser una oportunidad para las empresas de decir: "tenemos la voluntad de cumplir con nuestros compromisos". Pero no nos fue bien.

La respuesta que obtuvimos fue que el Pacto de Integridad "es un tema político y nosotros no nos metemos en política, además de que son muy pocas las empresas del Pacto Mundial en Chile".

IPS: ¿Qué le dice el hecho de que no les haya ido bien con el Pacto de Integridad?

AS: Todos sabemos que el hueso más difícil de roer es precisamente quién financia las campañas políticas. Chile ha ido avanzando en transparencia, todos sabemos que existe corrupción, que hay que denunciarla y que la receta es que todas las personas tengamos fácilmente acceso a la información. De eso se trata.

Mientras mayor cantidad de información esté disponible y se entienda, es difícil hacer trampa. Empiezan a disminuir los incentivos para hacer actos ilícitos. Pero hay mucho poder en juego en esta área. Por algo la ley es débil. ¿Quiénes la aprobaron? Los mismos políticos que hoy son diputados, que mañana son candidatos a senadores, después a alcalde, a presidente…

IPS: ¿Cómo evalúa las nuevas leyes y las reformas en curso?

AS: La (recientemente promulgada) ley de acceso a la información pública es un gran paso adelante, pero tiene debilidades importantes, como el hecho de que sólo aplica al Poder Ejecutivo, no al Legislativo ni al Judicial, lo que es insólito.

Las indicaciones del gobierno para reformar la ley de financiamiento electoral también son bastante débiles. Nacieron luego del escándalo que hubo en la pasada elección parlamentaria por la entrega de facturas falsas que estaban usando dineros públicos. Algunas indicaciones son buenas, pero no mejoran para nada el tema de la transparencia en el financiamiento. Entonces no son muy relevantes.

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